Embargan bienes de Madres de Plaza de Mayo
Buenos Aires, AFPLa justicia embargó bienes de la fundación Madres de Plaza de Mayo argentina, entre ellos un departamento y varias cuentas bancarias, en medio de la causa por presunto fraude en un programa para la construcción de viviendas sociales, según publicó la prensa local hoy.
Un juez comercial dispuso la medida por el reclamo de cheques impagados que presentaron proveedores de las obras que realizaban las Madres a través de un programa que administraba Sergio Shocklender, el exapoderado contra el que la entidad se querelló por presunto lavado de dinero y fraude, indicó AFP.
El embargo alcanza a una propiedad, un departamento contiguo al edificio donde se encuentra la sede de las Madres, frente al Congreso Nacional, y al menos cinco cuentas bancarias en las que se hallaron escasos fondos, el equivalente a unos 2.000 dólares en el mayor de los casos, según el diario Clarín, que citó fuentes judiciales.
Schoklender está imputado por presunto fraude a la entidad en el programa de construcción de miles de viviendas con fondos aportados por el Estado por unos 700 millones de pesos (165 millones de dólares).
La líder de Madres, Hebe de Bonafini, denunció a Schoklender en la Justicia por presunto fraude en el uso de esos fondos y lavado de dinero, pero el exapoderado contraatacó acusándola de desviar dinero de la organización para el financiamiento político del oficialismo y de tener cuentas bancarias en el extranjero, en un escándalo que golpea a esta entidad aliada del gobierno.
Los embargos son paralelos a la causa por fraude, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, aún en etapa de instrucción y bajo secreto sumarial.
La entidad rechazó el sábado en un comunicado que analice cerrar la fundación para preservarla de los embargos y ratificó que continuará con la Universidad, la radio, la librería, un jardín de infantes y una biblioteca popular, entre otros proyectos a su cargo.
El programa de viviendas, sin embargo, ya no está administrado por las Madres, pues pasó a manos de las jurisdicciones provinciales en los distritos donde se lleva a cabo, en un intento del gobierno por imponer mayores controles en medio del escándalo.
