Se profundiza crisis institucional por control del poder en El Salvador
San Salvador, AFPLa instalación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundizó en El Salvador una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha, riesgosa para la estabilidad del país, según analistas.
Diez magistrados -cinco electos en abril pasado y los otros cinco en 2006- comenzaron este martes a sesionar bajo la presidencia de Ovidio Bonilla, quien asumió el lunes apoyado en el Congreso por una alianza del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y tres partidos minoritarios.
Otros cinco, electos en 2009, se reunieron en otro sector del edificio con Florentín Meléndez, designado el lunes presidente provisional mientras se regulariza el funcionamiento de la CSJ.
"Estamos frente a la profundización de la más grave crisis institucional desde el fin de la guerra civil (1980-1992). En el fondo lo que hay es una batalla legal por el reparto del poder", declaró a AFP el analista Roberto Cañas.
El analista Juan Ramón Medrano, de la Universidad Francisco Gavidia, opinó que debe haber una "salida salomónica" y abogó por una "reforma" que aclare la forma de elección de los 15 magistrados -cinco cada tres años-, confusa en la actual Constitución.
El 6 de junio pasado, la Sala Constitucional declaró ilegal la elección de los cinco magistrados de abril pasado y la de 2006, argumentando que ambas fueron hechas por legislaturas que eligieron jueces en dos ocasiones durante sus tres años de funciones, lo cual -dice- está prohibido por la Constitución.
El caso de los cinco electos en 2006 no había sido declarado ilegal antes porque había otra correlación de fuerzas en la Sala Constitucional.
La legislatura que concluyó el 30 de abril, en la que la izquierda tenía mayoría, eligió a los cinco de 2009 y a los cinco nuevos de este año, y designó como fiscal al abogado Ástor Escalante -cercano a uno de los grupos en alianza con el FMLN-, elección también declarada ilegal.
En su fallo, la Sala ordenó que magistrados y fiscal fueran electos en la legislatura que asumió el 1 de mayo, en la que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) es determinante para la mayoría calificada que se requiere en la elección de jueces.
Pero los diputados desoyeron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que ordenó a la justicia salvadoreña dejar sin efecto el fallo de junio, lo cual fue declarado "inaplicable" por la Sala Constitucional señalando que es un asunto interno.
"Es un momento difícil porque se abrió un portillo que no se sabe cómo se va a cerrar", agregó Cañas, profesor de la estatal Universidad de El Salvador.
En medio de la turbulencia política, el presidente Mauricio Funes ha sido criticado por sectores que lo acusan de no hacer respetar el fallo en represalia porque la Sala Constitucional le quitó el uso discrecional de fondos del Estado.
Para el máximo líder empresarial Jorge Daboub, Funes es "cómplice" de lo que llamó "golpe de Estado al poder Judicial".
Analistas y empresarios han advertido que la crisis afecta la credibilidad política y estabilidad económica de El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el lunes "pleno respeto" de la separación de los poderes, y días antes la responsable para América Latina del departamento de Estado, Roberta Jacobson, expresó "preocupación".
El gobierno de Barack Obama "debe dejar claro" a San Salvador que si no "se implementan rápidamente medidas para restaurar el orden constitucional y democrático" Estados Unidos "considerará una serie de medidas bilaterales", como la suspensión de ayudas, advirtieron los senadores demócrata Robert Menendez y republicano Marco Rubio, en un comunicado.
La Universidad de El Salvador pidió en un pronunciamiento que "se acaten inmediatamente" las resoluciones de la Sala, y la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita) recordó al Congreso que las sentencias son de "obligatorio cumplimiento".
El nuevo presidente de la CSJ de El Salvador, Ovidio Bonilla, este lunes en su primera sesión en el puesto. La instalación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundizó en El Salvador una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha, riesgosa para la estabilidad del país, según analistas.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, durante su tercer aniversario en el poder, el 1 de junio de 2012. La instalación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundizó en El Salvador una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha, riesgosa para la estabilidad del país, según analistas.
