Indígenas dicen que consulta post del Gobierno pasó a ser una consulta violenta
Trinidad, Erbol
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, señaló que la “consulta post” del gobierno pasó a ser una consulta violenta porque viola la Constitución Política del Estado (CPE), normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y ahora inicia una persecución contra dirigentes que se oponen al proceso que no fue concertado orgánicamente.
“Lo que vemos nosotros es que el gobierno está aplicando una consulta totalmente fuera de termino, violatoria a la constitución, violatoria a convenios (internacionales) adoptada por Bolivia como el convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas, pero ahora inicia también una persecución a los dirigentes”, aseguró Vargas a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Dijo que el gobierno más que llevar adelante la consulta, pretende cumplir un compromiso político con los cocaleros del polígono 7 del TIPNIS y construir el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la zona ecológica.
“Más que realizar una consulta está llevando adelante un interés político que a los únicos que beneficia es a los cocaleros, a las transnacionales y al Brasil; no le interesa cuándo pueda destruir”, manifestó.
Consulta amañada
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordena que para la realización del proceso el Órgano Ejecutivo debe lograr una concertación entre los pueblos indígenas del TIPNIS, previo a su aplicación, respetando los derechos de indígena originario campesinos.
“El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, y en resguardo de los derechos de los indígena originario campesinos, debe propiciar y facilitar el diálogo necesario con dichos pueblos (…)”, se lee en el documento.
En romanos III del artículo 6 de la Ley 222 de Consulta Previa señala que las obligaciones del Órgano Ejecutivo es que “(…) a través de los Ministerios correspondientes, está obligado a brindar la información detallada de manera oportuna, a fin de garantizar que el proceso de consulta sea de buena fe, libre, informado, participado y transparente”.
Fernando Vargas dijo que el gobierno al no cumplir lo establecido, aplica una consulta amañada sólo para ejecutar el proyecto vial por el Isiboro Sécure porque es el más interesado, pues a mediados de 2011 el presidente Evo Morales aseguró que “quieran o no quieran los indígenas” la carretera pasará por el TIPNIS.
“Lo que vemos que es una supuesta consulta manipulada, mañosa, tramposa, con el único objetivo de lograr sus intereses políticos”, reiteró.
En la comunidad de San Miguelito, donde pasó la brigada para hacer la consulta, los indígenas denunciaron que en el proceso sólo se promocionó las ventajas que llevará la carretera en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Pero no se hizo conocer del impacto ambiental que causará la ejecución del mismo.
Todos a la cárcel
Los líderes indígenas, que según el gobierno, cuentan con orden de aprehensión: Fernando Vargas, Adolfo Moye, Marcial Fabricano y Youcy Fabricano, señalaron desconocer este hecho, al igual que la Fiscalía del Beni para emitir los mandamientos de apremio.
Los indígenas del Parque aseguraron que respaldan a sus representantes y que ellos sólo obedecieron su mandato de oponerse a la consulta que no fue concertada con la Subcentral TIPNIS; el mismo protocolo sólo fue trabajado con el Consejo Indígena del Sur (Conisur) el directorio paralelo de la Subcentral Sécure, que acordaron el inicio del proceso.
El corregidor de la comunidad San Antonio de Imose, Carmelo Yuco, indicó que si el gobierno está en la intensión de encarcelar a sus representantes, tendrá también que detener a todos los indígenas del Parque.
“Es imposible que ellos entren a la cárcel; bien claro nosotros le hemos dicho al gobierno si es que va meter a nuestros dirigentes a la cárcel pues tendrá que construir uno bien grande para que entremos todos del TIPNIS, eso es lo que hemos decidido nosotros”, declaró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Adolfo Moye, expresidente de la Subcentral TIPNIS, declaró que desconoce las razones por las que lo quieren detener y anunció que si la resistencia en el Parque es la causa, la medida continuará en esa zona por los propios indígenas, porque son ellos quienes se oponen al proceso.
