España: Rajoy extrema el control de la banca con una reforma financiera anticrisis
Economía otorga poderes inéditos al FROB y al Banco de España para evitar quiebras. El mercado cuestiona que la reestructuración no cueste nada al contribuyente
Íñigo de Barrón
Madrid, El País
A partir de hoy, la banca española es un sector más regulado y controlado por el Gobierno y el Banco de España. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto sobre reestructuración y resolución de crisis en entidades ata en corto al sector y otorga poderes casi absolutos a la Administración para tomar el control de los bancos y quitar a sus gestores. Y de forma inmediata.
Las autoridades ya no podrán poner más excusas sobre que no cuentan con “la caja de herramientas” adecuada para combatir las crisis bancarias. Esta fue la denuncia que realizó Miguel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, en mayo pasado, antes de abandonar su puesto. El rescate bancario por hasta 100.000 millones ha permitido a Bruselas imponer a España las normas de la Circular Comunitaria sobre resolución de crisis bancarias, que está en tramitación. España inaugura el sistema anticrisis bancaria que no tienen otros países europeos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comentó este viernes que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros “culmina la reforma del sistema financiero”. “El objetivo es que se recupere el crédito, sobre todo para pymes, que salga el stock de pisos de los balances bancarios a precios razonables, así como fortalecer la protección de los pequeños inversores en las participaciones preferentes” (en el futuro), “cumplir con el memorándum de la Unión Europea y que no cueste un euro al contribuyente”, ha señalado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, incidió en que la normativa “es la base para que no se puedan reproducir crisis financieras como la actual con el coste que ha tenido para la actividad económica y el empleo”. En su opinión, el real decreto permitirá “anticiparse a las crisis y garantiza que exista un sistema bancario solvente”.
Los 75 folios que ocupa el real decreto están plagados de normativa que permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —controlado por el Gobierno— y al Banco de España actuar con diligencia sobre las entidades con dificultades. Incluso antes de que incumplan la normativa, el supervisor puede exigir medidas a una entidad y echar a sus gestores. Es una forma de actuación preventiva para evitar lo que ha pasado con cajas que han sobrevivido pese a tener una debilidad en su capital que les impedía conceder créditos.
La dureza con la que se actuará sobre los bancos irá en función de la gravedad de los problemas en tres grados. En caso de dificultades leves, cuando la entidad tenga déficit de capital pero pueda captarlo por sus medios en menos de dos años, el Banco de España convocará la junta de accionistas, destituirá consejo y establecerá un plan de saneamiento. El banco podría recibir dinero público hasta que lo sustituya por el privado.
El Gobierno del PP ha vuelto a la misma estrategia que el de José Luis Rodríguez Zapatero: afirmar que la reforma financiera no costará ni un euro al contribuyente
Si un banco es viable pero tiene un mayor déficit de capital y se cree que necesitará entre dos y cinco años para lograrlo, se cambiará la gestión, se inyectarán recursos del Estado y se le podrán comprar activos dañados para trasladarlos al banco malo.
Pero habrá casos peores; los bancos inviables. “En el caso de que una entidad no pueda hacer frente a sus problemas en un plazo de tiempo razonable, se resolverá de forma ordenada”, dijo Guindos. Con esta expresión se sustituye la polémica “liquidación” que dijo el vicepresidente europeo Joaquín Almunia y que no gustó al Gobierno porque produjo gran inquietud social.
En los bancos insolventes y sin futuro, el FROB sustituirá a los gestores, colocará los activos buenos en un “banco puente, que puede contar con ayudas del Estado y la parte dañada irá al banco malo”, explicó Guindos. Para evitar alarmas, el ministro dijo que la venta ordenada “sería hacer lo mismo que se ha hecho con la CAM. Se ha separado lo malo y se ha vendido lo bueno”. También puso como ejemplo Catalunya Caixa, “que tiene una marca con un inmenso valor, pero también unos activos dañados. Estos irán al banco malo y el resto se subastará”, afirmó.
