Amenaza de islamistas extremistas complica la labor de autoridades libias

TRÍPOLI, AFP
Las autoridades libias, sobrepasadas por el incremento de la violencia que provocan los conflictos tribales, las amenazas de los partidarios del antiguo régimen y las milicias armadas incontrolables, deben también hacer frente al ascenso del movimiento salafista.
La destrucción de mausoleos musulmanes en el oeste del país a cargo de grupos de islamistas extremistas puso de manifiesto esta semana el poder de este movimiento, hasta el momento discreto, y conocido por tener su bastión en el este de Libia.

Los servicios de seguridad, acusados de permisividad e incluso de estar implicados en estas violencias, ya eran objeto de duras críticas desde los atentados del 18 de agosto que causaron dos muertos en Trípoli y que fueron atribuidos a los partidarios del anterior régimen de Muamar Gadafi.
Diez meses después de la muerte del líder depuesto y del anuncio de la "liberación" del país, las autoridades todavía no disponen de ejército, ni de fuerzas de seguridad estructuradas y deben confiar en algunos de los exrebeldes que combatieron contra el anterior régimen para tratar de mantener el orden en el país.
El ministro del Interior, Fawzi Abdelali, explicó el martes que no quería arriesgarse a que se produjera un enfrentamiento con los numerosos grupos extremistas, bien armados y una "gran fuerza", según él, afirmando que daba prioridad al diálogo.
"Son fuertes porque el Estado es débil", lamentó, por su parte, Saleh Al Senusi, profesor de Ciencias Políticas y Derecho Internacional en la Universidad de Bengasi (este).
Para contener a los extremistas, las autoridades deben hacerles comprender que el Estado puede hacerles frente y que no son los únicos que pueden usar la violencia, declaró a la AFP.
Varios integristas demolieron el sábado el mausoleo de Al Shab al Dahmani en Trípoli y profanaron la tumba de este sabio, un lugar de peregrinación para algunos musulmanes, especialmente los sufistas.
También saquearon una biblioteca y destruyeron un mausoleo en Zliten y Misrata, en el oeste del país, lo que provocó la indignación de la sociedad civil y de numerosos políticos libios y organizaciones internacionales.
Los integristas se oponen a la existencia de estos mausoleos erigidos en memoria de santos musulmanes, porque estos últimos son objeto de una veneración popular contraria, según ellos, a la unicidad de Dios, precepto fundador del islam.
El Congreso General Nacional (CGN), la mayor autoridad política del país desde las elecciones del 7 de julio, prometió firmeza contra estos grupos y criticó al gobierno por su falta de acción.
"Pero en la práctica, no se constató ninguna acción concreta", lamentó Heidi Triki, presidente de la Organización Libia de Derechos Humanos (OLDH).
"Estos wahabitas se infiltraron en los servicios de seguridad y cometieron crímenes contra los libios. Tienen que ser severamente sancionados", dijo.
El miércoles la ONG Human Rights Watch denunció la destrucción de lugares religiosos y juzgó "inaceptable" la "inacción del gobierno en los últimos incidentes".
Para justificar sus dificultades para detener la violencia, el gobierno explica constantemente que tomó las riendas de un país arruinado por el anterior régimen y sin instituciones.
El ministro de Defensa, Usama Juili, explicó ante el CGN que "el ejército es una gran institución que no se construye en un día o en un mes, pero sí en varios años", y afirmó que las milicias armadas se negaban hasta el momento a integrar las fuerzas regulares.