La UE estrecha el cerco sobre Hungría
Bruselas analiza sanciones contra el Gobierno de Viktor Orbán por su deriva autoritaria. El distanciamiento complica para Budapest la ayuda financiera
Bruselas, El País
Hungría comienza a sentir el escozor de la presión internacional por su controvertida reforma constitucional, que ha llevado al forinto, la moneda nacional, a una depreciación récord con respecto al euro. Budapest ya ha hecho saber que acudirá a preparar la negociación sin condiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero la Comisión Europea, la otra mitad del equipo, no ha decidido aún cuando volverá a negociar. Si el Ejecutivo comunitario tiene dudas y preocupaciones con respecto a la legislación magiar, en el Parlamento Europeo cada vez más reclaman que se aplique a Hungría el artículo 7 de Tratado, el equivalente a una bomba nuclear política.
El FMI y la Comisión suspendieron a mediados de diciembre sus negociaciones con Hungría para un plan de ayuda como protesta contra las enmiendas constitucionales que merman la independencia del banco central, cuyos responsables quedan sometidos a la disciplina del Gobierno y en un futuro serán amalgamados con los de la Bolsa. Además, la nueva legislación limita los poderes del Tribunal Supremo y abre nuevas restricciones a la libertad de información.
La crisis económica húngara ya hizo que en 2008 el Gobierno del momento tuviera que recibir una ayuda del Fondo, pero el arrollador triunfo electoral en 2010 del conservador Fidesz llevó al nuevo primer ministro, Viktor Orbán, a prescindir de la última parte de aquel paquete de socorro. Amparado en una mayoría parlamentaria de dos tercios, que le permite reformas constitucionales sin contar con la oposición, Orbán ha impuesto cuestionadas enmiendas a la Carta Magna mientras se deterioraba la economía.
Obligado en 2012 a refinanciar unos 5.000 millones de euros y con necesidades adicionales de entre 15.000 y 20.000 millones, el distanciamiento del FMI y de la Comisión agrava el panorama. No solo el forinto está a un tipo de cambio récord (324 por euro y cayendo) sino que los bonos a diez años superan el 11%.
“Tenemos un problema con esta legislación”, señala Olivier Bailly, el portavoz de la Comisión. El Ejecutivo comunitario debatirá el próximo miércoles el problema y si asociarse o no con el FMI en el plan socorro a Hungría. Según Bailly, la treintena de medidas legislativas propuestas por Orbán “son potencialmente incompatibles con el derecho comunitario”.
José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión, ya escribió dos cartas en diciembre a Orbán expresando su inquietud con las informaciones recibidas, intervenciones secundadas por sus vicepresidentes Viviane Reding (Justicia), Olli Rehn (Asuntos Económicos) y por la comisaria Neelie Kroes (Sociedad de Información). Días antes, Orbán recibió una carta de la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, en la que le expresa sus preocupaciones sobre la reforma legal, que son “significativas y fundadas”.
Mientras la Comisión, que ha recibido hace unos días la traducción oficial del paquete normativo, espera los dictámenes de sus servicios jurídicos y hace saber que las respuestas pueden ir desde la apertura de un procedimiento a la imposición de sanciones económicas, el Parlamento Europeo cree ver en Orbán una reincidencia en la pulsión autoritaria —puesta ya de manifiesto hace un año con la ley mordaza a la prensa, modificada por exigencias de Bruselas— que requiere acciones inmediatas y contundentes.
Guy Verhofstad, líder del grupo liberal, el tercero de la Eurocámara, ha sido el primero en recamar que Barroso y la presidencia danesa de turno de la Unión expliquen en el pleno qué piensan hacer con respecto a la “peligrosa erosión de los controles en la democracia” en Hungría. “Los tratados prevén, en el artículo 7, un procedimiento para tratar con tales situaciones”, recuerda el ex primer ministro belga. “Desgraciadamente ha llegado el momento de aplicarlo, para proteger la democracia y los derechos fundamentales en Hungría y en la UE”.
El artículo 7 estipula que en caso de violación por un país de principios básicos de la UE, el Consejo (los Gobiernos de la Unión colegiadamente) podrán imponer sanciones que pueden llegar hasta la suspensión del derecho de voto del socio en cuestión en el Consejo. El procedimiento es largo, está blindado por mayorías muy exigentes y tiene pocas posibilidades de prosperar porque al eventual infractor se le ofrecen muchas posibilidades de rectificar. Aun así, el sólo hecho de hacer que se desencadene el mecanismo es un baldón político.
Asfixiados por los impuestos y la crisis, los húngaros empiezan a desconfiar del partido del Gobierno, Fidesz, y la popularidad del primer ministro está en sus mínimos. El lunes, decenas de miles de personas se manifestaron en Budapest contra la nueva Constitución, en cuyo preámbulo se reconoce “el papel de la cristiandad en preservar la nación”. El descontento es claro. Como refleja el último informe del instituto sociológico Political Capital, “el número de indecisos ha subido radicalmente mientras el partido del Gobierno ha perdido 1,5 millones de apoyos en comparación con los sondeos realizados después de las elecciones de 2010”. El ultraderechista Jobbik es el único partido que gana terreno, igualado en las encuestas a los socialistas, la segunda fuerza política.
