Cumplir las leyes de transparencia, un desafío para América Latina
El organismo chileno que aplica la normativa recibe 100.000 solicitudes al mes
Santiago, El País
Más de la mitad de la población mundial está cubierta por leyes de acceso a la información. La promulgación de las leyes, no obstante, no basta para su puesta en marcha. Una investigación de Associated Press demostró que solamente un 38% de los países cumplen su legislación al pie de la letra. En América Latina, de los 18 países que ofrecen datos gubernamentales a sus ciudadanos, solamente siete —Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México y Paraguay— respondieron en el plazo establecido por sus respectivas leyes. Es decir: no es suficiente la legislación, es necesario garantizar su mecanismo.
Y es esto justamente —los entresijos de un organismo dedicado a otorgar datos gubernamentales a la población— uno de los principales temas que preocupan al presidente del Consejo de Transparencia de Chile, Alejandro Ferreiro, que participó en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con la Universidad Católica de Chile y la fundación Chile España. La reunión tuvo como objetivo compartir la experiencia chilena a empresarios y políticos españoles, a propósito del anteproyecto de Ley de Transparencia en España (aprobado este viernes en el Consejo de Ministros). En el evento también participaron el director general del Consejo de Transparencia, Raúl Ferrada, y los parlamentarios Hernán Larraín, Eugenio Tuma y Alberto Cardemil, algunos de los principales impulsores de la legislación.
La ley de transparencia de Chile, aprobada en 2008 y puesta en marcha un año después, se suma a las 18 legislaciones similares que existen en la región. En estos tres años, no obstante, el avance es notable. Los niveles de percepción de corrupción son equiparables a los de países como Alemania, Japón o Francia, según el último informe de Transparencia Internacional. Una característica crucial para ganar la confianza de los inversores: Chile tiene una de las economías más liberales del planeta.
El Consejo de Transparencia, el organismo que materializa la legislación de acceso a datos, revisa las solicitudes de información y, hasta ahora, “ha conseguido evitar la politización de los casos”, explicó esta mañana Ferreiro en una entrevista en Madrid. Desde que se puso en marcha la ley, detalló, se han emitido más de 100.000 solicitudes (un promedio de 3.300 al mes). El objetivo: que la lucha contra la corrupción y la gestión pública de la información (tanto estadística como tributaria), se ponga “a disposición de las personas”.
Pero la práctica (y conseguir mantener un debate apolítico en las solicitudes), aseguró, no es un camino de rosas. Ferreiro precisó una propuesta que ha generado especial polémica en Chile por su complejidad: la cuestión sobre si los correos institucionales son públicos o privados. “Se trata de un tema complejo, pues algunos legisladores o funcionarios afirman que monitorear sus conversaciones a través del correo electrónico es equivalente a pinchar sus teléfonos”, explicó.
El director de Consejo, Raúl Ferrada, añadió por su parte que la legislación de acceso a la información en Chile tiene “un buen nivel de cumplimiento”. El desafío, comentó, es “avanzar en la calidad” del servicio que otorga.
Santiago, El PaísMás de la mitad de la población mundial está cubierta por leyes de acceso a la información. La promulgación de las leyes, no obstante, no basta para su puesta en marcha. Una investigación de Associated Press demostró que solamente un 38% de los países cumplen su legislación al pie de la letra. En América Latina, de los 18 países que ofrecen datos gubernamentales a sus ciudadanos, solamente siete —Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México y Paraguay— respondieron en el plazo establecido por sus respectivas leyes. Es decir: no es suficiente la legislación, es necesario garantizar su mecanismo.
Y es esto justamente —los entresijos de un organismo dedicado a otorgar datos gubernamentales a la población— uno de los principales temas que preocupan al presidente del Consejo de Transparencia de Chile, Alejandro Ferreiro, que participó en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con la Universidad Católica de Chile y la fundación Chile España. La reunión tuvo como objetivo compartir la experiencia chilena a empresarios y políticos españoles, a propósito del anteproyecto de Ley de Transparencia en España (aprobado este viernes en el Consejo de Ministros). En el evento también participaron el director general del Consejo de Transparencia, Raúl Ferrada, y los parlamentarios Hernán Larraín, Eugenio Tuma y Alberto Cardemil, algunos de los principales impulsores de la legislación.
La ley de transparencia de Chile, aprobada en 2008 y puesta en marcha un año después, se suma a las 18 legislaciones similares que existen en la región. En estos tres años, no obstante, el avance es notable. Los niveles de percepción de corrupción son equiparables a los de países como Alemania, Japón o Francia, según el último informe de Transparencia Internacional. Una característica crucial para ganar la confianza de los inversores: Chile tiene una de las economías más liberales del planeta.
El Consejo de Transparencia, el organismo que materializa la legislación de acceso a datos, revisa las solicitudes de información y, hasta ahora, “ha conseguido evitar la politización de los casos”, explicó esta mañana Ferreiro en una entrevista en Madrid. Desde que se puso en marcha la ley, detalló, se han emitido más de 100.000 solicitudes (un promedio de 3.300 al mes). El objetivo: que la lucha contra la corrupción y la gestión pública de la información (tanto estadística como tributaria), se ponga “a disposición de las personas”.
Pero la práctica (y conseguir mantener un debate apolítico en las solicitudes), aseguró, no es un camino de rosas. Ferreiro precisó una propuesta que ha generado especial polémica en Chile por su complejidad: la cuestión sobre si los correos institucionales son públicos o privados. “Se trata de un tema complejo, pues algunos legisladores o funcionarios afirman que monitorear sus conversaciones a través del correo electrónico es equivalente a pinchar sus teléfonos”, explicó.
El director de Consejo, Raúl Ferrada, añadió por su parte que la legislación de acceso a la información en Chile tiene “un buen nivel de cumplimiento”. El desafío, comentó, es “avanzar en la calidad” del servicio que otorga.
