Convergencia pide informe oral al Canciller por retraso en salvoconducto
La Paz, ANF
La Bancada de Convergencia Nacional informó que en los próximos días solicitará un informe oral al canciller David Choquehuanca para conocer las razones por las que aún no se otorgó el salvoconducto a favor del senador Roger Pinto, quien tiene asilo político en el Brasil y mantiene vigilia desde el 28 de mayo en las instalaciones de la Embajada de ese país en la ciudad de La Paz.
El diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterio, considera que las tácticas y actitudes dilatorias de parte del Gobierno Nacional al no dar curso a la solicitud de salvoconducto incurrirían en la tipicidad de delito.
“Nosotros estamos convocando de manera formal y oficial al canciller David Choquehuanca para que preste una petición de informe oral al pleno de las Asamblea Legislativa y con esos elementos analizar si incurre en incumplimiento de deberes, según la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, manifestó Monasterios.
El legislador exhortó al gobierno a que cumpla con los tratados y convenios internacionales que se aplican en todos los ámbitos y no solamente en el caso específico del senador Pinto. “Negar ese derecho va en contra del derecho internacional y del Estado Boliviano”.
En ese sentido, Monasterio reiteró que cualquier actitud dilatoria, o, posición de sobreponer a la norma y la ley condiciones que tengan algún fin político, se recurrirá a una instancia legal no solamente en el ámbito nacional sino internacional.
El 28 de mayo de 2012, el senador Pinto se refugió en la Embajada del Brasil pidiendo asilo político, tras denunciar que el Gobierno del presidente Evo Morales le inició 20 procesos penales en su contra por denunciar casos de corrupción y supuestos nexos de narcotráfico que implicaría a funcionarios públicos. El viernes 8 de junio la Cancillería del Brasil oficializó el asilo político a favor del legislador pandino.
Los procesos penales instaurados en contra de Pinto son por el supuesto delito de daño al Estado en la Zona Franca de Pando, por este caso existe un mandamiento de aprehensión. Cinco casos son por delitos forestales. Otros cuatro procesos son por el delito de desacato, iniciados por el vicepresidente, Álvaro García Linera, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el fiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza. Otro juicio es por presunto asesinato en el caso de la masacre de Porvenir (Pando), además de otros.
La Bancada de Convergencia Nacional informó que en los próximos días solicitará un informe oral al canciller David Choquehuanca para conocer las razones por las que aún no se otorgó el salvoconducto a favor del senador Roger Pinto, quien tiene asilo político en el Brasil y mantiene vigilia desde el 28 de mayo en las instalaciones de la Embajada de ese país en la ciudad de La Paz.
El diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterio, considera que las tácticas y actitudes dilatorias de parte del Gobierno Nacional al no dar curso a la solicitud de salvoconducto incurrirían en la tipicidad de delito.
“Nosotros estamos convocando de manera formal y oficial al canciller David Choquehuanca para que preste una petición de informe oral al pleno de las Asamblea Legislativa y con esos elementos analizar si incurre en incumplimiento de deberes, según la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, manifestó Monasterios.
El legislador exhortó al gobierno a que cumpla con los tratados y convenios internacionales que se aplican en todos los ámbitos y no solamente en el caso específico del senador Pinto. “Negar ese derecho va en contra del derecho internacional y del Estado Boliviano”.
En ese sentido, Monasterio reiteró que cualquier actitud dilatoria, o, posición de sobreponer a la norma y la ley condiciones que tengan algún fin político, se recurrirá a una instancia legal no solamente en el ámbito nacional sino internacional.
El 28 de mayo de 2012, el senador Pinto se refugió en la Embajada del Brasil pidiendo asilo político, tras denunciar que el Gobierno del presidente Evo Morales le inició 20 procesos penales en su contra por denunciar casos de corrupción y supuestos nexos de narcotráfico que implicaría a funcionarios públicos. El viernes 8 de junio la Cancillería del Brasil oficializó el asilo político a favor del legislador pandino.
Los procesos penales instaurados en contra de Pinto son por el supuesto delito de daño al Estado en la Zona Franca de Pando, por este caso existe un mandamiento de aprehensión. Cinco casos son por delitos forestales. Otros cuatro procesos son por el delito de desacato, iniciados por el vicepresidente, Álvaro García Linera, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el fiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza. Otro juicio es por presunto asesinato en el caso de la masacre de Porvenir (Pando), además de otros.