Gobierno asegura que en Bolivia no existen perseguidos políticos sino acusados de corrupción
La Paz, AbiEl vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el miércoles que en Bolivia no existen perseguidos políticos sino acusados de actos de corrupción, en alusión al pedido de refugio formulado a la Embajada de Brasil por el senador de Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, acusado de hechos lesivos al Estado cuando ejercía la Prefectura de Pando a principios de 2000.
En conferencia de prensa, el segundo Mandatario sostuvo que el argumento de Pinto, sobre una supuesta "persecución política", no tiene asidero porque los procesos que tiene son de carácter penal.
"No se persigue a la gente por sus ideas, la gente que tiene algún juicio es por sus actos que van en contra de los preceptos legales", complementó.
El Vicepresidente boliviano recordó que Pinto tiene varias denuncias por corrupción y consideró que "tiene la obligación, como ciudadano y asambleísta", de afrontar la justicia, dar sus argumentos de defensa.
"Si él cree que tiene la razón, que no cometió esos delitos, pues debe estar feliz defendiéndose incluso hasta victimizándose porque saldría victorioso", afirmó el segundo del Ejecutivo boliviano.
Lo contrario, cuando se tiene deudas pendientes, dijo es huir de la justicia.
En esa línea, García Linera reafirmó que en Bolivia "no existen presos políticos, ni perseguidos políticos" sino existen acusados de hechos de corrupción y de delitos penales.
"Es obligación de cualquier ciudadano que si tiene esa acusación tenga que defenderse ante la justicia, pero estamos acostumbrándonos que muchos culpables prefieren huir, la persona que nada tiene nada teme. Si el senador siente que esas acusaciones de carácter penal tiene que ver con sus actos reñidos en contra de las leyes", fundamentó.
Según datos oficiales, el senador por el departamento amazónico de Pando tiene 20 procesos penales en su contra, entre ellos, procesos por el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija (Zofraco) en favor de la Universidad Amazónica de Pando, en su gestión de Prefecto de ese Departamento (2001), caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
De acuerdo a los antecedentes, tras la acumulación de las evidencias se determinó que el daño económico causado al Departamento de Pando fue de aproximadamente 11 millones de bolivianos, cuyo destino aún es desconocido.
