La izquierda uruguaya ratifica el plan de anular la amnistía a los militares

Montevideo, Agencias
La formación gobernante en Uruguay, el izquierdista Frente Amplio, ratificó el sábado su plan de anular una ley que impidió investigar violaciones de los derechos humanos en la última dictadura militar(1973-1985), al que se opone el propio presidente, José Mujica.

Tras casi siete horas de debate, la dirección de la coalición de izquierdas resolvió "prácticamente por unanimidad" mantener el mandato para que sus legisladores voten un proyecto interpretativo de la denominada Ley de Caducidad el próximo día 19 en la Cámara de Diputados, dijo a la AFP el diputado Carlos Baráibar.

Este proyecto de anulación ya fue aprobado en marzo en el Senado, en medio de un fuerte debate interno que provocó la renuncia de un senador oficialista a su escaño y el voto en contra de otro, en rechazo a una iniciativa que muchos legisladores dijeron votar por disciplina partidaria.

Quienes se oponen al proyecto de anulación sostienen que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, ya que dos plebiscitos convocados por la izquierda en 1989 y en 2009 para anular la Ley de Caducidad fueron derrotados en las urnas.

Entre ellos está el propio presidente Mujica -un ex guerrillero que estuvo 13 años preso en condiciones infrahumanas durante la dictadura-, quien en los últimos días se pronunció en contra del proyecto interpretativo y consideró que, de aprobarlo, el partido va a sufrir "costos importantes".

Pese a que mantuvo su posición, el plenario del FA votó una moción de respaldo al mandatario y a su decisión de revocar mediante decretos los recursos que en gobiernos anteriores impidieron investigar casos vinculados a la dictadura. Además, resolvió crear una comisión que estudie la forma de convocar a un "referendum ratificatorio" de la nueva ley.

"Se entiende que, dados los cuestionamientos que ha habido, hay que salir con soluciones políticas", explicó por su parte el diputado José Bayardi, uno de los impulsores de este punto. "Si hay cuestionamientos democráticos es importante apelar a más democracia y buscar un instrumento para que se pueda consultar a la ciudadanía", agregó. Para eso, los legisladores tendrían que aprobar una nueva ley que los habilite a convocar un referendum de este tipo.

"Como este tema ha recibido cuestionamientos por la existencia de pronunciamientos anteriores, creemos que es sano que se vuelva a hacer una consulta, no sobre la ley de caducidad, sino sobre el nuevo marco legal que pretende dar respuesta al fallo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó Bayardi. En marzo, la CIDH ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la ley local que lo impide "carece de efectos jurídicos".

Además, la Suprema Corte de Justicia uruguaya sostuvo en tres oportunidades que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Bayardi defendió el proyecto interpretativo -que, según varios juristas, es inconstitucional- asegurando que "plantea desde el punto de vista legislativo una solución para hacer frente a lo que la Corte le ha impuesto a Uruguay".

La polémica Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en 1986, un año y medio después de la salida de la dictadura y de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos. La norma obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar.

Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del FA al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios. Desde entonces, una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez (militar) y Juan María Bordaberry (civil) y un militar en actividad- fueron encarceladas por violaciones de los derechos humanos.

La mayoría de los condenados lo está por unas 200 desapariciones de opositores y secuestro de niños, ocurridos sobre todo en Argentina, en en el marco del llamado 'Plan Cóndor', de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.