El Senado uruguayo debate una ley sobre los delitos de la dictadura
Montevideo, AFPEl Senado uruguayo inició este martes un áspero debate sobre una ley para declarar imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), que caducarían el 1 de noviembre, con el rechazo de la oposición y el anuncio de acciones legales por parte de militares retirados.
El proyecto, que entró la semana pasada en el Parlamento con carácter de urgente, "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Hasta ahora, los condenados -aproximadamente una decena, entre ellos los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado, un delito que prescribirá el 1 de noviembre para los crímenes cometidos durante ese periodo, por lo que las causas en las que no haya habido un procesamiento se archivarían.
"Si estos casos prescribieran, sería paradójico y quizás una burla para los familiares que en tiempos de la dictadura obviamente no podían pleitear ni pedir justicia, (y) que cuando se abre la democracia, casi a los dos años (...) se decreta una Ley de Caducidad o de impunidad", dijo este martes el senador oficialista Rafael Michelini, miembro informante del proyecto.
La ley de Caducidad fue aprobada en 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y un año y medio después de otra norma que amnistió a los presos y perseguidos políticos.
El poder Ejecutivo, que según la Ley de Caducidad debía autorizar qué casos de violaciones de derechos humanos podían ser juzgados, no lo hizo durante los 20 años en que estuvo controlado por los partidos tradicionales Colorado y Nacional.
Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.
En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, pero dos meses más tarde, un intento del gobernante Frente Amplio (FA) para suprimir la Ley de Caducidad fracasó en el Parlamento por la desobediencia de uno de sus diputados.
Desde entonces, el presidente uruguayo, el exguerrillero José Mujica, ha revocado más de 80 actos administrativos de otros gobiernos que habían frenado investigaciones.
La aprobación del proyecto podría estar asegurada, ya que en esta ocasión todos los legisladores del FA, con mayoría en ambas cámaras, anunciaron que acompañarán la iniciativa.
Los tres partidos de la oposición, en cambio, rechazan el proyecto, afirmando que desconoce la voluntad de la ciudadanía que en dos consultas populares (en 1989 y 2009) no aprobó la anulación de la Ley de Caducidad.
"Estamos para defender la Constitución y la ley. No estamos para tener los ojos en la nuca", aseguró el senador Francisco Gallinal, del Partido Nacional. "La ley de Caducidad, como la de Amnistía, son leyes injustas; pero son leyes necesarias para superar circunstancias", consideró.
La dictadura dejó 38 desaparecidos en Uruguay, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil una.
Entre tanto, varios militares retirados anunciaron acciones judiciales contra ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970.
"Estamos en igualdad de condiciones para realizar denuncias a las personas que cometieron delitos de sangre y no fueron juzgados ni procesados ni cumplieron ningún día de cárcel", dijo a la AFP el presidente del Centro Militar, el coronel Guillermo Cedrez.
Cedrez dijo que se basarán en la sentencia de la CIDH y en el Pacto de San José de Costa Rica, que sostienen "que no se deben conceder ningún tipo de amnistías".
El militar consideró que el debate en torno a los delitos de la dictadura "provoca inestabilidad porque esto va a traer aparejado que desfilen por los estrados varias generaciones de septuagenarios y sexagenarios de ambos lados". "Y se va a dar el caso que también a ex guerrilleros sus nietos les van a preguntar por qué mataron", aseguró.
El debate en la Cámara de Diputados está previsto para el miércoles.
