Perú declara el estado de emergencia tras protestas mineras violentas
Lima, CNN
El gobierno de Perú declaró el estado emergencia por 30 días en la sureña provincia andina de Espinar, luego de violentas protestas mineras que dejaron dos civiles muertos y al menos 76 policías heridos este domingo.
Los disturbios ocurrieron entre cientos de policías y personas que apoyan una huelga indefinida en contra de la mina de cobre Tintaya, propiedad de la empresa suiza Xstrata plc.
Las medidas de emergencia, anunciadas este lunes, incluyen la suspensión de la libertad de reunión y dan poderes especiales a la policía con la esperanza de restaurar el orden en la provincia, dijo el primer ministro de Perú, Oscar Valdés.
Los ministros peruanos del Interior, Medio Ambiente y Energía y Minas, también estuvieron en la conferencia de prensa este lunes con Valdés.
En la conferencia de prensa, Valdés acusó a los manifestantes de tomar una posición radical.
"Nos ratificamos, como gobierno, que queremos el diálogo, en el caso de Espinar hemos llegado hasta el día de hoy intentando infructuosamente dialogar con los dirigentes, quienes han mostrado una posición muy radical, es por eso que para salvaguardar la seguridad de todos los pobladores y el libre tránsito, el día de hoy vamos a declarar el estado de emergencia", dijo Valdés.
Wilver Calle, el ministro del Interior, confirmó las dos muertes este lunes y dijo que 30 policías resultaron heridos este lunes y 46 el pasado domingo.
Los residentes alrededor de la mina se quedaron sin electricidad, según América Noticias, afiliada de CNN. La red televisiva mostró imágenes de un edificio de la mina en llamas.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió un minuto de silencio por las dos víctimas, durante una ceremonia de graduación la noche de este lunes.
Muchas personas en la provincia de Espinar han protestando desde la semana pasada y están pidiendo una investigación sobre supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya, y piden un aumento de la contribución de la compañía de tres a 30%, a las autoridades locales.