Tras la presentación del real decreto, el Ibex cerró con un alza del 3,13%, impulsado por los valores bancarios
El ministro también describió los nuevos poderes del FROB, que deberá entenderse bien con el Banco de España ya que actuarán de manera conjunta en el rescate de entidades.
Respecto a las pérdidas que podrán sufrir los titulares de participaciones preferentes, solo añadió que “el descuento inicial no supone que no recuperen su inversión pero quizá con el tiempo y con otros activos a cambio”.
El Gobierno del PP ha vuelto a la misma estrategia que el de José Luis Rodríguez Zapatero: afirmar que la reforma financiera no costará ni un euro al contribuyente. Sin duda, se quiere evitar el coste político que tiene ayudar al sector más maldito de la crisis: la banca. El Gobierno se escuda en que los bancos ya han realizado muchas provisiones.
Sin embargo, en el mercado se cuestionan estas declaraciones. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, cree que “quitan credibilidad al Ejecutivo. La clave para que funcione la reforma es que se genere confianza en el inversor. De lo contrario, los bancos no recibirán dinero de los mercados y seguiremos igual”.
Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España, coincide y apunta que siempre hay ayudas públicas. “He ayudado en crisis en 30 países y en todos, el Estado ha rescatado entidades con problemas. España no será una excepción”.
Tras la presentación del real decreto, el Ibex cerró con un alza del 3,13%, impulsado por los valores bancarios. Sin embargo, la prima de riesgo, que mide la percepción que los inversores tienen de la solvencia de un país, escaló hasta los 552 puntos.
Productos solo para público experto
La reforma busca que un producto financiero tan complejo como las participaciones preferentes, que ha atrapado a miles de familias en España, no vuelva a venderse a pequeños ahorradores con escasa cultura financiera.
La nueva ley exige más transparencia en la comercialización de estas preferentes y otros productos de deuda subordinada para permitir al cliente “saber en lo que está invirtiendo de verdad”, según las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Las preferentes son participaciones de rentabilidad mayor que un depósito pero comprometidas a perpetuidad. El decreto fija el umbral mínimo para invertir en estos productos en 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros en el de las cotizadas, lo que excluye a parte de los particulares. Además, exige que al menos el 50% de las emisiones se coloque entre inversores institucionales.
Desguace de entidades inviables
España tendrá por primera vez un mecanismo de liquidación ordenada de entidades. El decreto contempla tres fases de intervención: la temprana, la de reestructuración y la de resolución, cuando un banco sea incapaz de devolver las ayudas públicas y no sea previsible que puedan llegar a valerse por sí mismas.
El Banco de España puede intervenir una entidad de forma urgente aunque esta no incumpla ningún parámetro de solvencia ni pida ayudas públicas, si percibe elementos que hagan temer próximas dificultades. En la fase de reestructuración, además de otras medidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectará ayudas públicas. El banco tiene hasta siete años para devolverlas, transcurridos los cuales el dinero se convierte en capital. Si el FROB decide el cierre, traspasará los activos sanos a un banco puente para venderlos y los tóxicos a la sociedad o banco malo para hacer lo propio.
Canje para las preferentes
Bruselas ha sido muy clara y el decreto de reforma financiera lo asume: los accionistas e inversores deberán sufrir pérdidas cuando una entidad reclame ayudas públicas y el dinero del contribuyente solo entrará para cubrir el resto del agujero.
Los accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas y esto pasa factura a los dueños de participaciones preferentes, miles de pequeños ahorradores que en muchos casos desconocían los riesgos de su inversión.
El Gobierno explicó este viernes que estos instrumentos híbridos de capital se canjearán por otro producto a precio de mercado (mucho más bajo que el nominal) a lo que se añadirá una prima del 10%. El FROB podrá imponer un canje determinado si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente.
