Trabajadores de salas de juego deben reclamar a empresas por incumplir la Ley
La Paz, ABILos trabajadores de las casas de juego que funcionan en Bolivia deben reclamar a sus empleadores por haber incumplido la Ley de Juegos y Azar al no tramitar su adecuación y autorización de licencias, dijeron el martes las autoridades.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego en Bolivia, Mario Cazón, subrayó que la Ley 60 que norma esta actividad fue aprobada en noviembre de 2010 y desde entonces está plenamente vigente y debe ser cumplida.
"Lo que la Ley estableció es dar desde el 28 de febrero de este año un plazo de 120 días a los propietarios de casas de juego a adecuarse a las nuevas disposiciones y tramitar sus respectivas licencias", dijo.
Subrayó que el plazo ha vencido el 28 de junio, por lo que aquellas empresas que no siguieron los trámites correspondientes están en la ilegalidad.
Cazón anotó que en Bolivia hay entre 6 y 8 empresas que son propietarias de 260 casas de juego o casinos a lo largo del país.
"Solamente dos de esas empresas, Cheet Games y Futurama han realizado los trámites de adecuación a la Ley 60, mientras que las otras seis no lo hicieron", anotó.
Subrayó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos de Azar había enviado pre avisos a las empresas desde el pasado 6 de abril hasta el 24 de junio en las que se les emplazó a cumplir con la Ley.
Lamentó que, en el ínterin, dos vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte de Distrito de La Paz haya aceptado un Amparo Constitucional tramitado por los propietarios de casas de juego, que posteriormente lo denegaron.
"Lamentablemente en todo este tiempo la mayoría de los dueños de casas de juego no hicieron los trámites de adecuación y solamente alentaron movilizaciones de sus empleados para que reclamen al Gobierno", anotó.
Enfatizó que los trabajadores deben reclamar a sus empleadores porque no quisieron entrar a la legalidad con el trámite de licencias, lo que ha puesto en riesgo sus fuentes de empleo.
Agregó que en la actualidad las empresas pueden realizar los trámites, pero ya no de adecuación a la Ley 60, sino para crear nuevos consorcios que cumplan con todos los requisitos del caso.
Hizo patente su convencimiento de que la Ley busca establecer garantías jurídicas para estas empresas, pero también para los jugadores, a fin de que se sometan a la Ley con la correspondiente fiscalización y homologación de las máquinas que son utilizadas.
"Lo que se les pide es un capital mínimo de unos 350.000 dólares, un proyecto de factibilidad económica y financiera, las Declaraciones Juradas de sus responsables y propietarios, un certificado de antecedentes policiales nacional si son bolivianos, o de su país de origen si son extranjeros", indicó.
La Autoridad de Fiscalización de Juegos de Azar puntualizó que igualmente deben sujetarse al pago de tributos por su actividad.
