El Congreso boliviano aprueba un convenio para normalizar las relaciones con EE.UU.
La Paz, EFE
El Congreso de Bolivia, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley que ratifica el convenio firmado a fines de 2011 con Estados Unidos para normalizar las relaciones bilaterales, deterioradas desde 2008 por la expulsión recíproca de embajadores, aún no restituidos.
El Senado boliviano anunció hoy que aprobó a última hora del jueves la ley, luego de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio en diciembre, y ha pasado la norma a la Presidencia para su promulgación.
La Cámara Alta destacó que el convenio establece "condiciones claras de respeto a la soberanía de ambos países".
El senador Adolfo Mendoza, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), declaró a los medios que el convenio no es una "dádiva que da el imperio" a Bolivia, ni una concesión boliviana ante "una política internacional de injerencia inaceptable", sino que es un llamado al diálogo.
El convenio marco fue firmado en noviembre pasado en Washington como primer paso para recomponer las relaciones y prevé el nombramiento de embajadores, pero no se ha fijado una fecha ni entonces ni en una reciente reunión bilateral en La Paz.
Morales expulsó en 2008 al embajador Philip Goldberg y a la agencia antidrogas estadounidense, DEA, acusándolos de conspirar en su contra.
Washington rechazó la acusación, replicó con la expulsión del embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, y luego suspendió para Bolivia el programa de preferencias arancelarias andinas conocido como ATPDEA.
El subsecretario estadounidense adjunto en funciones para América Latina, Kevin Whitakler, y la ministra boliviana de Planificación, Viviana Caro, se reunieron esta semana en La Paz y ratificaron la intención de restablecer embajadores, aunque nuevamente sin precisar fecha.
También firmaron un convenio por el que la agencia de cooperación internacional USAID otorga a Bolivia una ayuda en salud de 22 millones de dólares para los próximos seis años, pese a que el mes pasado Morales acusó a esa entidad de usar a organizaciones no gubernamentales para espiar en Bolivia.
El Congreso de Bolivia, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley que ratifica el convenio firmado a fines de 2011 con Estados Unidos para normalizar las relaciones bilaterales, deterioradas desde 2008 por la expulsión recíproca de embajadores, aún no restituidos.
El Senado boliviano anunció hoy que aprobó a última hora del jueves la ley, luego de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio en diciembre, y ha pasado la norma a la Presidencia para su promulgación.
La Cámara Alta destacó que el convenio establece "condiciones claras de respeto a la soberanía de ambos países".
El senador Adolfo Mendoza, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), declaró a los medios que el convenio no es una "dádiva que da el imperio" a Bolivia, ni una concesión boliviana ante "una política internacional de injerencia inaceptable", sino que es un llamado al diálogo.
El convenio marco fue firmado en noviembre pasado en Washington como primer paso para recomponer las relaciones y prevé el nombramiento de embajadores, pero no se ha fijado una fecha ni entonces ni en una reciente reunión bilateral en La Paz.
Morales expulsó en 2008 al embajador Philip Goldberg y a la agencia antidrogas estadounidense, DEA, acusándolos de conspirar en su contra.
Washington rechazó la acusación, replicó con la expulsión del embajador boliviano en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, y luego suspendió para Bolivia el programa de preferencias arancelarias andinas conocido como ATPDEA.
El subsecretario estadounidense adjunto en funciones para América Latina, Kevin Whitakler, y la ministra boliviana de Planificación, Viviana Caro, se reunieron esta semana en La Paz y ratificaron la intención de restablecer embajadores, aunque nuevamente sin precisar fecha.
También firmaron un convenio por el que la agencia de cooperación internacional USAID otorga a Bolivia una ayuda en salud de 22 millones de dólares para los próximos seis años, pese a que el mes pasado Morales acusó a esa entidad de usar a organizaciones no gubernamentales para espiar en Bolivia.