La democracia libia choca con las armas
La producción de petróleo, a niveles de antes de la guerra, aviva la transición antes de los comicios del día 19 que de los que saldrá la Asamblea Constituyente
J. M. MUÑOZ
Madrid, El País
¿Puede organizar un país elecciones constituyentes siendo incapaz de controlar la seguridad en su principal aeropuerto internacional, asaltado por una milicia? ¿Es posible que un primer ministro gobierne cuando policías mueren en un ataque perpetrado por tipos armados contra su oficina? Libia celebrará el 19 de junio unos comicios para elegir a los 200 diputados que redactarán una Constitución en un Estado plagado de reinos de taifas y de milicias que rechazan su desarme y que atesoran indudable poder. Pero, simultáneamente, otros datos apuntan a que no todo es catastrófico. Ni mucho menos. Ya se han celebrado algunas elecciones locales y la vida cotidiana para los seis millones de libios retorna a la normalidad después de la enorme convulsión que supuso la guerra y el colapso de la dictadura. Y crucial: La producción de petróleo, el maná que proporciona a Libia el 90% de sus ingresos, ha recuperado antes de lo previsto el nivel previo a la revolución de febrero de 2011.
En este panorama caótico, ocho meses después de la captura y asesinato de Muamar el Gadafi, los libios, paradójicamente, disfrutan de cierta estabilidad. Porque lo insoportablemente imprevisible era una dictadura -la de Gadafi- capaz de anular el régimen de la propiedad privada o de prohibir las exportaciones e importaciones de la noche a la mañana. Literalmente, los libios podían despertarse cualquier mañana despojados de una de sus viviendas, negocios, fábricas o campos de cultivo. Ahora, la vida económica y comercial ha recuperado el pulso y nada presagia que puedan decretarse expropiaciones o decisiones arbitrarias que cambian en horas pilares fundamentales del Estado.
La rebelión contra el déspota Gadafi y el hundimiento del régimen, bajo el acero de la OTAN y el entusiasmo de los insurgentes, han desencadenado dinámicas peligrosas para la estabilidad regional y la unidad del país. La proliferación de armas amenaza la estabilidad de otros países africanos y ya ha provocado la proclamación de un Estado tuareg en gran parte de Malí; 3.000 líderes tribales de la oriental Cirenaica, tradicionalmente recelosa a todo lo que proviene de Trípoli, anunciaron en marzo la formación de un Gobierno regional autónomo; las ciudades de Misrata y Zintán, las más beligerantes contra el tirano, son feudos en los que la autoridad federal no existe. Las escaramuzas a tiros entre grupos tribales en las ciudades sureñas de Sabha y Kufra son moneda común. Algunas sospechas recaen también sobre las veleidades de autogobierno de los bereberes de las montañas de Nafusa, flagrantemente discriminados por el tirano de Sirte.
Casi todo está por construir en un país en el que, a diferencia de otras naciones árabes también sacudidas por las revueltas contra sus dictadores, se hizo tabla rasa de las instituciones del Estado. El ejército, despreciado por Gadafi, y la policía están en plena formación; solo esta semana ha comenzado el primer juicio contra un preboste del régimen: el exjefe de los servicios de inteligencia exterior, Bouzid Dorda, mientras Saif el Islam, hijo de Gadafi, continúa retenido por la milicia de Zintán, que se niega a entregarlo a las autoridades judiciales; se han tenido que cambiar de arriba a bajo los currículum del sistema educativo… Los esfuerzos de los nuevos dirigentes, desde los primeros días del alzamiento, se han centrado en gran medida en preservar las instalaciones petroleras.
La petrolera británica BP y la italiana ENI han regresado a trabajar a Libia en pos del excelente crudo libio, codiciado por la facilidad para su refino. Ya se extraen 1,5 millones de barriles diarios, como antes de febrero del año pasado. Las compañías aéreas de Túnez, Austria, Italia, Egipto, Alemania, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Marruecos inauguran o reanudan vuelos comerciales a Trípoli, y en menor medida a Bengasi y Misrata. El incidente en el aeropuerto de Trípoli esta semana -hombres armados de Tarhuna, ciudad cercana a Trípoli, allanaron sin oposición las pistas- se atisba como un escollo menor. Otros obstáculos son de envergadura. Y el temor a que se desate una corrupción rampante no es el menor de ellos.
