Rumanía pone a prueba al Estado de derecho en la UE
El primer ministro Ponta defiende en Bruselas medidas de dudosa legalidad
Ricardo Martínez de Rituerto
Bruselas, El País
La crisis política rumana —una “lucha política de sorprendente intensidad entre dos campos irreconciliables”, según las moderadas palabras del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz— llega ahora a Bruselas, donde el primer ministro rumano, Victor Ponta, intentará explicar en las instituciones europeas qué está pasando en su país. La recepción no va a ser cálida en la capital de la UE, que hace unos meses tuvo que tratar con los excesos en Hungría, otro de los países de la ampliación. Viviane Reding, vicepresidente y comisaria de Justicia, cree posible que la Comisión se vea obligada durante años a vigilar en la UVI al Estado de derecho en el país.
La animosidad personal y política entre el primer ministro centroizquierdista Ponta, apoyado por la mayoría parlamentaria de su coalición Unión Social Liberal (USL), y el presidente centroderechista, Traian Basescu, alcanzó su punto álgido la semana pasada con la destitución parlamentaria, validada por el Tribunal Constitucional, del impopular jefe del Estado y su sustitución provisional por Crin Antonescu, líder de la USL. La medida está pendiente de ratificación en un referéndum previsto para el próximo 29 de julio.
Sin que extrañara a nadie familiarizado con el modo de hacer política en la región, en dos meses de guerrilla parlamentaria en Bucarest hubo acusaciones de plagio contra el primer ministro; condena firme por corrupción, y subsiguiente intento de suicidio, de Adrian Nastase, otro ex primer ministro (entre 2000 y 2004) y mentor de Ponta; la destitución parlamentaria de Basescu, y una modificación por decreto del procedimiento de consulta popular con ánimo de facilitar la condonación legal de la caída del presidente.
“Veo un gran peligro en los últimos acontecimientos en Rumanía, que podría cuestionar todos los avances de los últimos años”, dijo ayer Reding, antes de recibir el ministro de Justicia rumano, Titus Corlatean. “No excluyo que la Comisión tenga que vigilar durante años [el Estado de derecho en Rumanía], con las consecuencias que los otros Estados de la UE puedan extraer sobre el espacio Schengen”. Rumania y Bulgaria no participan en Schengen por el veto de Holanda, que duda de la justicia y de la lucha contra la corrupción en Rumanía. Alemania también ha levantado la voz en los últimos días.
Ponta rindió el miércoles visita a Schultz y será recibido el jueves por los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. “Si se me demuestra que se han roto las normas de la UE, lo que nunca pretendí, cambiaremos lo que haga falta”, indicó el primer ministro en un comunicado.
El presidente del Parlamento Europeo se dice extrañado del silencio de Consejo y Comisión sobre los acontecimientos en Rumanía, a pesar de los recortes de poderes e instituciones independientes, y ha pedido a la Comisión “que haga su trabajo” de velar por el respeto al Estado de derecho en la Unión. La Comisión se ha mostrado inquieta “por la rapidez y las consecuencias de decisiones tomadas en las últimas semanas”, según una portavoz de Barroso, y está a la espera del resultado de la visita de Ponta.
Ricardo Martínez de RituertoBruselas, El País
La crisis política rumana —una “lucha política de sorprendente intensidad entre dos campos irreconciliables”, según las moderadas palabras del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz— llega ahora a Bruselas, donde el primer ministro rumano, Victor Ponta, intentará explicar en las instituciones europeas qué está pasando en su país. La recepción no va a ser cálida en la capital de la UE, que hace unos meses tuvo que tratar con los excesos en Hungría, otro de los países de la ampliación. Viviane Reding, vicepresidente y comisaria de Justicia, cree posible que la Comisión se vea obligada durante años a vigilar en la UVI al Estado de derecho en el país.
La animosidad personal y política entre el primer ministro centroizquierdista Ponta, apoyado por la mayoría parlamentaria de su coalición Unión Social Liberal (USL), y el presidente centroderechista, Traian Basescu, alcanzó su punto álgido la semana pasada con la destitución parlamentaria, validada por el Tribunal Constitucional, del impopular jefe del Estado y su sustitución provisional por Crin Antonescu, líder de la USL. La medida está pendiente de ratificación en un referéndum previsto para el próximo 29 de julio.
Sin que extrañara a nadie familiarizado con el modo de hacer política en la región, en dos meses de guerrilla parlamentaria en Bucarest hubo acusaciones de plagio contra el primer ministro; condena firme por corrupción, y subsiguiente intento de suicidio, de Adrian Nastase, otro ex primer ministro (entre 2000 y 2004) y mentor de Ponta; la destitución parlamentaria de Basescu, y una modificación por decreto del procedimiento de consulta popular con ánimo de facilitar la condonación legal de la caída del presidente.
“Veo un gran peligro en los últimos acontecimientos en Rumanía, que podría cuestionar todos los avances de los últimos años”, dijo ayer Reding, antes de recibir el ministro de Justicia rumano, Titus Corlatean. “No excluyo que la Comisión tenga que vigilar durante años [el Estado de derecho en Rumanía], con las consecuencias que los otros Estados de la UE puedan extraer sobre el espacio Schengen”. Rumania y Bulgaria no participan en Schengen por el veto de Holanda, que duda de la justicia y de la lucha contra la corrupción en Rumanía. Alemania también ha levantado la voz en los últimos días.
Ponta rindió el miércoles visita a Schultz y será recibido el jueves por los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. “Si se me demuestra que se han roto las normas de la UE, lo que nunca pretendí, cambiaremos lo que haga falta”, indicó el primer ministro en un comunicado.
El presidente del Parlamento Europeo se dice extrañado del silencio de Consejo y Comisión sobre los acontecimientos en Rumanía, a pesar de los recortes de poderes e instituciones independientes, y ha pedido a la Comisión “que haga su trabajo” de velar por el respeto al Estado de derecho en la Unión. La Comisión se ha mostrado inquieta “por la rapidez y las consecuencias de decisiones tomadas en las últimas semanas”, según una portavoz de Barroso, y está a la espera del resultado de la visita de Ponta.
