El Gobierno español lanza la mayor reforma financiera ante la magnitud de la crisis
La normativa que se aprueba este viernes fija el protocolo para liquidar entidades
Amanda Mars / Íñigo de Barrón
Madrid, El País
La legislación de los Gobiernos, el actual y el anterior, siempre ha ido por detrás de la crisis bancaria española. Las cuatro reformas realizadas hasta el momento se anunciaron como grandes cambios trascendentales, pero al poco tiempo se revelaron incapaces de taponar los agujeros financieros que provocó el deterioro económico y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Ahora llega el quinto intento, una vez el Estado ha tenido que pedir a Europa el rescate para la banca. Bruselas ha tomado el toro por los cuernos y ha impuesto, a través del Ejecutivo, la mayor reforma financiera conocida en España ante la magnitud de la crisis, que parece interminable. La norma establece por primera vez el mecanismo para liquidar entidades, fija las bases para intervenir bancos o cajas de forma urgente —antes incluso de que incumplan los criterios de solvencia— y crea la tan traída y llevada figura del banco malo para ayudar a la banca a liberarse de sus activos tóxicos.
Los expertos coinciden en que el cambio que supone el decreto que aprobará hoy el Gobierno “es un vuelco completo a la legislación bancaria y supone establecer un mecanismo de resolución de crisis financiera del que España carecía”, apunta Alfonso García Mora, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). La contrapartida no es otra que el auxilio de hasta 100.000 millones comprometidos por Europa.
El decreto ha repartido los poderes de intervención o de cierres de bancos entre el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Por una parte, el Gobierno ha cedido poderes sancionadores al supervisor, tal y como le obligaba el Memorándum de Entendimiento de julio pasado (el MoU); pero, por otro, ha dotado de gran capacidad de intervención al FROB, que está controlado por el Ministerio de Economía.
“A partir de ahora, en el FROB mandará el Ejecutivo, que es el que pone el dinero”, resume un ejecutivo de una entidad, que pide el anonimato. Otro colega advierte del riesgo que supone la politización de la intervención de entidades. También comenta que “el FROB se ha convertido en el cuerpo de actuación especial, que acude con la munición de la inspección del Banco de España”.
En el sector también se destaca la “enorme pérdida de soberanía que supone que sea Bruselas la que realice una reforma radical de algo tan delicado como el sistema bancario. Otros países, como Francia o Alemania, no lo hubieran permitido”, se lamentan. La cesión de poder ya se hizo con la petición del rescate, del que es fruto el MoU, que ya era muy severo con la banca española.
Además del reparto de poderes entre el Banco de España y el FROB, entre las grandes novedades del real decreto destaca el mecanismo de “intervención temprana”. Para evitar los actuales problemas para tomar el control de entidades con problemas, el Gobierno establece: “Cuando una entidad incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno (...) el Banco de España podrá adoptar todas las medidas” de esta legislación.
Es decir, no hará falta que se incumpla la normativa, sino solo con que sea “previsible” que no lo haga, se podrá intervenir la entidad. “Estamos en manos del supervisor porque esta normativa es muy amplia”, se lamenta el presidente de un banco. Algunas fuentes en el sector creen que cuando se conozca el resultado del examen que la consultora Oliver Wyman está realizando a los 14 grupos bancarios, el Gobierno decidirá qué entidades podrán seguir adelante en solitario.
El banco malo
En cuanto al banco malo, lo más interesante quedará en el desarrollo reglamentario, que debe estar listo para diciembre. Por el momento, se creará una sociedad anónima que tendrá manos libres para comprar y vender todo tipo de activos, así como realizar emisiones de deuda. El banco malo no estará sometido a toda la legislación mercantil, para ser más ágil en su funcionamiento.
