La primavera de Túnez encalla entre el desempleo y los salafistas
El desempleo alcanza al 18% de la población activa, el doble en el caso de los universitarios
Óscar Gutiérez, El País
Que el actual Gobierno de transición en Túnez no es capaz de reanimar la economía bien podría decirlo la oposición. Y lo hace. Pero el penúltimo revuelo en el país pionero de la primavera árabe lo ha levantado la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P). No ya por lo que dice: la deuda tunecina está al nivel del bono basura, la recuperación es "lenta" y las "incertidumbres se mantendrán hasta las próximas elecciones". Sino por quien hace leña con ello. El presidente provisional, Moncef Marzouki, tuvo que llamar recientemente al orden a varios de sus consejeros por lanzar dardos envenenados contra el gabinete del primer ministro, Hamadi Jebali, del partido islamista Ennahda.
El más duro llegó del asesor de asuntos económicos de la Presidencia, Mohamed Chawki Abid, que pidió la disolución del actual Ejecutivo ante el revolcón de S&P y la rebaja de la nota de Túnez en dos escalones. Las piedras de los consejeros de Marzouki no caen, sin embargo, en un tejado ajeno. El presidente encabeza el partido Congreso por la República (CPR), miembro de la troika que gobierna en coalición el país desde los comicios de diciembre precisamente junto a Ennahda (vencedores en las urnas) y los socialistas de Ettakatol.
Disputas políticas al margen, a la alegría por la marcha del presidente Zine el Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011 le siguió la depresión económica y una caída del PIB del 1,8% el pasado año. El turismo, uno de los motores de Túnez, sigue cuesta abajo, mientras el déficit comercial se estira a la vez que la deuda pública. Pero entre todos, el mayor obstáculo -el que afecta al día a día de los tunecinos- es el desempleo: un 18% de la población está en paro (un 13%, antes de la revolución). Los más afectados son los estudiantes universitarios, entre los que el 35% no encuentra trabajo.
No lo lograba ya antes de la revuelta la hermana de Mohamed Bouazizi cuando este, único sustento económico de la familia, dejó que la desesperación prendiera la llama que acabó con su vida el 17 de diciembre de 2010 y encendió la revolución. Fue en Sidi Bouzid. Un año y medio después, la raíz del alzamiento sigue siendo el motor del malestar; las manifestaciones de los jóvenes, universitarios muchos ellos en busca de empleo, no han cesado en la pequeña localidad símbolo de la revolución. Pero no son los únicos.
El Sidi Bouzid pos-Ben Ali se enfrenta ahora a la embestida de los salafistas, integristas en su interpretación del islam y poco amigos, entre otras cosas, del alcohol y la música. A mediados del mes de mayo, estos barbudos la emprendían contra los bares y licorerías de la ciudad. Una semana después, el órdago contra las autoridades subió un escalón en Jendouba, en el norte de Túnez, donde decenas de salafistas atacaron con piedras y cócteles Molotov una comisaría policial. Un ataque similar en Ghardimaou se saldó hace 10 días con la detención de 15 personas.
Hasta ahí la paciencia del Gobierno, de corte islamista, pero que ha frenado la pretensión salafista de introducir en la Constitución la sharía (ley islámica) como fuente de derecho. El ministro de Interior, Ali Larayedh, de Ennahda, ha advertido de que las fuerzas de seguridad podrían usar "fuego real" contra los que ataquen las instituciones del Estado. Y ahí van incluidas las comisarias.
Óscar Gutiérez, El PaísQue el actual Gobierno de transición en Túnez no es capaz de reanimar la economía bien podría decirlo la oposición. Y lo hace. Pero el penúltimo revuelo en el país pionero de la primavera árabe lo ha levantado la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P). No ya por lo que dice: la deuda tunecina está al nivel del bono basura, la recuperación es "lenta" y las "incertidumbres se mantendrán hasta las próximas elecciones". Sino por quien hace leña con ello. El presidente provisional, Moncef Marzouki, tuvo que llamar recientemente al orden a varios de sus consejeros por lanzar dardos envenenados contra el gabinete del primer ministro, Hamadi Jebali, del partido islamista Ennahda.
El más duro llegó del asesor de asuntos económicos de la Presidencia, Mohamed Chawki Abid, que pidió la disolución del actual Ejecutivo ante el revolcón de S&P y la rebaja de la nota de Túnez en dos escalones. Las piedras de los consejeros de Marzouki no caen, sin embargo, en un tejado ajeno. El presidente encabeza el partido Congreso por la República (CPR), miembro de la troika que gobierna en coalición el país desde los comicios de diciembre precisamente junto a Ennahda (vencedores en las urnas) y los socialistas de Ettakatol.
Disputas políticas al margen, a la alegría por la marcha del presidente Zine el Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011 le siguió la depresión económica y una caída del PIB del 1,8% el pasado año. El turismo, uno de los motores de Túnez, sigue cuesta abajo, mientras el déficit comercial se estira a la vez que la deuda pública. Pero entre todos, el mayor obstáculo -el que afecta al día a día de los tunecinos- es el desempleo: un 18% de la población está en paro (un 13%, antes de la revolución). Los más afectados son los estudiantes universitarios, entre los que el 35% no encuentra trabajo.
No lo lograba ya antes de la revuelta la hermana de Mohamed Bouazizi cuando este, único sustento económico de la familia, dejó que la desesperación prendiera la llama que acabó con su vida el 17 de diciembre de 2010 y encendió la revolución. Fue en Sidi Bouzid. Un año y medio después, la raíz del alzamiento sigue siendo el motor del malestar; las manifestaciones de los jóvenes, universitarios muchos ellos en busca de empleo, no han cesado en la pequeña localidad símbolo de la revolución. Pero no son los únicos.
El Sidi Bouzid pos-Ben Ali se enfrenta ahora a la embestida de los salafistas, integristas en su interpretación del islam y poco amigos, entre otras cosas, del alcohol y la música. A mediados del mes de mayo, estos barbudos la emprendían contra los bares y licorerías de la ciudad. Una semana después, el órdago contra las autoridades subió un escalón en Jendouba, en el norte de Túnez, donde decenas de salafistas atacaron con piedras y cócteles Molotov una comisaría policial. Un ataque similar en Ghardimaou se saldó hace 10 días con la detención de 15 personas.
Hasta ahí la paciencia del Gobierno, de corte islamista, pero que ha frenado la pretensión salafista de introducir en la Constitución la sharía (ley islámica) como fuente de derecho. El ministro de Interior, Ali Larayedh, de Ennahda, ha advertido de que las fuerzas de seguridad podrían usar "fuego real" contra los que ataquen las instituciones del Estado. Y ahí van incluidas las comisarias.
