Obama vira su política de drogas de la persecución a la prevención
El presidente destina más recursos al tratamiento y la reinserción que a la persecución policial
Se pone final a la llamada Guerra contra las Drogas, iniciada por Nixon en 1971
Washington, El País
En un giro sustancial respecto a lo que ha sido tradicionalmente la política de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, la Casa Blanca presentó ayer un Plan Nacional sobre Drogas que, por primera vez, convierte en objetivo prioritario el tratamiento y la prevención de la drogadicción como una enfermedad, y relega a un segundo plano la detención y condena de los consumidores. Esa estrategia supone la culminación de un cambio iniciado por Barack Obama al llegar al Gobierno de la nación, en 2009, cuando se propuso invertir más recursos en ofrecer tratamiento médico a los adictos y menos en su persecución policial.
La Casa Blanca hizo ayer públicos los datos de su inversión en ese ámbito durante la presidencia de Obama: 31.000 millones de dólares (23.000 millones de euros) en programas de tratamiento y reinserción y 27.000 millones en operaciones policiales. Sólo en el año fiscal 2012 se invertirán 10.100 millones de dólares en prevención y 9.400 millones en partidas policiales. Se trata de un cambio de rumbo radical respecto a los años del anterior jefe del ejecutivo, George W. Bush, que presidió sobre una militarización de la lucha contra los estupefacientes, llegando a organizar 40.000 redadas policiales en contra tanto de traficantes como de consumidores, según estimaciones del grupo independiente Drug Policy Alliance.
Obama dijo el pasado fin de semana, durante una visita a Colombia con motivo de la Cumbre de las Américas, que se opone a la legalización de las drogas por considerar que crearía “un comercio masivo de sustancias que dominaría a muchos países”. Aun así, el propio Obama ha sido el primer presidente norteamericano que ha revertido la llamada guerra contra las drogas, iniciada oficialmente en 1971 por Richard Nixon, quien definió el problema en términos policiales. “El enemigo público número uno de América es el abuso de las drogas”, dijo Nixon entonces. Aquello colocaría, durante décadas, a los consumidores entre criminales.
En consecuencia, a lo largo de los años se aprobaron en el Capitolio diversas leyes que penalizaban por igual a los consumidores y a los narcotraficantes. En 1986, por ejemplo, el Congreso aprobó una norma que incrementó en un 100% las condenas por posesión de crack, que se produce disolviendo la cocaína en polvo en una mezcla de agua y amoníaco o bicarbonato de sodio. La posesión de sólo cinco gramos de crack por parte de personas sin antecedentes se penaba con cinco años de cárcel. El resultado: si en 1980 había sólo 5.000 personas por posesión de drogas en las prisiones federales de EE UU, en 2009 esa cifra pasó a ser de 100.000. Ante ese aumento desbocado, Obama impulsó la revocación de esa ley, algo que logró culminar en agosto de 2010. Finalmente, 12.000 presos quedaron en libertad, gracias a la aplicación retroactiva de esa modificación.
Con la nueva estrategia, Obama marcó ayer la culminación en un cambio radical a cómo entiende la Casa Blanca la persecución del narcotráfico. “Nuestra nación aun se enfrenta a graves desafíos relacionados con las drogas”, dijo ayer el Presidente en un mensaje dirigido al Congreso, con el que acompañó a su plan. “Demasiados norteamericanos necesitan tratamiento por problemas relacionados con el uso de sustancias, pero no lo reciben”. La Casa Blanca añadió, en un comunicado: “Décadas de estudios científicos demuestran que la adicción a las drogas no es un fallo moral por parte de los individuos, sino una enfermedad mental que puede prevenirse y tratarse”.
El cambio, hacia un modelo que los expertos consideran inspirado en políticas europeas, no es sólo filosófico. Tiene consecuencias prácticas. La Casa Blanca dijo ayer que, ahora, a través de colaboraciones con los 2.600 juzgados especializados en narcotráfico en EE UU, se envía anualmente a 120.000 detenidos por delitos menores de drogas a programas de rehabilitación y reinserción, “en lugar de a prisión”. En la ley de reforma sanitaria de 2009, además, el Presidente obligó a las aseguradoras a cubrir la adicción a las drogas como una enfermedad a prevenir y tratar.
