El estado de Georgia reafirma su intención de ejecutar a Troy Davis
Nueva York, EP
La Junta de Indulto y Libertad Condicional del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, ha rechazado este martes la petición de clemencia presentada por Troy Davis y ha afirmado que debe ser ejecutado por haber matado al policía Mark MacPhail en 1989, según han informado los medios estadounidenses.
Davis, de 42 años, fue condenado a la pena capital en 1991. Sus abogados habían argumentado que la culpabilidad de su cliente no había sido demostrada suficientemente porque las declaraciones de los testigos eran poco firmes y no había pruebas físicas. Dado que el gobernador de Georgia no tiene autoridad para suspender ejecuciones, la Junta era la última esperanza del condenado.
Este caso había suscitado una campaña internacional para que se revisase la sentencia. El viernes pasado, la organización Amnistía Internacional entregó más de 630.000 cartas en las que se pedía a la Junta la suspensión de la ejecución, fijada para este miércoles.
Entre las personas que enviaron las cartas figuraban el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y 51 congresistas estadounidenses, entre otras personalidades. El viernes pasado, más de 3.000 personas se congregaron en una iglesia baptista de Atlanta para participar en una vigilia y un acto de protesta.
La viuda de MacPhail, Joan MacPhail-Harris, ha dicho que Davis "ha tenido mucho tiempo para demostrar su inocencia, y no es inocente". "Tenemos leyes en este país para que no haya caos. No vamos a matar a Troy porque queramos, van a ejecutarle porque ha sido castigado", ha añadido la viuda, citada por 'The New York Times'.
La madre del fallecido, Anneliese MacPhail, ha declarado: "No quiero sangre, quiero justicia (...), mi familia ha pasado por un infierno".
EJECUCIÓN SUSPENDIDA VARIAS VECES
La Junta ya concedió a Davis la suspensión de la condena a muerte en 2007, mientras se preparaba para sus últimas horas, argumentando que antes sus miembros tenían que estar "convencidos de que no hay ninguna duda de la culpabilidad del acusado". Desde entonces, la Junta ha añadido tres nuevos miembros.
En 2008, faltaban 90 minutos para que lo ejecutaran cuando el Tribunal Supremo intervino. Sin embargo, luego se negó a analizar su caso.
Durante la semana previa a la última fecha fijada para su ejecución, el 11º Tribunal de Circuito de Apelación la suspendió para estudiar los argumentos de su abogado, según el cual había nuevos testimonios que podían demostrar su inocencia.
Ese tribunal no dio la razón al abogado, pero concedió más tiempo a Davis para presentar sus argumentos directamente al Supremo, que ordenó, una vez más, a un tribunal federal que examinase los nuevos testimonios.
Pero el pasado mes de junio, un tribunal federal de distrito de la ciudad de Savannah dijo que la defensa de Davis no había conseguido demostrar su inocencia. Entonces se fijó por última vez una nueva fecha para la ejecución.
TESTIMONIOS DUDOSOS
Este lunes, sus abogados explicaron que hubo un error al identificar al autor del crimen. El juicio contra Davis se ha basado principalmente en las declaraciones de los testigos, pero desde 1991 siete de los nueve testigos clave se han retractado o han cambiado su declaración, y algunos han asegurado que fueron coaccionados por la Policía.
Madison y Mark, los hijos de 24 y 22 años de Troy Davis, presenciarán la ejecución. "Me han arrebatado el futuro. No solo a mi padre, sino el futuro que habríamos tenido como familia todos juntos", ha manifestado.
Aministía Internacional (AI) ha pedido a la Junta de Indulto y Libertad Condicional de Georgia que reconsidere su decisión. "Es un duro golpe para los Derechos Humanos en Estados Unidos, donde un hombre que fue condenado sobre la base de unas pruebas dudosas va a ser ejecutado por el Estado", ha lamentado su secretaria general, Salil Shetty, en un comunicado.
Según Shetty, la última decisión de la Junta "no concuerda con su decisión de 2007, cuando recomendó que no se llevase a cabo la ejecución si había dudas sobre la culpabilidad del acusado".
"Está claro que el sistema de justicia de Estados Unidos puede cometer errores. Las numerosas dudas persistentes que han surgido en el juicio contra Troy Davis revelan un defecto fundamental en la pena de muerte: es irrevocable y, en Estados Unidos, está marcada por las arbitrariedades, la discriminación y los errores", ha recordado.
Desde que Davis está en el corredor de la muerte, más de 90 presos condenados al mismo castigo han salido de esos corredores en distintas cárceles de Estados Unidos porque no eran culpables. Un total de 139 países han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero en Estados Unidos hay más de 3.200 personas esperando a ser ejecutadas, y más de 1.200 han sido ejecutadas desde 1977.