Bruselas, El PaísHungría comienza a sentir el escozor de la presión internacional por su controvertida reforma constitucional, que ha llevado al forinto, la moneda nacional, a una depreciación récord con respecto al euro. Budapest ya ha hecho saber que acudirá a preparar la negociación sin condiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero la Comisión Europea, la otra mitad del equipo, no ha decidido aún cuando volverá a negociar. Si el Ejecutivo comunitario tiene dudas y preocupaciones con respecto a la legislación magiar, en el Parlamento Europeo cada vez más reclaman que se aplique a Hungría el artículo 7 de Tratado, el equivalente a una bomba nuclear política.
El FMI y la Comisión suspendieron a mediados de diciembre sus negociaciones con Hungría para un plan de ayuda como protesta contra las enmiendas constitucionales que merman la independencia del banco central, cuyos responsables quedan sometidos a la disciplina del Gobierno y en un futuro serán amalgamados con los de la Bolsa. Además, la nueva legislación limita los poderes del Tribunal Supremo y abre nuevas restricciones a la libertad de información.
La crisis económica húngara ya hizo que en 2008 el Gobierno del momento tuviera que recibir una ayuda del Fondo, pero el arrollador triunfo electoral en 2010 del conservador Fidesz llevó al nuevo primer ministro, Viktor Orbán, a prescindir de la última parte de aquel paquete de socorro. Amparado en una mayoría parlamentaria de dos tercios, que le permite reformas constitucionales sin contar con la oposición, Orbán ha impuesto cuestionadas enmiendas a la Carta Magna mientras se deterioraba la economía.
Obligado en 2012 a refinanciar unos 5.000 millones de euros y con necesidades adicionales de entre 15.000 y 20.000 millones, el distanciamiento del FMI y de la Comisión agrava el panorama. No solo el forinto está a un tipo de cambio récord (324 por euro y cayendo) sino que los bonos a diez años superan el 11%.
“Tenemos un problema con esta legislación”, señala Olivier Bailly, el portavoz de la Comisión. El Ejecutivo comunitario debatirá el próximo miércoles el problema y si asociarse o no con el FMI en el plan socorro a Hungría. Según Bailly, la treintena de medidas legislativas propuestas por Orbán “son potencialmente incompatibles con el derecho comunitario”.
José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión, ya escribió dos cartas en diciembre a Orbán expresando su inquietud con las informaciones recibidas, intervenciones secundadas por sus vicepresidentes Viviane Reding (Justicia), Olli Rehn (Asuntos Económicos) y por la comisaria Neelie Kroes (Sociedad de Información). Días antes, Orbán recibió una carta de la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, en la que le expresa sus preocupaciones sobre la reforma legal, que son “significativas y fundadas”.
Mientras la Comisión, que ha recibido hace unos días la traducción oficial del paquete normativo, espera los dictámenes de sus servicios jurídicos y hace saber que las respuestas pueden ir desde la apertura de un procedimiento a la imposición de sanciones económicas, el Parlamento Europeo cree ver en Orbán una reincidencia en la pulsión autoritaria —puesta ya de manifiesto hace un año con la ley mordaza a la prensa, modificada por exigencias de Bruselas— que requiere acciones inmediatas y contundentes.
Guy Verhofstad, líder del grupo liberal, el tercero de la Eurocámara, ha sido el primero en recamar que Barroso y la presidencia danesa de turno de la Unión expliquen en el pleno qué piensan hacer con respecto a la “peligrosa erosión de los controles en la democracia” en Hungría. “Los tratados prevén, en el artículo 7, un procedimiento para tratar con tales situaciones”, recuerda el ex primer ministro belga. “Desgraciadamente ha llegado el momento de aplicarlo, para proteger la democracia y los derechos fundamentales en Hungría y en la UE”.
El artículo 7 estipula que en caso de violación por un país de principios básicos de la UE, el Consejo (los Gobiernos de la Unión colegiadamente) podrán imponer sanciones que pueden llegar hasta la suspensión del derecho de voto del socio en cuestión en el Consejo. El procedimiento es largo, está blindado por mayorías muy exigentes y tiene pocas posibilidades de prosperar porque al eventual infractor se le ofrecen muchas posibilidades de rectificar. Aun así, el sólo hecho de hacer que se desencadene el mecanismo es un baldón político.
Asfixiados por los impuestos y la crisis, los húngaros empiezan a desconfiar del partido del Gobierno, Fidesz, y la popularidad del primer ministro está en sus mínimos. El lunes, decenas de miles de personas se manifestaron en Budapest contra la nueva Constitución, en cuyo preámbulo se reconoce “el papel de la cristiandad en preservar la nación”. El descontento es claro. Como refleja el último informe del instituto sociológico Political Capital, “el número de indecisos ha subido radicalmente mientras el partido del Gobierno ha perdido 1,5 millones de apoyos en comparación con los sondeos realizados después de las elecciones de 2010”. El ultraderechista Jobbik es el único partido que gana terreno, igualado en las encuestas a los socialistas, la segunda fuerza política.
