“Página Siete”: La denuncia contra tres medios “es insostenible, forzada y realizada de mala fe”

La Paz, ANF
El diario “Página Siete” afirmó este domingo que la demanda penal instaurada por el Gobierno contra tres medios, la Agencia de Noticias Fides (ANF), “El Diario” y la propia “Página Siete”, por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo”, es “insostenible, forzada y realizada de mala fe”.
En editorial dedicado al tema, el diario paceño sostiene que la demanda “cambia cualitativamente su relación con los medios de comunicación y, por tanto, con la libre circulación de las ideas y de la libre expresión”, y que “los juicios penales, que podrían terminar en cárcel contra periodistas, ubican, ahora sí, al país en una situación en la que la democracia se ha debilitado”.

Texto del editorial:

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, ha iniciado un juicio penal contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” al haber publicado una nota en la que reflejaron las declaraciones del presidente Evo Morales sobre los habitantes del oriente del país.

Lo primero que se debe señalar aquí es lo absurdo de la denuncia: reproducir, de manera textual, las palabras del Jefe de Estado y sintetizar esas ideas en un titular no puede de ninguna manera ser una instigación al racismo y a la discriminación. Simplemente se trata del oficio que realiza un periodista en un país libre y democrático. En todo caso, quien se mostró prejuicioso fue en realidad el Presidente, no los medios que reprodujeron sus palabras.

Así que sobre la denuncia que hace el Ministerio de la Presidencia no se puede decir otra cosa que es insostenible, forzada y realizada de mala fe. No se sabe hasta ahora quién fue el afectado por el racismo del que habla la querella –ni cómo se podrá demostrar o medir ese daño–, pero podríamos presumir que es la ciudadanía que vive en el oriente del país y que se sintió ofendida por las palabras del Presidente, que además de asociar, en su particular estilo, al oriente con la flojera, también dijo que el ganado en esa región no se puede multiplicar debido a que se hacen “parrilladas” y que la gente pobre del oriente vende las puertas, ventanas y techos de sus casas populares cuando requieren dinero.

Pero hay más que señalar en este tema: en Bolivia, según ha recordado el Primer Mandatario hace poco, está vigente la Ley de Imprenta, que es la que tendría que ser utilizada para ver si esas publicaciones entrañaron o no un delito. Al iniciar un juicio penal, el Gobierno ha roto una tradición de 30 años de democracia, según la cual las gestiones anteriores, incluso las menos populares, jamás denunciaron penalmente a medios de comunicación o periodistas. El Gobierno del MAS, por eso, con esta acción, ha llevado al país a épocas anteriores a la democracia, cuando las dictaduras se ensañaban contra los medios y todos los sectores que disentían de las decisiones que se tomaban.

Este amedrentamiento oficialista busca que los medios se autocensuren en el futuro para que cada vez que existan declaraciones no meditadas adecuadamente por el Jefe de Estado u otra alta autoridad, no informen sobre ellas. Como se ha señalado antes, la autocensura es la forma más terrible de censura debido a que se basa en atemorizar a los periodistas para que no informen sobre lo que creen que es relevante. Es peor que la censura misma, puesto que ésta se realiza por coerción y en ese caso no le queda al medio de comunicación más que callar.

Esta acción del Gobierno cambia cualitativamente su relación con los medios de comunicación y, por tanto, con la libre circulación de las ideas y de la libre expresión. Este diario ha sostenido en el pasado que la libertad de expresión estaba garantizada en el país (no gracias al Ejecutivo, sino a pesar de él). Pero cuando las autoridades de Gobierno inician juicios penales a los periodistas por reproducir las declaraciones del Presidente, la situación se torna ya distinta. No es que antes el Gobierno hubiera respetado las opiniones críticas, no, y los insultos y ataques verbales de autoridades fueron frecuentes contra éste y numerosos medios. Pero el plano de los juicios penales, que podrían terminar en cárcel contra periodistas, ubica, ahora sí, al país en una situación en la que la democracia se ha debilitado.

Estos juicios buscan amedrentar a la prensa libre, pero sus auspiciadores no lo lograrán. Las innumerables muestras de respaldo y apoyo han sido cruciales en este momento de tensión. Este diario, y seguro que el resto de los medios afectados, seguirá actuando de manera independiente y responsable como lo ha hecho hasta ahora. El principal objetivo de un medio es trasladar a la ciudadanía informaciones y opiniones relevantes y Página Siete lo seguirá haciendo, sean cuales sean las circunstancias que deba enfrentar.