La Junta de Indulto y Libertad Condicional del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, ha rechazado este martes la petición de clemencia presentada por Troy Davis y ha afirmado que debe ser ejecutado por haber matado al policía Mark MacPhail en 1989, según han informado los medios estadounidenses.
Davis, de 42 años, fue condenado a la pena capital en 1991. Sus abogados habían argumentado que la culpabilidad de su cliente no había sido demostrada suficientemente porque las declaraciones de los testigos eran poco firmes y no había pruebas físicas. Dado que el gobernador de Georgia no tiene autoridad para suspender ejecuciones, la Junta era la última esperanza del condenado.
Este caso había suscitado una campaña internacional para que se revisase la sentencia. El viernes pasado, la organización Amnistía Internacional entregó más de 630.000 cartas en las que se pedía a la Junta la suspensión de la ejecución, fijada para este miércoles.
Entre las personas que enviaron las cartas figuraban el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y 51 congresistas estadounidenses, entre otras personalidades. El viernes pasado, más de 3.000 personas se congregaron en una iglesia baptista de Atlanta para participar en una vigilia y un acto de protesta.
La viuda de MacPhail, Joan MacPhail-Harris, ha dicho que Davis "ha tenido mucho tiempo para demostrar su inocencia, y no es inocente". "Tenemos leyes en este país para que no haya caos. No vamos a matar a Troy porque queramos, van a ejecutarle porque ha sido castigado", ha añadido la viuda, citada por 'The New York Times'.
La madre del fallecido, Anneliese MacPhail, ha declarado: "No quiero sangre, quiero justicia (...), mi familia ha pasado por un infierno".
EJECUCIÓN SUSPENDIDA VARIAS VECES
La Junta ya concedió a Davis la suspensión de la condena a muerte en 2007, mientras se preparaba para sus últimas horas, argumentando que antes sus miembros tenían que estar "convencidos de que no hay ninguna duda de la culpabilidad del acusado". Desde entonces, la Junta ha añadido tres nuevos miembros.
En 2008, faltaban 90 minutos para que lo ejecutaran cuando el Tribunal Supremo intervino. Sin embargo, luego se negó a analizar su caso.
Durante la semana previa a la última fecha fijada para su ejecución, el 11º Tribunal de Circuito de Apelación la suspendió para estudiar los argumentos de su abogado, según el cual había nuevos testimonios que podían demostrar su inocencia.
Ese tribunal no dio la razón al abogado, pero concedió más tiempo a Davis para presentar sus argumentos directamente al Supremo, que ordenó, una vez más, a un tribunal federal que examinase los nuevos testimonios.
Pero el pasado mes de junio, un tribunal federal de distrito de la ciudad de Savannah dijo que la defensa de Davis no había conseguido demostrar su inocencia. Entonces se fijó por última vez una nueva fecha para la ejecución.
TESTIMONIOS DUDOSOS
Este lunes, sus abogados explicaron que hubo un error al identificar al autor del crimen. El juicio contra Davis se ha basado principalmente en las declaraciones de los testigos, pero desde 1991 siete de los nueve testigos clave se han retractado o han cambiado su declaración, y algunos han asegurado que fueron coaccionados por la Policía.
Madison y Mark, los hijos de 24 y 22 años de Troy Davis, presenciarán la ejecución. "Me han arrebatado el futuro. No solo a mi padre, sino el futuro que habríamos tenido como familia todos juntos", ha manifestado.
Aministía Internacional (AI) ha pedido a la Junta de Indulto y Libertad Condicional de Georgia que reconsidere su decisión. "Es un duro golpe para los Derechos Humanos en Estados Unidos, donde un hombre que fue condenado sobre la base de unas pruebas dudosas va a ser ejecutado por el Estado", ha lamentado su secretaria general, Salil Shetty, en un comunicado.
Según Shetty, la última decisión de la Junta "no concuerda con su decisión de 2007, cuando recomendó que no se llevase a cabo la ejecución si había dudas sobre la culpabilidad del acusado".
"Está claro que el sistema de justicia de Estados Unidos puede cometer errores. Las numerosas dudas persistentes que han surgido en el juicio contra Troy Davis revelan un defecto fundamental en la pena de muerte: es irrevocable y, en Estados Unidos, está marcada por las arbitrariedades, la discriminación y los errores", ha recordado.
Desde que Davis está en el corredor de la muerte, más de 90 presos condenados al mismo castigo han salido de esos corredores en distintas cárceles de Estados Unidos porque no eran culpables. Un total de 139 países han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, pero en Estados Unidos hay más de 3.200 personas esperando a ser ejecutadas, y más de 1.200 han sido ejecutadas desde 1977.