Aún falta saber si asumirá solo los activos inmobiliarios adjudicados, o también los créditos dudosos o subestándar (que están al corriente de pago pero presentan riesgos), así como si el Banco de España podrá trasladar a esa sociedad los activos de entidades no tengan ayudas públicas. Si el banco malo compra estos activos dañados a precio real de mercado, es decir, bajos, las entidades sufrirán grandes pérdidas que tendrán que recapitalizar (y pueden necesitar ayudas públicas), mientras que si ignora esa depreciación (se habla de hasta un 60% desde 2007 y los bancos han provisionado alrededor de un 35%), estará subvencionando a la banca. El éxito a la hora de recuperar ese dinero público dependerá del precio al que venda esos activos.
Las provisiones reglamentarias
Otra consecuencia del banco malo será que unificará criterios en el sector. En este momento hay entidades que han provisionado casi al 100% créditos con clientes de dudosa solvencia que otros competidores tienen cubiertos al 50%. Con la llegada del banco malo se acabará esta dicotomía, para desgracia de los segundos.
El último ejemplo de un banco malo en España fue la actuación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de los bancos en 1993, con la quiebra de Banesto. En aquel caso, la historia se saldó a favor del Santander ya que el FGD adquirió los activos a un precio que no pudo revender y acabó asumiendo pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, después de muchos años de gestión.
¿A la quinta va la vencida?
La crisis financiera española —la que ha tumbado aquel latiguillo sobre la solidez que tenía la banca doméstica, mientras caían gigantes europeos— lleva a la espalda a cuatro reformas financieras desde 2008, las dos últimas a cargo del Gobierno del PP con apenas unos meses de diferencia (febrero y mayo). Pero todas se han quedado cortas. Esta quinta supone cambios trascendentales decididos desde Bruselas como condición para prestar hasta 100.000 millones al Gobierno con el fin de rescatar a las entidades. Una docena de decretos desde 2008 han dado forma a las cuatro reformas fallidas.
Junio de 2009, nace el FROB. El Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para inyectar dinero en las entidades con problemas (Bankia y Catalunyacaixa, por ejemplo, reciben 4.465 y 1.250 millones, respectivamente) y ayuda a financiar fusiones. Parte con un presupuesto de 9.000 millones a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. En esta fase de la crisis, buena parte de las cajas traspasan a un banco su actividad financiera y más de una treintena participan en una docena de operaciones de fusión. El número de cajas pasa de 45 a 22, pero la fórmula escogida es una suerte de fusión fría —Sistemas Institucionales de Protección (SIP)— para vencer los recelos políticos y territoriales que suponían las concentraciones tradicionales.
Febrero de 2011, suben las exigencias de capital. El Gobierno decide elevar el listón de solvencia al sector y anticipa la normativa internacional de Basilea III: las entidades tendrán que alcanzar un nivel de capital del 8% sobre sus activos ponderados por riesgo y necesitarán el 10% aquellas que tengan necesidades de financiación en el mercado superiores a un 20% del total y que no tengan colocado entre inversores al menos el 20% de su capital (eran básicamente cajas). Bankia (ahora nacionalizada) y Banca Cívica (integrada ahora en Caixabank) salen a Bolsa. Tiene lugar la intervención o nacionalización de la CAM (que acaba en manos del Banco Sabadell), Unnim (ahora absorbida por BBVA), Catalunyacaixa y NovacaixaGalicia.
Febrero de 2012. El PP pide más provisiones por los activos tóxicos. Los mercados y organismos internacionales como el FMI recelan cada vez más de los balances de los bancos y todo su riesgo inmobiliario. El ministro de Economía, Luis de Guindos, pide que los bancos reserven 50.000 millones para hacer frente a los activos inmobiliarios tóxicos (con riesgo de impago). La reforma eleva al 80% el porcentaje de crédito de suelo cubierto, el 65% los de viviendas por terminar y el 35% para las finalizadas.
Mayo de 2012. La reforma de febrero queda vieja en tan solo tres meses porque la desconfianza de los mercados no ha hecho sino agudizarse. Guindos da otra vuelta de tuerca a las provisiones y pide 28.000 millones más, lo que, en global, lleva al 45% la cobertura de los créditos vinculados al ladrillo. El Ejecutivo también planea crear los llamados bancos malos para que las entidades con ayudas públicas traspasen sus activos inmobiliarios adjudicados. Acababa de nacionalizarse Bankia. El rescate pedido a Europa para la banca y las condiciones han superado toda esta hoja de ruta.