La norma también intenta que los gestores y administradores de las entidades que requieran ayudas públicas asuman algún tipo de restricción en su remuneración y endurece el límite salarial respecto a la normativa del pasado mayo. El Gobierno ha fijado en 500.000 euros (frente a los 600.000 anteriores) el tope de la retribución fija para presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades con inyecciones de dinero del fondo de rescate bancario (FROB).
Para las entidades que están nacionalizadas y no solo han recibido recursos públicos (Bankia, NovaGalicia Banco o CatalunyaCaixa) sigue vigente el límite de 300.000 euros. Estos límites hacen excepciones con los gestores fichados tras la intervención del FROB (es el caso del nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri) y con los ejecutivos de entidades sin apoyo público que se fusionen con otras que sí lo tienen.
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El fondo de rescate se endeudará más
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en 2009 para ayudar a las entidades con problemas, ampliará su capacidad de endeudamiento hasta los 120.000 millones, frente a los 99.000 en los que tiene el actual tope.
Este dinero prestado contabiliza como deuda pública, a diferencia de la deuda que emita el banco malo o sociedad gestora de activos, que no tendrá mayoría pública. El sector privado, que estaba presente en los órganos gestores del FROB y realizó aportaciones a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), desaparece de la entidad.
El FROB refuerza sus poderes y tendrá una comisión rectora de nueve miembros formada por cinco representantes del Gobierno y cuatro del Banco de España, y contará con un director general nombrado por Economía a propuesta del Banco de España, con plenas funciones ejecutivas.
Íñigo de BarrónMadrid, El País
A partir de hoy, la banca española es un sector más regulado y controlado por el Gobierno y el Banco de España. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto sobre reestructuración y resolución de crisis en entidades ata en corto al sector y otorga poderes casi absolutos a la Administración para tomar el control de los bancos y quitar a sus gestores. Y de forma inmediata.
Las autoridades ya no podrán poner más excusas sobre que no cuentan con “la caja de herramientas” adecuada para combatir las crisis bancarias. Esta fue la denuncia que realizó Miguel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, en mayo pasado, antes de abandonar su puesto. El rescate bancario por hasta 100.000 millones ha permitido a Bruselas imponer a España las normas de la Circular Comunitaria sobre resolución de crisis bancarias, que está en tramitación. España inaugura el sistema anticrisis bancaria que no tienen otros países europeos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comentó este viernes que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros “culmina la reforma del sistema financiero”. “El objetivo es que se recupere el crédito, sobre todo para pymes, que salga el stock de pisos de los balances bancarios a precios razonables, así como fortalecer la protección de los pequeños inversores en las participaciones preferentes” (en el futuro), “cumplir con el memorándum de la Unión Europea y que no cueste un euro al contribuyente”, ha señalado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, incidió en que la normativa “es la base para que no se puedan reproducir crisis financieras como la actual con el coste que ha tenido para la actividad económica y el empleo”. En su opinión, el real decreto permitirá “anticiparse a las crisis y garantiza que exista un sistema bancario solvente”.
Los 75 folios que ocupa el real decreto están plagados de normativa que permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —controlado por el Gobierno— y al Banco de España actuar con diligencia sobre las entidades con dificultades. Incluso antes de que incumplan la normativa, el supervisor puede exigir medidas a una entidad y echar a sus gestores. Es una forma de actuación preventiva para evitar lo que ha pasado con cajas que han sobrevivido pese a tener una debilidad en su capital que les impedía conceder créditos.
La dureza con la que se actuará sobre los bancos irá en función de la gravedad de los problemas en tres grados. En caso de dificultades leves, cuando la entidad tenga déficit de capital pero pueda captarlo por sus medios en menos de dos años, el Banco de España convocará la junta de accionistas, destituirá consejo y establecerá un plan de saneamiento. El banco podría recibir dinero público hasta que lo sustituya por el privado.
El Gobierno del PP ha vuelto a la misma estrategia que el de José Luis Rodríguez Zapatero: afirmar que la reforma financiera no costará ni un euro al contribuyente
Si un banco es viable pero tiene un mayor déficit de capital y se cree que necesitará entre dos y cinco años para lograrlo, se cambiará la gestión, se inyectarán recursos del Estado y se le podrán comprar activos dañados para trasladarlos al banco malo.
