EE.UU. eleva la presión sobre Argentina por impagos antes de la Cumbre de Cartagena
Washington, EFE
Estados Unidos aumentó hoy la presión sobre Argentina por el impago de las compensaciones por más de 300 millones de dólares fijadas por un tribunal arbitral para dos compañías estadounidenses, con la suspensión temporal de los beneficios comerciales a ese país.
La medida entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido y deja a Argentina fuera del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo al anunciar este castigo que Argentina "no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses", según informó en un comunicado.
En la primera reacción oficial, la Cancillería argentina consideró "incomprensible" una decisión que reduce en unos 18 millones de dólares los beneficios a las empresas argentinas exportadoras, cuando el volumen de intercambio comercial bilateral es cercano a 18.000 millones de dólares y "ampliamente superavitario" para Estados Unidos.
Las exportaciones de Argentina con destino a EE.UU. protegidas por este acuerdo ascendieron en 2011 a 477 millones de dólares, lo que representa cerca de un 11 por ciento del comercio bilateral.
La disputa hace referencia a los fallos decretados en 2005 y 2006 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial a favor de las compañías estadounidenses Azurix y Blue Ridge Investment.
En 2002, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló el contrato de Azurix para dar servicio de agua potable y cloacas a 72 municipios, por lo que la empresa recurrió a la CIADI.
Por su parte, Blue Ridge está cargo de la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro en Argentina ese mismo año.
En ambos casos el tribunal internacional dio la razón a las empresas estadounidenses y dictaminó que Argentina debía otorgar una compensación de 165,2 millones de dólares y 133,2 millones de dólares, respectivamente.
El Gobierno de Cristina Fernández señaló que las dos compañías "jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina" y lamentó "el intento de obligar" a Argentina "a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias".
Además de Azurix y Blue Ridge, más de una treintena de empresas de servicios públicos europeas y estadounidenses han presentado demandas por la cancelación de contratos y perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas originalmente establecidas en dólares en medio de la aguda crisis financiera que vivió Argentina hace una década.
El representante estadounidense de Comercio Exterior, Ron Kirk, urgió hoy en un comunicado al Gobierno de Cristina Fernández a cumplir sus compromisos.
"El pago de las indemnizaciones nos permitiría considerar el restablecimiento de la elegibilidad de Argentina para el GSP y promover el crecimiento de una relación en materia de comercio e inversión entre EE.UU. y Argentina mutuamente beneficiosa", afirmó.
Como parte de esta presión, EE.UU. ha votado en los últimos meses en contra de diversos préstamos a Argentina, que no obstante fueron aprobados, en organismos multilaterales como el Banco Mundual y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estados Unidos aumentó hoy la presión sobre Argentina por el impago de las compensaciones por más de 300 millones de dólares fijadas por un tribunal arbitral para dos compañías estadounidenses, con la suspensión temporal de los beneficios comerciales a ese país.
La medida entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido y deja a Argentina fuera del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo al anunciar este castigo que Argentina "no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses", según informó en un comunicado.
En la primera reacción oficial, la Cancillería argentina consideró "incomprensible" una decisión que reduce en unos 18 millones de dólares los beneficios a las empresas argentinas exportadoras, cuando el volumen de intercambio comercial bilateral es cercano a 18.000 millones de dólares y "ampliamente superavitario" para Estados Unidos.
Las exportaciones de Argentina con destino a EE.UU. protegidas por este acuerdo ascendieron en 2011 a 477 millones de dólares, lo que representa cerca de un 11 por ciento del comercio bilateral.
La disputa hace referencia a los fallos decretados en 2005 y 2006 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial a favor de las compañías estadounidenses Azurix y Blue Ridge Investment.
En 2002, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló el contrato de Azurix para dar servicio de agua potable y cloacas a 72 municipios, por lo que la empresa recurrió a la CIADI.
Por su parte, Blue Ridge está cargo de la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro en Argentina ese mismo año.
En ambos casos el tribunal internacional dio la razón a las empresas estadounidenses y dictaminó que Argentina debía otorgar una compensación de 165,2 millones de dólares y 133,2 millones de dólares, respectivamente.
El Gobierno de Cristina Fernández señaló que las dos compañías "jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina" y lamentó "el intento de obligar" a Argentina "a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias".
Además de Azurix y Blue Ridge, más de una treintena de empresas de servicios públicos europeas y estadounidenses han presentado demandas por la cancelación de contratos y perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas originalmente establecidas en dólares en medio de la aguda crisis financiera que vivió Argentina hace una década.
El representante estadounidense de Comercio Exterior, Ron Kirk, urgió hoy en un comunicado al Gobierno de Cristina Fernández a cumplir sus compromisos.
"El pago de las indemnizaciones nos permitiría considerar el restablecimiento de la elegibilidad de Argentina para el GSP y promover el crecimiento de una relación en materia de comercio e inversión entre EE.UU. y Argentina mutuamente beneficiosa", afirmó.
Como parte de esta presión, EE.UU. ha votado en los últimos meses en contra de diversos préstamos a Argentina, que no obstante fueron aprobados, en organismos multilaterales como el Banco Mundual y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).