Amanda Mars / Íñigo de BarrónMadrid, El País
La legislación de los Gobiernos, el actual y el anterior, siempre ha ido por detrás de la crisis bancaria española. Las cuatro reformas realizadas hasta el momento se anunciaron como grandes cambios trascendentales, pero al poco tiempo se revelaron incapaces de taponar los agujeros financieros que provocó el deterioro económico y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Ahora llega el quinto intento, una vez el Estado ha tenido que pedir a Europa el rescate para la banca. Bruselas ha tomado el toro por los cuernos y ha impuesto, a través del Ejecutivo, la mayor reforma financiera conocida en España ante la magnitud de la crisis, que parece interminable. La norma establece por primera vez el mecanismo para liquidar entidades, fija las bases para intervenir bancos o cajas de forma urgente —antes incluso de que incumplan los criterios de solvencia— y crea la tan traída y llevada figura del banco malo para ayudar a la banca a liberarse de sus activos tóxicos.
Los expertos coinciden en que el cambio que supone el decreto que aprobará hoy el Gobierno “es un vuelco completo a la legislación bancaria y supone establecer un mecanismo de resolución de crisis financiera del que España carecía”, apunta Alfonso García Mora, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). La contrapartida no es otra que el auxilio de hasta 100.000 millones comprometidos por Europa.
El decreto ha repartido los poderes de intervención o de cierres de bancos entre el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Por una parte, el Gobierno ha cedido poderes sancionadores al supervisor, tal y como le obligaba el Memorándum de Entendimiento de julio pasado (el MoU); pero, por otro, ha dotado de gran capacidad de intervención al FROB, que está controlado por el Ministerio de Economía.
“A partir de ahora, en el FROB mandará el Ejecutivo, que es el que pone el dinero”, resume un ejecutivo de una entidad, que pide el anonimato. Otro colega advierte del riesgo que supone la politización de la intervención de entidades. También comenta que “el FROB se ha convertido en el cuerpo de actuación especial, que acude con la munición de la inspección del Banco de España”.
En el sector también se destaca la “enorme pérdida de soberanía que supone que sea Bruselas la que realice una reforma radical de algo tan delicado como el sistema bancario. Otros países, como Francia o Alemania, no lo hubieran permitido”, se lamentan. La cesión de poder ya se hizo con la petición del rescate, del que es fruto el MoU, que ya era muy severo con la banca española.
Además del reparto de poderes entre el Banco de España y el FROB, entre las grandes novedades del real decreto destaca el mecanismo de “intervención temprana”. Para evitar los actuales problemas para tomar el control de entidades con problemas, el Gobierno establece: “Cuando una entidad incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno (...) el Banco de España podrá adoptar todas las medidas” de esta legislación.
Es decir, no hará falta que se incumpla la normativa, sino solo con que sea “previsible” que no lo haga, se podrá intervenir la entidad. “Estamos en manos del supervisor porque esta normativa es muy amplia”, se lamenta el presidente de un banco. Algunas fuentes en el sector creen que cuando se conozca el resultado del examen que la consultora Oliver Wyman está realizando a los 14 grupos bancarios, el Gobierno decidirá qué entidades podrán seguir adelante en solitario.
El banco malo
En cuanto al banco malo, lo más interesante quedará en el desarrollo reglamentario, que debe estar listo para diciembre. Por el momento, se creará una sociedad anónima que tendrá manos libres para comprar y vender todo tipo de activos, así como realizar emisiones de deuda. El banco malo no estará sometido a toda la legislación mercantil, para ser más ágil en su funcionamiento.
Aún falta saber si asumirá solo los activos inmobiliarios adjudicados, o también los créditos dudosos o subestándar (que están al corriente de pago pero presentan riesgos), así como si el Banco de España podrá trasladar a esa sociedad los activos de entidades no tengan ayudas públicas. Si el banco malo compra estos activos dañados a precio real de mercado, es decir, bajos, las entidades sufrirán grandes pérdidas que tendrán que recapitalizar (y pueden necesitar ayudas públicas), mientras que si ignora esa depreciación (se habla de hasta un 60% desde 2007 y los bancos han provisionado alrededor de un 35%), estará subvencionando a la banca. El éxito a la hora de recuperar ese dinero público dependerá del precio al que venda esos activos.