“Nosotros sólo obedecemos el mandato de las bases y en este caso ellos no quieren la consulta, porque saben que el gobierno quiere la carretera, por eso hace la consulta, pero ellos no quieren la carretera”, puntualizó.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, señaló que la “consulta post” del gobierno pasó a ser una consulta violenta porque viola la Constitución Política del Estado (CPE), normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y ahora inicia una persecución contra dirigentes que se oponen al proceso que no fue concertado orgánicamente.
“Lo que vemos nosotros es que el gobierno está aplicando una consulta totalmente fuera de termino, violatoria a la constitución, violatoria a convenios (internacionales) adoptada por Bolivia como el convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas, pero ahora inicia también una persecución a los dirigentes”, aseguró Vargas a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Dijo que el gobierno más que llevar adelante la consulta, pretende cumplir un compromiso político con los cocaleros del polígono 7 del TIPNIS y construir el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la zona ecológica.
“Más que realizar una consulta está llevando adelante un interés político que a los únicos que beneficia es a los cocaleros, a las transnacionales y al Brasil; no le interesa cuándo pueda destruir”, manifestó.
Consulta amañada
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordena que para la realización del proceso el Órgano Ejecutivo debe lograr una concertación entre los pueblos indígenas del TIPNIS, previo a su aplicación, respetando los derechos de indígena originario campesinos.
“El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, y en resguardo de los derechos de los indígena originario campesinos, debe propiciar y facilitar el diálogo necesario con dichos pueblos (…)”, se lee en el documento.
En romanos III del artículo 6 de la Ley 222 de Consulta Previa señala que las obligaciones del Órgano Ejecutivo es que “(…) a través de los Ministerios correspondientes, está obligado a brindar la información detallada de manera oportuna, a fin de garantizar que el proceso de consulta sea de buena fe, libre, informado, participado y transparente”.
Fernando Vargas dijo que el gobierno al no cumplir lo establecido, aplica una consulta amañada sólo para ejecutar el proyecto vial por el Isiboro Sécure porque es el más interesado, pues a mediados de 2011 el presidente Evo Morales aseguró que “quieran o no quieran los indígenas” la carretera pasará por el TIPNIS.
“Lo que vemos que es una supuesta consulta manipulada, mañosa, tramposa, con el único objetivo de lograr sus intereses políticos”, reiteró.
En la comunidad de San Miguelito, donde pasó la brigada para hacer la consulta, los indígenas denunciaron que en el proceso sólo se promocionó las ventajas que llevará la carretera en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Pero no se hizo conocer del impacto ambiental que causará la ejecución del mismo.
Todos a la cárcel
Los líderes indígenas, que según el gobierno, cuentan con orden de aprehensión: Fernando Vargas, Adolfo Moye, Marcial Fabricano y Youcy Fabricano, señalaron desconocer este hecho, al igual que la Fiscalía del Beni para emitir los mandamientos de apremio.
Los indígenas del Parque aseguraron que respaldan a sus representantes y que ellos sólo obedecieron su mandato de oponerse a la consulta que no fue concertada con la Subcentral TIPNIS; el mismo protocolo sólo fue trabajado con el Consejo Indígena del Sur (Conisur) el directorio paralelo de la Subcentral Sécure, que acordaron el inicio del proceso.
El corregidor de la comunidad San Antonio de Imose, Carmelo Yuco, indicó que si el gobierno está en la intensión de encarcelar a sus representantes, tendrá también que detener a todos los indígenas del Parque.
“Es imposible que ellos entren a la cárcel; bien claro nosotros le hemos dicho al gobierno si es que va meter a nuestros dirigentes a la cárcel pues tendrá que construir uno bien grande para que entremos todos del TIPNIS, eso es lo que hemos decidido nosotros”, declaró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Adolfo Moye, expresidente de la Subcentral TIPNIS, declaró que desconoce las razones por las que lo quieren detener y anunció que si la resistencia en el Parque es la causa, la medida continuará en esa zona por los propios indígenas, porque son ellos quienes se oponen al proceso.
“Nosotros sólo obedecemos el mandato de las bases y en este caso ellos no quieren la consulta, porque saben que el gobierno quiere la carretera, por eso hace la consulta, pero ellos no quieren la carretera”, puntualizó.