Reclaman por desaparecidos tras fracasar la anulación de amnistía en Uruguay
Montevideo, AgenciasMiles de uruguayos reclamaron el viernes en una marcha investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), pocas horas después del fracaso de un proyecto para anular una ley que evitó que se investigaran las violaciones a los derechos humanos en ese período.
Convocada todos los 20 de mayo desde 1996 por la organización Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, la multitudinaria marcha recorrió unas 20 cuadras detrás de una gigantesca pancarta con la leyenda "Verdad y justicia, derecho de todos, responsabilidad del Estado".
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambos regímenes militares en el marco del Plan Cóndor.
La marcha del viernes se desarrolló el mismo día que el gobernante Frente Amplio (izquierda) no logró la mayoría necesaria para anular la denominada Ley de Caducidad -aprobada en 1986 y que obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar- debido a la rebeldía de un diputado oficialista.
El diputado Víctor Semproni había anunciado su posición contraria a la anulación después de que el presidente del país, José Mujica, rechazara el proyecto advirtiendo que se "le está pasando por arriba a dos plebiscitos" y que si se aprobaba la anulación el partido iba a sufrir "costos importantes".
Mujica, al igual que la oposición, defendió que la anulación desconocía la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que no alcanzaron los votos necesarios para anularla.
En los últimos días, además, el mandatario llamó a la unidad afirmando: "No podemos trasladarle a las nuevas generaciones de militares las frustraciones de las nuestras".
El viernes, sin embargo, Mujica lamentó el fracaso de la anulación y aseguró que la Caducidad sigue siendo un "tema pendiente".
"Es una pena que no se haya redondeado pero lo imposible cuesta un poco más. Será un tema pendiente", dijo Mujica en una entrevista con el informativo Subrayado.
El presidente reconoció estar preocupado por "la unidad de acción" del Frente Amplio, aunque descartó un "quiebre interno" al tiempo que se mostró a favor de las diferencias de opinión dentro del oficialismo.
"Pienso que no (hay riesgo de quiebre interno). Pienso que tenemos el grado de madurez suficiente (para que no pase)", aseguró.
El debate en torno a la anulación de la Ley de Caducidad ya le costó a la coalición de izquierda la renuncia de un senador y el voto en contra de otro, a lo que se sumó esta semana la rebeldía del diputado Semproni, lo que ha alimentado las advertencias de analistas políticos sobre un debilitamiento del gobierno.
Consultado sobre el futuro de la Ley de Caducidad, Mujica respondió: "Yo creo que alguna respuesta se va a dar. Lo que más me preocupa son los familiares que hace muchos años que pelean por saber dónde están sus huesos queridos, eso el país lo tiene que tratar de suturar de alguna manera".
Para Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, si bien hay "una cierta decepción" tras la votación parlamentaria, "los caminos están abiertos para buscar los consensos necesarios para borrar la Ley de Caducidad".
"Con ley o sin ley se puede investigar y no se ha hecho", dijo a AFP Errandonea, reclamando la apertura de los archivos militares.
Amparándose en la Ley de Caducidad, entre 1985 y 2005 los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado consideraron que todos los casos que se les plantearon no podían ser juzgados, pero con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.
Desde entonces, más de una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry- fueron condenadas a prisión por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto de anulación que fracasó el viernes fue impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
