Renuncia subgobernador de Santa Cruz por incurrir en acciones de racismo
Santa Cruz, AbiTras incurrir en acciones de racismo y xenofobia, renunció el miércoles el sub gobernador de la provincia Germán Busch, Sebastián Hurtado Rodríguez, confirmaron las autoridades de la Gobernación.
Hurtado Rodríguez había calificado a la comunidad ayorea como una "lacra" social, al ser entrevistado por una televisora local.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación departamental, Vladimir Peña, dijo que la renuncia "fue aceptada por el Gobernador Rubén Costas, quien ha designado en el cargo al señor Alberto Jordán, como nuevo sub gobernador de la provincia Germán Busch".
Hurtado había presentado oficialmente sus disculpas al pueblo ayoreo por el exceso, pero no fue suficiente para evitar su salida del alto cargo político en el departamento de Santa Cruz.
A su vez, el director de Descolonización del Ministerio de Culturas, Idón Chivi, subrayó que la renuncia no frenará un proceso en contra de Hurtado, en el marco de la Ley de Lucha contra la Corrupción y Toda Forma de Discriminación.
"Este señor (Hurtado) va a entrar a la cárcel porque existe una prueba plena en su contra", anotó.
Dijo que Hurtado era sub gobernador de una importante provincia cruceña, fue candidato a la diputación por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1997, "por lo que es una persona letrada que no puede argüir ignorancia de la Ley, ni desconocimiento de la norma jurídica".
"Que se disculpe, puede ser hasta de rodillas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o ante las Cortes Celestiales, eso no cambia para nada su situación penal", aseveró Chivi, quien se encuentra en Santa Cruz, donde presentó una denuncia formal contra Hurtado ante el Ministerio Público.
"Que renuncie o sea destituido como subgobernador de la provincia Germán Busch no cambia nada la situación procesal penal de Hurtado porque cometió un delito de carácter público", agregó.
De ser declarado culpable, Hurtado podría ser condenado a un encarcelamiento de siete años y medio.
Chivi indicó que el Ministerio Público seguirá adelante con la investigación para sustentar el proceso, en tanto que el Gobierno tiene la obligación de hacer un seguimiento para no ser acusado de encubrimiento de una violación a la Ley.