Las provisiones reglamentarias
Otra consecuencia del banco malo será que unificará criterios en el sector. En este momento hay entidades que han provisionado casi al 100% créditos con clientes de dudosa solvencia que otros competidores tienen cubiertos al 50%. Con la llegada del banco malo se acabará esta dicotomía, para desgracia de los segundos.
El último ejemplo de un banco malo en España fue la actuación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de los bancos en 1993, con la quiebra de Banesto. En aquel caso, la historia se saldó a favor del Santander ya que el FGD adquirió los activos a un precio que no pudo revender y acabó asumiendo pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, después de muchos años de gestión.
¿A la quinta va la vencida?
La crisis financiera española —la que ha tumbado aquel latiguillo sobre la solidez que tenía la banca doméstica, mientras caían gigantes europeos— lleva a la espalda a cuatro reformas financieras desde 2008, las dos últimas a cargo del Gobierno del PP con apenas unos meses de diferencia (febrero y mayo). Pero todas se han quedado cortas. Esta quinta supone cambios trascendentales decididos desde Bruselas como condición para prestar hasta 100.000 millones al Gobierno con el fin de rescatar a las entidades. Una docena de decretos desde 2008 han dado forma a las cuatro reformas fallidas.
Junio de 2009, nace el FROB. El Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para inyectar dinero en las entidades con problemas (Bankia y Catalunyacaixa, por ejemplo, reciben 4.465 y 1.250 millones, respectivamente) y ayuda a financiar fusiones. Parte con un presupuesto de 9.000 millones a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. En esta fase de la crisis, buena parte de las cajas traspasan a un banco su actividad financiera y más de una treintena participan en una docena de operaciones de fusión. El número de cajas pasa de 45 a 22, pero la fórmula escogida es una suerte de fusión fría —Sistemas Institucionales de Protección (SIP)— para vencer los recelos políticos y territoriales que suponían las concentraciones tradicionales.
Febrero de 2011, suben las exigencias de capital. El Gobierno decide elevar el listón de solvencia al sector y anticipa la normativa internacional de Basilea III: las entidades tendrán que alcanzar un nivel de capital del 8% sobre sus activos ponderados por riesgo y necesitarán el 10% aquellas que tengan necesidades de financiación en el mercado superiores a un 20% del total y que no tengan colocado entre inversores al menos el 20% de su capital (eran básicamente cajas). Bankia (ahora nacionalizada) y Banca Cívica (integrada ahora en Caixabank) salen a Bolsa. Tiene lugar la intervención o nacionalización de la CAM (que acaba en manos del Banco Sabadell), Unnim (ahora absorbida por BBVA), Catalunyacaixa y NovacaixaGalicia.
Febrero de 2012. El PP pide más provisiones por los activos tóxicos. Los mercados y organismos internacionales como el FMI recelan cada vez más de los balances de los bancos y todo su riesgo inmobiliario. El ministro de Economía, Luis de Guindos, pide que los bancos reserven 50.000 millones para hacer frente a los activos inmobiliarios tóxicos (con riesgo de impago). La reforma eleva al 80% el porcentaje de crédito de suelo cubierto, el 65% los de viviendas por terminar y el 35% para las finalizadas.
Mayo de 2012. La reforma de febrero queda vieja en tan solo tres meses porque la desconfianza de los mercados no ha hecho sino agudizarse. Guindos da otra vuelta de tuerca a las provisiones y pide 28.000 millones más, lo que, en global, lleva al 45% la cobertura de los créditos vinculados al ladrillo. El Ejecutivo también planea crear los llamados bancos malos para que las entidades con ayudas públicas traspasen sus activos inmobiliarios adjudicados. Acababa de nacionalizarse Bankia. El rescate pedido a Europa para la banca y las condiciones han superado toda esta hoja de ruta.