Un diplomático occidental apuntaba a este diario en octubre pasado que el Consejo Nacional Transitorio, organismo que dirige el país, prefería que se retrasara la descongelación de los fondos soberanos libios -alrededor de 130.000 millones de euros-- en el exterior, por mucho que proclamaran lo contrario. Por un motivo: aseguraba el diplomático que Alí Tarhuni, entonces ministro del Petróleo y Hacienda, desconfiaba abiertamente de la gestión que pudiera realizarse de ese dinero y temía que pudiera generar corrupción en un país que carece de una Administración digna de tal nombre.
"Esta gente joven necesita retos. Necesitan empleos. Mientras no lo tengan, conservarán sus Kalashnikov y estarán en la calles, probablemente montando checkpoints", comentaba el lunes el viceprimer ministro Mustafá Abushagur, de visita oficial en Washington a la caza de inversiones estadounidenses. Por ello no puede ser más inoportuno lo ocurrido horas después en Bengasi, noche del martes, cuando la legación diplomática fue atacada con un artefacto explosivo sin causar víctimas. Dos semanas atrás las oficinas de la Cruz Roja fueron también atacadas con lanzagranadas. Llevará tiempo para que los libios, habituados al capricho y a las políticas erráticas del autócrata que gobernó 42 años, encaucen sus demandas a través de las instituciones.
"La democracia es todavía desconocida para el pueblo libio y la gente no sabe cómo hacer uso de su libertad. Plantean exigencias que estiman legítimas. Creen que [tomar instalaciones estratégicas] es la mejor manera de expresar su ira", admitía a la agencia Reuters el ministro del Interior, Fauzi Abdel Aal, sobre el asalto al aeropuerto de Trípoli. Milicianos de Zintán reconquistaron el aeródromo y lo devolvieron al débil Gobierno.
J. M. MUÑOZMadrid, El País
¿Puede organizar un país elecciones constituyentes siendo incapaz de controlar la seguridad en su principal aeropuerto internacional, asaltado por una milicia? ¿Es posible que un primer ministro gobierne cuando policías mueren en un ataque perpetrado por tipos armados contra su oficina? Libia celebrará el 19 de junio unos comicios para elegir a los 200 diputados que redactarán una Constitución en un Estado plagado de reinos de taifas y de milicias que rechazan su desarme y que atesoran indudable poder. Pero, simultáneamente, otros datos apuntan a que no todo es catastrófico. Ni mucho menos. Ya se han celebrado algunas elecciones locales y la vida cotidiana para los seis millones de libios retorna a la normalidad después de la enorme convulsión que supuso la guerra y el colapso de la dictadura. Y crucial: La producción de petróleo, el maná que proporciona a Libia el 90% de sus ingresos, ha recuperado antes de lo previsto el nivel previo a la revolución de febrero de 2011.
En este panorama caótico, ocho meses después de la captura y asesinato de Muamar el Gadafi, los libios, paradójicamente, disfrutan de cierta estabilidad. Porque lo insoportablemente imprevisible era una dictadura -la de Gadafi- capaz de anular el régimen de la propiedad privada o de prohibir las exportaciones e importaciones de la noche a la mañana. Literalmente, los libios podían despertarse cualquier mañana despojados de una de sus viviendas, negocios, fábricas o campos de cultivo. Ahora, la vida económica y comercial ha recuperado el pulso y nada presagia que puedan decretarse expropiaciones o decisiones arbitrarias que cambian en horas pilares fundamentales del Estado.