Pero habrá casos peores; los bancos inviables. “En el caso de que una entidad no pueda hacer frente a sus problemas en un plazo de tiempo razonable, se resolverá de forma ordenada”, dijo Guindos. Con esta expresión se sustituye la polémica “liquidación” que dijo el vicepresidente europeo Joaquín Almunia y que no gustó al Gobierno porque produjo gran inquietud social.
En los bancos insolventes y sin futuro, el FROB sustituirá a los gestores, colocará los activos buenos en un “banco puente, que puede contar con ayudas del Estado y la parte dañada irá al banco malo”, explicó Guindos. Para evitar alarmas, el ministro dijo que la venta ordenada “sería hacer lo mismo que se ha hecho con la CAM. Se ha separado lo malo y se ha vendido lo bueno”. También puso como ejemplo Catalunya Caixa, “que tiene una marca con un inmenso valor, pero también unos activos dañados. Estos irán al banco malo y el resto se subastará”, afirmó.
Tras la presentación del real decreto, el Ibex cerró con un alza del 3,13%, impulsado por los valores bancarios
El ministro también describió los nuevos poderes del FROB, que deberá entenderse bien con el Banco de España ya que actuarán de manera conjunta en el rescate de entidades.
Respecto a las pérdidas que podrán sufrir los titulares de participaciones preferentes, solo añadió que “el descuento inicial no supone que no recuperen su inversión pero quizá con el tiempo y con otros activos a cambio”.
El Gobierno del PP ha vuelto a la misma estrategia que el de José Luis Rodríguez Zapatero: afirmar que la reforma financiera no costará ni un euro al contribuyente. Sin duda, se quiere evitar el coste político que tiene ayudar al sector más maldito de la crisis: la banca. El Gobierno se escuda en que los bancos ya han realizado muchas provisiones.
Sin embargo, en el mercado se cuestionan estas declaraciones. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, cree que “quitan credibilidad al Ejecutivo. La clave para que funcione la reforma es que se genere confianza en el inversor. De lo contrario, los bancos no recibirán dinero de los mercados y seguiremos igual”.
Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España, coincide y apunta que siempre hay ayudas públicas. “He ayudado en crisis en 30 países y en todos, el Estado ha rescatado entidades con problemas. España no será una excepción”.
Tras la presentación del real decreto, el Ibex cerró con un alza del 3,13%, impulsado por los valores bancarios. Sin embargo, la prima de riesgo, que mide la percepción que los inversores tienen de la solvencia de un país, escaló hasta los 552 puntos.
Productos solo para público experto
La reforma busca que un producto financiero tan complejo como las participaciones preferentes, que ha atrapado a miles de familias en España, no vuelva a venderse a pequeños ahorradores con escasa cultura financiera.
La nueva ley exige más transparencia en la comercialización de estas preferentes y otros productos de deuda subordinada para permitir al cliente “saber en lo que está invirtiendo de verdad”, según las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Las preferentes son participaciones de rentabilidad mayor que un depósito pero comprometidas a perpetuidad. El decreto fija el umbral mínimo para invertir en estos productos en 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros en el de las cotizadas, lo que excluye a parte de los particulares. Además, exige que al menos el 50% de las emisiones se coloque entre inversores institucionales.
Desguace de entidades inviables
España tendrá por primera vez un mecanismo de liquidación ordenada de entidades. El decreto contempla tres fases de intervención: la temprana, la de reestructuración y la de resolución, cuando un banco sea incapaz de devolver las ayudas públicas y no sea previsible que puedan llegar a valerse por sí mismas.
El Banco de España puede intervenir una entidad de forma urgente aunque esta no incumpla ningún parámetro de solvencia ni pida ayudas públicas, si percibe elementos que hagan temer próximas dificultades. En la fase de reestructuración, además de otras medidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectará ayudas públicas. El banco tiene hasta siete años para devolverlas, transcurridos los cuales el dinero se convierte en capital. Si el FROB decide el cierre, traspasará los activos sanos a un banco puente para venderlos y los tóxicos a la sociedad o banco malo para hacer lo propio.
