Bachelet y el "tsunami político" en Chile

Rodrigo Bustamante

ChileLa expresidenta Michelle Bachelet está en el centro del debate en Chile, entre quienes la acusan de tener la responsabilidad por los muertos que generó el tsunami del 27 de febrero de 2010 y quienes defienden su labor, denunciando ataques políticos en su contra.

Los diputados de la gobernante Alianza lograron reactivar una comisión investigadora sobre lo que ocurrió luego del terremoto de 8,8 grados Richter que remeció al país, acusando que la exmandataria supo de la existencia de las olas y no alertó a la población debidamente.

Muchos se preguntan qué tan responsable puede ser un presidente de lo que ocurre tras un cataclismo de la magnitud de lo que se vivió el 27 de febrero de 2010 en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.La reacción fue inmediata y los parlamentarios de la opositora Concertación acusaron un operativo para tratar de afectar la popularidad de Bachelet, que en la encuesta de opinión pública más importante del país obtuvo un 51% de preferencias como futura mandataria.

Para José Jara, magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Wisconsin y exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Chile, Bachelet hizo lo que pudo con los medios que tuvo.

"Se trató de un cataclismo y los efectos que tuvo fueron devastadores. En ese contexto pilló al país en una situación de ciertas debilidades institucionales, y ella tomó decisiones respecto de la información que disponía ese día, que probablemente era parcial y errada, pero sin duda que tomó decisiones", dijo a BBC Mundo.

Incapacidad del Estado

Sergio Micco, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, estima que más que apuntar a la responsabilidad de la presidenta, hay que mejorar las instituciones del Estado para que existan las herramientas adecuadas frente a futuras catástrofes.

"Cuál es la responsabilidad del sistema político chileno, del Estado, del poder ejecutivo, que hasta el día de hoy no tenemos un sistema de prevención, de alerta temprana y de mitigación de daños en un país que no solamente está dentro de los más sísmicos del mundo, sino que además hay más de 50 volcanes activos", cuestionó.

"No creo que las circunstancias hoy hubiesen sido muy distintas", agregó, remarcando que el debate "no debiera centrarse en las responsabilidades penales o político constitucionales, sino en la capacidad del Estado para enfrentar algo que no es un evento extraordinario, sino que son hechos propios de la geomorfología chilena".

Asumir responsabilidades

Muchos se preguntan qué tan responsable puede ser un presidente de lo que ocurre tras un cataclismo de tal magnitud.

Al día de hoy el conflicto se mantiene, y en el oficialismo se basan en un video de lo que ocurrió en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) la madrugada del terremoto para denunciar que la exjefa de Estado no dio una alarma que pudo haber evitado la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25.

Los diputados instaron a la directora de ONU Mujer a que declarara nuevamente ante la instancia, pero tras pedir desde París "respeto por las familias" y "no politizar el tema", Bachelet les envió una carta donde declinó responder el nuevo cuestionario.

El propio presidente Sebastián Piñera tomó parte en el debate al señalar que un mandatario "siempre debe asumir sus responsabilidades y nunca debe evadirlas, y eso es una buena regla de la democracia, que en nuestro país todos debiéramos cumplir".

El jefe de Estado sostuvo en entrevistas televisivas que según su entender "hubo los elementos y la información necesaria para haber dado una orden de evacuación que habría salvado muchas vidas".

El que no piensa así es el exministro de Defensa Francisco Vidal, quien afirmó a BBC Mundo que "mi evaluación estando ahí bajo su conducción es que hizo todo lo que era posible en el peor escenario de un país: un cataclismo que fue el quinto más grande en la historia del mundo, un país colapsado, un Estado colapsado".

Actualmente la comisión de la Cámara de Diputados busca establecer las responsabilidades políticas de Bachelet por lo ocurrido tras el terremoto, mientras que el Ministerio Público lleva adelante un proceso judicial que formalizó a ocho exautoridades por cuasidelito de homicidio.

La fiscal a cargo del caso adelantó que la directora de ONU Mujer no puede tener calidad de imputada judicialmente porque, desde lo legislativo, su rol ante un plan nacional de emergencia es de vocera y no de autoridad.