La rebelión contra el déspota Gadafi y el hundimiento del régimen, bajo el acero de la OTAN y el entusiasmo de los insurgentes, han desencadenado dinámicas peligrosas para la estabilidad regional y la unidad del país. La proliferación de armas amenaza la estabilidad de otros países africanos y ya ha provocado la proclamación de un Estado tuareg en gran parte de Malí; 3.000 líderes tribales de la oriental Cirenaica, tradicionalmente recelosa a todo lo que proviene de Trípoli, anunciaron en marzo la formación de un Gobierno regional autónomo; las ciudades de Misrata y Zintán, las más beligerantes contra el tirano, son feudos en los que la autoridad federal no existe. Las escaramuzas a tiros entre grupos tribales en las ciudades sureñas de Sabha y Kufra son moneda común. Algunas sospechas recaen también sobre las veleidades de autogobierno de los bereberes de las montañas de Nafusa, flagrantemente discriminados por el tirano de Sirte.
Casi todo está por construir en un país en el que, a diferencia de otras naciones árabes también sacudidas por las revueltas contra sus dictadores, se hizo tabla rasa de las instituciones del Estado. El ejército, despreciado por Gadafi, y la policía están en plena formación; solo esta semana ha comenzado el primer juicio contra un preboste del régimen: el exjefe de los servicios de inteligencia exterior, Bouzid Dorda, mientras Saif el Islam, hijo de Gadafi, continúa retenido por la milicia de Zintán, que se niega a entregarlo a las autoridades judiciales; se han tenido que cambiar de arriba a bajo los currículum del sistema educativo… Los esfuerzos de los nuevos dirigentes, desde los primeros días del alzamiento, se han centrado en gran medida en preservar las instalaciones petroleras.
La petrolera británica BP y la italiana ENI han regresado a trabajar a Libia en pos del excelente crudo libio, codiciado por la facilidad para su refino. Ya se extraen 1,5 millones de barriles diarios, como antes de febrero del año pasado. Las compañías aéreas de Túnez, Austria, Italia, Egipto, Alemania, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Marruecos inauguran o reanudan vuelos comerciales a Trípoli, y en menor medida a Bengasi y Misrata. El incidente en el aeropuerto de Trípoli esta semana -hombres armados de Tarhuna, ciudad cercana a Trípoli, allanaron sin oposición las pistas- se atisba como un escollo menor. Otros obstáculos son de envergadura. Y el temor a que se desate una corrupción rampante no es el menor de ellos.
Un diplomático occidental apuntaba a este diario en octubre pasado que el Consejo Nacional Transitorio, organismo que dirige el país, prefería que se retrasara la descongelación de los fondos soberanos libios -alrededor de 130.000 millones de euros-- en el exterior, por mucho que proclamaran lo contrario. Por un motivo: aseguraba el diplomático que Alí Tarhuni, entonces ministro del Petróleo y Hacienda, desconfiaba abiertamente de la gestión que pudiera realizarse de ese dinero y temía que pudiera generar corrupción en un país que carece de una Administración digna de tal nombre.
"Esta gente joven necesita retos. Necesitan empleos. Mientras no lo tengan, conservarán sus Kalashnikov y estarán en la calles, probablemente montando checkpoints", comentaba el lunes el viceprimer ministro Mustafá Abushagur, de visita oficial en Washington a la caza de inversiones estadounidenses. Por ello no puede ser más inoportuno lo ocurrido horas después en Bengasi, noche del martes, cuando la legación diplomática fue atacada con un artefacto explosivo sin causar víctimas. Dos semanas atrás las oficinas de la Cruz Roja fueron también atacadas con lanzagranadas. Llevará tiempo para que los libios, habituados al capricho y a las políticas erráticas del autócrata que gobernó 42 años, encaucen sus demandas a través de las instituciones.
"La democracia es todavía desconocida para el pueblo libio y la gente no sabe cómo hacer uso de su libertad. Plantean exigencias que estiman legítimas. Creen que [tomar instalaciones estratégicas] es la mejor manera de expresar su ira", admitía a la agencia Reuters el ministro del Interior, Fauzi Abdel Aal, sobre el asalto al aeropuerto de Trípoli. Milicianos de Zintán reconquistaron el aeródromo y lo devolvieron al débil Gobierno.
