Obama veta la entrega al Congreso de documentos sobre la venta de armas a cárteles mexicanos
Washington, EP
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha utilizado este miércoles sus poderes ejecutivos para impedir que el fiscal general, Eric Holder, entregase una serie de documentos a una comisión de la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano que investiga el operativo que dio luz verde a la entrega de armas a cárteles mexicanos de la droga, conocido con el nombre de 'Rápido y Furioso'.
La operación fue llevada a cabo por las autoridades estadounidenses como parte de una supuesta estrategia para llegar al corazón de estas mafias y capturar a sus principales líderes. Holder ha asegurado en varias ocasiones que no conocía el operativo cuando se desarrolló entre 2009 y 2010.
El presidente puede hacer uso de los poderes ejecutivos para impedir la divulgación de algunos documentos en el Congreso si contienen conversaciones privadas entre el jefe de Estado y miembros del Gobierno que no deberían ser divulgadas.
Holder escribió una carta el martes a Obama para que hiciera uso de estos poderes y en la que argumentaba que si se compartían los documentos "se producirían ciertos problemas en la separación de poderes y podría crearse un desequilibrio en la relación" entre el Congreso y la Casa Blanca, según ha informado el diario 'The Washington Post'.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representante, presidida por el republicano Darrel Issa, votará para presentar una demanda contra el fiscal general por desacato que debería llevarse ante la Cámara de Representantes. Si ésta la acepta, posteriormente se presentará una demanda ante un tribunal ordinario de Washington.
Según el Servicio de Investigación del Congreso, citado por el diario, solo una decena de miembros del Gobierno en los últimos 40 años han sido convocados por desacato al no proporcionar los documentos requeridos por una comisión. Sin embargo, antes de que tuvieran que comparecer en el Congreso, el Gobierno entregaba los documentos para dar por finalizado el proceso.
Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha denunciado que el uso de los poderes ejecutivos por parte de Obama muestra que "la Casa Blanca está implicada en la operación 'Rápido y Furioso' o en el encubrimiento posterior".
MÁS DE 2.000 ARMAS
Más de 2.000 armas de fuego --como AK 47 y AR-15-- habrían sido introducidas ilegalmente en México mediante la misión estadounidense 'Rápido y Furioso' --sin el supuesto consentimiento del Gobierno mexicano-- con el objetivo de hacerles un seguimiento y poder llegar al centro de los principales cárteles de la droga en esa nación azotada por la violencia.
Varias decenas habrían sido vendidas al Cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los criminales más buscados del planeta y considerado el capo de la droga más poderoso de los últimos años.
México ha manifestado en repetidas ocasiones su repudio por esta operación encubierta que, según las autoridades del país, pudo ayudar a incrementar la violencia en esa nación, donde más de 50.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006 en hechos relacionados con el crimen organizado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha utilizado este miércoles sus poderes ejecutivos para impedir que el fiscal general, Eric Holder, entregase una serie de documentos a una comisión de la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano que investiga el operativo que dio luz verde a la entrega de armas a cárteles mexicanos de la droga, conocido con el nombre de 'Rápido y Furioso'.
La operación fue llevada a cabo por las autoridades estadounidenses como parte de una supuesta estrategia para llegar al corazón de estas mafias y capturar a sus principales líderes. Holder ha asegurado en varias ocasiones que no conocía el operativo cuando se desarrolló entre 2009 y 2010.
El presidente puede hacer uso de los poderes ejecutivos para impedir la divulgación de algunos documentos en el Congreso si contienen conversaciones privadas entre el jefe de Estado y miembros del Gobierno que no deberían ser divulgadas.
Holder escribió una carta el martes a Obama para que hiciera uso de estos poderes y en la que argumentaba que si se compartían los documentos "se producirían ciertos problemas en la separación de poderes y podría crearse un desequilibrio en la relación" entre el Congreso y la Casa Blanca, según ha informado el diario 'The Washington Post'.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representante, presidida por el republicano Darrel Issa, votará para presentar una demanda contra el fiscal general por desacato que debería llevarse ante la Cámara de Representantes. Si ésta la acepta, posteriormente se presentará una demanda ante un tribunal ordinario de Washington.
Según el Servicio de Investigación del Congreso, citado por el diario, solo una decena de miembros del Gobierno en los últimos 40 años han sido convocados por desacato al no proporcionar los documentos requeridos por una comisión. Sin embargo, antes de que tuvieran que comparecer en el Congreso, el Gobierno entregaba los documentos para dar por finalizado el proceso.
Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha denunciado que el uso de los poderes ejecutivos por parte de Obama muestra que "la Casa Blanca está implicada en la operación 'Rápido y Furioso' o en el encubrimiento posterior".
MÁS DE 2.000 ARMAS
Más de 2.000 armas de fuego --como AK 47 y AR-15-- habrían sido introducidas ilegalmente en México mediante la misión estadounidense 'Rápido y Furioso' --sin el supuesto consentimiento del Gobierno mexicano-- con el objetivo de hacerles un seguimiento y poder llegar al centro de los principales cárteles de la droga en esa nación azotada por la violencia.
Varias decenas habrían sido vendidas al Cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los criminales más buscados del planeta y considerado el capo de la droga más poderoso de los últimos años.
México ha manifestado en repetidas ocasiones su repudio por esta operación encubierta que, según las autoridades del país, pudo ayudar a incrementar la violencia en esa nación, donde más de 50.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006 en hechos relacionados con el crimen organizado.