Se pone final a la llamada Guerra contra las Drogas, iniciada por Nixon en 1971
Washington, El País
En un giro sustancial respecto a lo que ha sido tradicionalmente la política de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, la Casa Blanca presentó ayer un Plan Nacional sobre Drogas que, por primera vez, convierte en objetivo prioritario el tratamiento y la prevención de la drogadicción como una enfermedad, y relega a un segundo plano la detención y condena de los consumidores. Esa estrategia supone la culminación de un cambio iniciado por Barack Obama al llegar al Gobierno de la nación, en 2009, cuando se propuso invertir más recursos en ofrecer tratamiento médico a los adictos y menos en su persecución policial.
La Casa Blanca hizo ayer públicos los datos de su inversión en ese ámbito durante la presidencia de Obama: 31.000 millones de dólares (23.000 millones de euros) en programas de tratamiento y reinserción y 27.000 millones en operaciones policiales. Sólo en el año fiscal 2012 se invertirán 10.100 millones de dólares en prevención y 9.400 millones en partidas policiales. Se trata de un cambio de rumbo radical respecto a los años del anterior jefe del ejecutivo, George W. Bush, que presidió sobre una militarización de la lucha contra los estupefacientes, llegando a organizar 40.000 redadas policiales en contra tanto de traficantes como de consumidores, según estimaciones del grupo independiente Drug Policy Alliance.
Obama dijo el pasado fin de semana, durante una visita a Colombia con motivo de la Cumbre de las Américas, que se opone a la legalización de las drogas por considerar que crearía “un comercio masivo de sustancias que dominaría a muchos países”. Aun así, el propio Obama ha sido el primer presidente norteamericano que ha revertido la llamada guerra contra las drogas, iniciada oficialmente en 1971 por Richard Nixon, quien definió el problema en términos policiales. “El enemigo público número uno de América es el abuso de las drogas”, dijo Nixon entonces. Aquello colocaría, durante décadas, a los consumidores entre criminales.
En consecuencia, a lo largo de los años se aprobaron en el Capitolio diversas leyes que penalizaban por igual a los consumidores y a los narcotraficantes. En 1986, por ejemplo, el Congreso aprobó una norma que incrementó en un 100% las condenas por posesión de crack, que se produce disolviendo la cocaína en polvo en una mezcla de agua y amoníaco o bicarbonato de sodio. La posesión de sólo cinco gramos de crack por parte de personas sin antecedentes se penaba con cinco años de cárcel. El resultado: si en 1980 había sólo 5.000 personas por posesión de drogas en las prisiones federales de EE UU, en 2009 esa cifra pasó a ser de 100.000. Ante ese aumento desbocado, Obama impulsó la revocación de esa ley, algo que logró culminar en agosto de 2010. Finalmente, 12.000 presos quedaron en libertad, gracias a la aplicación retroactiva de esa modificación.
Con la nueva estrategia, Obama marcó ayer la culminación en un cambio radical a cómo entiende la Casa Blanca la persecución del narcotráfico. “Nuestra nación aun se enfrenta a graves desafíos relacionados con las drogas”, dijo ayer el Presidente en un mensaje dirigido al Congreso, con el que acompañó a su plan. “Demasiados norteamericanos necesitan tratamiento por problemas relacionados con el uso de sustancias, pero no lo reciben”. La Casa Blanca añadió, en un comunicado: “Décadas de estudios científicos demuestran que la adicción a las drogas no es un fallo moral por parte de los individuos, sino una enfermedad mental que puede prevenirse y tratarse”.
El cambio, hacia un modelo que los expertos consideran inspirado en políticas europeas, no es sólo filosófico. Tiene consecuencias prácticas. La Casa Blanca dijo ayer que, ahora, a través de colaboraciones con los 2.600 juzgados especializados en narcotráfico en EE UU, se envía anualmente a 120.000 detenidos por delitos menores de drogas a programas de rehabilitación y reinserción, “en lugar de a prisión”. En la ley de reforma sanitaria de 2009, además, el Presidente obligó a las aseguradoras a cubrir la adicción a las drogas como una enfermedad a prevenir y tratar.