Canje para las preferentes
Bruselas ha sido muy clara y el decreto de reforma financiera lo asume: los accionistas e inversores deberán sufrir pérdidas cuando una entidad reclame ayudas públicas y el dinero del contribuyente solo entrará para cubrir el resto del agujero.
Los accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas y esto pasa factura a los dueños de participaciones preferentes, miles de pequeños ahorradores que en muchos casos desconocían los riesgos de su inversión.
El Gobierno explicó este viernes que estos instrumentos híbridos de capital se canjearán por otro producto a precio de mercado (mucho más bajo que el nominal) a lo que se añadirá una prima del 10%. El FROB podrá imponer un canje determinado si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente.
La norma también intenta que los gestores y administradores de las entidades que requieran ayudas públicas asuman algún tipo de restricción en su remuneración y endurece el límite salarial respecto a la normativa del pasado mayo. El Gobierno ha fijado en 500.000 euros (frente a los 600.000 anteriores) el tope de la retribución fija para presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades con inyecciones de dinero del fondo de rescate bancario (FROB).
Para las entidades que están nacionalizadas y no solo han recibido recursos públicos (Bankia, NovaGalicia Banco o CatalunyaCaixa) sigue vigente el límite de 300.000 euros. Estos límites hacen excepciones con los gestores fichados tras la intervención del FROB (es el caso del nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri) y con los ejecutivos de entidades sin apoyo público que se fusionen con otras que sí lo tienen.
foto
El fondo de rescate se endeudará más
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en 2009 para ayudar a las entidades con problemas, ampliará su capacidad de endeudamiento hasta los 120.000 millones, frente a los 99.000 en los que tiene el actual tope.
Este dinero prestado contabiliza como deuda pública, a diferencia de la deuda que emita el banco malo o sociedad gestora de activos, que no tendrá mayoría pública. El sector privado, que estaba presente en los órganos gestores del FROB y realizó aportaciones a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), desaparece de la entidad.
El FROB refuerza sus poderes y tendrá una comisión rectora de nueve miembros formada por cinco representantes del Gobierno y cuatro del Banco de España, y contará con un director general nombrado por Economía a propuesta del Banco de España, con plenas funciones ejecutivas.
El sector necesita más capital
A partir del 1 de enero de 2013, las entidades deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo. Este es un nivel que hasta ahora solo se exigía a los cinco mayores grupos, que se consideran sistémicos: Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia. Para el resto regía hasta ahora el mínimo del 8%. Si no alcanzan el nivel, el banco o caja en cuestión tendrá que presentar ante el Banco de España una estrategia y calendario para alcanzar el 9% antes del 30 de junio de 2013.
En febrero de 2011, el Gobierno del PSOE aumentó las exigencias de capital principal hasta el 10% (por un máximo de 20.000 millones, según sostuvo el Gobierno en ese momento) para todas las entidades que superaran el 20% de su financiación en el mercado y no hayan sacado al menos un 20% de sus títulos entre inversores privados.
A partir del 1 de enero de 2013, las entidades deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo. Este es un nivel que hasta ahora solo se exigía a los cinco mayores grupos, que se consideran sistémicos: Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia. Para el resto regía hasta ahora el mínimo del 8%. Si no alcanzan el nivel, el banco o caja en cuestión tendrá que presentar ante el Banco de España una estrategia y calendario para alcanzar el 9% antes del 30 de junio de 2013.
En febrero de 2011, el Gobierno del PSOE aumentó las exigencias de capital principal hasta el 10% (por un máximo de 20.000 millones, según sostuvo el Gobierno en ese momento) para todas las entidades que superaran el 20% de su financiación en el mercado y no hayan sacado al menos un 20% de sus títulos entre inversores privados.
