Un Banco Central a las órdenes del Gobierno de Orbán
La UE presiona a Hungría para que frene el acoso a la autonomía de la entidad
Budapest, El País
Hungría está llena de ejemplos de injerencia en la independencia del Banco Central. Desde la caída del Telón de Acero, dos presidentes de la institución se han visto forzados a dejar su cargo antes de lo previsto por las tretas de los Gobiernos de turno. Y el actual, András Simor, va en camino de convertirse en el tercer gobernador con más problemas desde el fin del comunismo.
El Gobierno ha hecho oídos sordos a las advertencias de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha aprobado una ley que le otorga más control sobre la política monetaria, que fija los tipos de interés: el primer ministro puede nombrar a un tercer vicegobernador y a dos consejeros más (ahora son nueve en total, que elige el Parlamento, donde Orbán tiene mayoría absoluta), con lo que tiene más votos favorables para influir en las decisiones del organismo. “A partir de ahora, el primer ministro tiene que hacer recomendaciones al presidente de la República de sus candidatos a vicegobernadores”, explican fuentes del Banco Central húngaro. “Anteriormente, era el gobernador quien tenía el derecho de recomendar sus candidatos al primer ministro, que sometía la propuesta al presidente”. La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a Hungría y ha pedido a Orbán que dé marcha atrás de inmediato.
Ya a finales de diciembre el desafío tuvo una respuesta contundente: los enviados de la Comisión Europea y del FMI suspendieron los contactos preliminares con el Gobierno para concederle un nuevo crédito. El país necesita esa ayuda cuanto antes. Eso explica la intensidad con la que el Ejecutivo ha intentado retomar los contactos y ha modificado su discurso, mostrándose dispuesto a hacer los cambios necesarios.
La primera rectificación concreta llegó ayer. El Gobierno planeaba fusionar el Banco Central con una nueva entidad supervisora, dirigida por una persona elegida por el Ejecutivo, y Orbán anunció en una entrevista en la radio que esta medida no se aplicará.
El vaivén político ha afectado a la credibilidad de Hungría en los mercados. El florín sigue su caída en picado, lo cual encarece las hipotecas que los húngaros tienen contratadas en euros y en francos suizos, es decir, la gran mayoría. Mientras, las previsiones apuntan a que será uno de los países del antiguo Este que menos crezca en 2012, con una de las deudas públicas más alta.
Detrás de la nueva ley se esconde una vieja batalla que enfrenta al primer ministro y el gobernador. Desde que llegó al poder, en abril de 2010, Orbán se ha encontrado con una política monetaria contraria a sus intereses. András Simor, un tecnócrata nombrado en 2007 por el anterior Gobierno socialista, se ha mostrado en desacuerdo con los planes del partido gubernamental, Fidesz, para sacar al país de la peor crisis económica en 20 años. El Gobierno prefiere tipos de interés bajos para impulsar la recuperación y el Banco Central los ha subido para evitar que la inflación se desboque.
La relación entre el primer ministro y el banquero ha sido tensa desde el principio. En un intento por presentar a Simor como el enemigo número uno de la economía húngara, Orbán se refería a él como el “caballero offshore”, por tener una compañía privada en Chipre, insinuando que evadía impuestos. Después, el Parlamento bajó un 75% el sueldo del gobernador, que dijo sentirse “acosado” por el Gobierno para intentar que dejara su puesto antes de que expirara su mandato, en 2013. El primer ministro, que no tiene competencias para despedir al gobernador, puso al frente de la comisión que supervisa la labor del Banco Central a un hombre de confianza: Zsigmond Járai, ministro de Economía en el primer Gobierno de Orbán.
Budapest, El PaísHungría está llena de ejemplos de injerencia en la independencia del Banco Central. Desde la caída del Telón de Acero, dos presidentes de la institución se han visto forzados a dejar su cargo antes de lo previsto por las tretas de los Gobiernos de turno. Y el actual, András Simor, va en camino de convertirse en el tercer gobernador con más problemas desde el fin del comunismo.
El Gobierno ha hecho oídos sordos a las advertencias de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha aprobado una ley que le otorga más control sobre la política monetaria, que fija los tipos de interés: el primer ministro puede nombrar a un tercer vicegobernador y a dos consejeros más (ahora son nueve en total, que elige el Parlamento, donde Orbán tiene mayoría absoluta), con lo que tiene más votos favorables para influir en las decisiones del organismo. “A partir de ahora, el primer ministro tiene que hacer recomendaciones al presidente de la República de sus candidatos a vicegobernadores”, explican fuentes del Banco Central húngaro. “Anteriormente, era el gobernador quien tenía el derecho de recomendar sus candidatos al primer ministro, que sometía la propuesta al presidente”. La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a Hungría y ha pedido a Orbán que dé marcha atrás de inmediato.
Ya a finales de diciembre el desafío tuvo una respuesta contundente: los enviados de la Comisión Europea y del FMI suspendieron los contactos preliminares con el Gobierno para concederle un nuevo crédito. El país necesita esa ayuda cuanto antes. Eso explica la intensidad con la que el Ejecutivo ha intentado retomar los contactos y ha modificado su discurso, mostrándose dispuesto a hacer los cambios necesarios.
La primera rectificación concreta llegó ayer. El Gobierno planeaba fusionar el Banco Central con una nueva entidad supervisora, dirigida por una persona elegida por el Ejecutivo, y Orbán anunció en una entrevista en la radio que esta medida no se aplicará.
El vaivén político ha afectado a la credibilidad de Hungría en los mercados. El florín sigue su caída en picado, lo cual encarece las hipotecas que los húngaros tienen contratadas en euros y en francos suizos, es decir, la gran mayoría. Mientras, las previsiones apuntan a que será uno de los países del antiguo Este que menos crezca en 2012, con una de las deudas públicas más alta.
Detrás de la nueva ley se esconde una vieja batalla que enfrenta al primer ministro y el gobernador. Desde que llegó al poder, en abril de 2010, Orbán se ha encontrado con una política monetaria contraria a sus intereses. András Simor, un tecnócrata nombrado en 2007 por el anterior Gobierno socialista, se ha mostrado en desacuerdo con los planes del partido gubernamental, Fidesz, para sacar al país de la peor crisis económica en 20 años. El Gobierno prefiere tipos de interés bajos para impulsar la recuperación y el Banco Central los ha subido para evitar que la inflación se desboque.
La relación entre el primer ministro y el banquero ha sido tensa desde el principio. En un intento por presentar a Simor como el enemigo número uno de la economía húngara, Orbán se refería a él como el “caballero offshore”, por tener una compañía privada en Chipre, insinuando que evadía impuestos. Después, el Parlamento bajó un 75% el sueldo del gobernador, que dijo sentirse “acosado” por el Gobierno para intentar que dejara su puesto antes de que expirara su mandato, en 2013. El primer ministro, que no tiene competencias para despedir al gobernador, puso al frente de la comisión que supervisa la labor del Banco Central a un hombre de confianza: Zsigmond Járai, ministro de Economía en el primer Gobierno de Orbán.
