Kosovo y el horror
El Consejo de Europa y la exfiscal Carla del Ponte denuncian a la guerrilla de Kosovo como responsable de haber traficado con órganos de presos serbios, y al primer ministro, de estar detrás de la trama. En Albania, centro del presunto negocio, todos lo niegan. Serbia pide un juicio
Madrid, El País
Madrid, El País
A la luz pálida del mediodía, el centro de Fushë-Krujë, en el corazón de Albania, es un hervidero de gente. Adolescentes en grupo que salen del instituto, hombres sentados en las terrazas de los cafés, gente caminando por la calle, jóvenes que hacen cola ante la comisaría local, un edificio ruinoso, para sacarse el pasaporte. Es como si se hubieran echado a la calle los 25.000 habitantes de esta localidad situada en medio de una llanura agrícola (fushë significa campos en albanés), bajo la mole montañosa donde se asienta Krujë, la ciudad-fortaleza donde nació, en el siglo XV, el héroe nacional albanés, Gior Kastriota Skenderberg.
La calle principal, con sus edificios recién construidos, sus tiendas de trajes de novia, sus modernas clínicas dentales, floristerías y cafés, es un escaparate de la nueva Albania. Pero detrás de esa fachada luminosa se alzan todavía los precarios edificios de la era comunista. Fushë-Krujë, donde se ubica una prisión de alta seguridad, no figura en las guías turísticas de Albania. Tuvo su momento de gloria en 2007, cuando recibió la visita inesperada del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Y ha vuelto a ser noticia por culpa de un demoledor informe del Consejo de Europa, el organismo que vela por los derechos humanos en el Viejo Continente, que sitúa en este anodino rincón de Albania el centro neurálgico de un monstruoso negocio: el tráfico de órganos de prisioneros serbios que se habría producido entre el verano de 1999 y el de 2000, nada más terminar la guerra de Kosovo. Un conflicto que causó alrededor de 11.000 muertos, 1.600 desaparecidos, y supuso el tiro de gracia para Yugoslavia, el sueño de comunismo autogestionario del mariscal Tito.
El autor del informe, el senador y exjuez suizo Dick Marty, asegura que los hilos de esta macabra trama los manejaban altos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), la principal guerrilla que lideró la independencia de la región respecto del poder serbio. Al tiempo que acusa al actual primer ministro kosovar, Hashim Thaci, de ser uno de los máximos responsables de la delincuencia organizada en esa región. La red lo controlaba todo: transporte de cautivos a través de la frontera con Albania, entonces saturada e incontrolable; casas de acogida que no levantaban sospechas en la población; equipo médico mercenario, chóferes y guardianes, además de los necesarios contactos internacionales.
En algún lugar, en el dédalo de caminos de tierra que rodean el núcleo de Fushë-Krujë, entre parcelas agrícolas, se hallaba la clínica secreta donde, siempre según el citado informe, se extraían los órganos vitales de los prisioneros serbios, que llegaban vivos y eran eliminados con un simple tiro en la cabeza cuando el cliente, en una capital extranjera, estaba listo para recibirlos. Nadie sabe cuantas víctimas se cobró la trama, pero se estima que pudieron ser entre 100 y 300 personas. Gente raptada en Kosovo, a la que se mantenía con vida hasta el momento en que era reclamada la mercancía.
La elección de Fushë-Krujë como centro de las supuestas operaciones no era casual. La distancia al aeropuerto de Tirana (Rinas) se cubre en quince minutos, por penoso que fuera el camino antes de que se construyera la carretera nueva. El portavoz y fiscal adjunto de la Fiscalía serbia para Crímenes de Guerra, Bruno Vekaric, sostiene que los órganos preparados para su comercialización eran trasladados en helicóptero a Rinas. Allí les esperaba un vuelo con destino a Estambul. "A los prisioneros se les quitaban los riñones, el corazón, todo lo que era útil para el tráfico. Tenemos la lista de precios en marcos alemanes. Un corazón eran 80.000 marcos, un riñón, la mitad", dice Vekaric. Los despojos de las víctimas se enterraban en terrenos adyacentes.
El escándalo provocado por estas denuncias ha estremecido al mundo y ha obligado a Eulex (el organismo europeo que se encarga desde finales de 2008 de administrar justicia y velar por la seguridad en Kosovo) a abrir una investigación preliminar.
Fue un libro de la exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) Carla del Ponte, el que destapó la caja de los truenos. En La caza, publicado en 2008 (en español, al año siguiente), Del Ponte menciona los graves indicios que apuntaban a la existencia de ese horrible comercio. Indicios contenidos en un informe secreto redactado por funcionarios de la Administración interina de Naciones Unidas en Kosovo (Minuk), y enviado al TPIY, del que ella era fiscal, en noviembre de 2003. El documento, de una treintena de páginas, que fue filtrado en febrero a la prensa, recoge testimonios, redactados en inglés, de ocho exguerrilleros del ELK que dicen haber participado en el negocio del tráfico de órganos. Gente que colaboró presuntamente en el transporte, enterramiento y, en un caso, en el traslado de órganos extraídos a cadáveres de prisioneros al aeropuerto de Tirana, rumbo a Estambul.
El texto ofrece un escalofriante panorama de lo que pudo ocurrir con muchos desaparecidos serbios, en Albania, en aquellos meses de caos y desconcierto, inmediatamente posteriores al conflicto balcánico. "Nos dijeron que no golpeáramos a los cautivos. Que los tratáramos bien. Era la primera vez que oía algo así, y me sorprendió porque hasta entonces se les podía golpear (a los serbios) y romperles los brazos y las piernas, a voluntad. Fuimos a Albania. Vestíamos uniformes. Cruzamos por [borrado en el texto]", dice uno de los testimonios. "Había una multitud, una cola gigantesca de refugiados que regresaban a sus casas, atravesamos sin problemas. Fuimos a Burrel y pasamos allí la noche. Allí había más gente, y mujeres. No sé cuantos eran. Les oí hablar serbio. Al día siguiente les condujimos a una casa al suroeste de Burrell, en Fushë-Krujë. Antes de partir, un doctor le dio a un soldado una bolsa, un saco negro, creo que eran papeles. En todos los demás viajes siempre nos daban un maletín o una carpeta con papeles para darle al doctor del lugar donde los cautivos eran entregados. Cuando llegamos era de noche y nos esperaban varias personas. Había un doctor albanés que les examinó, especialmente el torso, y preguntó si habían sido golpeados. Bromeamos sobre eso".
La misma fuente recuerda otra entrega de prisioneros serbios, al sur de la ciudad de Burrel, donde fueron recibidos por varios doctores, uno de ellos árabe. En otro viaje recuerda haber llevado a una pareja de serbios jóvenes. Estaban desesperados. "En un momento dado, el hombre nos pidió que le matáramos de inmediato: 'No queremos que nos corten en pedazos', dijo. Los llevamos a la misma casa, al sur de Burrel, a primera hora de la tarde".
Entre los testimonios, que los miembros de Minuk consideran por escrito "de fiabilidad no verificada", figura el de un exguerrillero encargado, supuestamente, de llevar los órganos extraídos al aeropuerto de Rinas. Según su versión, los coches entraban por una puerta trasera del aeródromo y la mercancía era embarcada en vuelos regulares. Un poco de dinero bastaba para evitar preguntas indiscretas en los aeropuertos de Tirana y de Estambul. Este mismo testigo informa a los funcionarios de Naciones Unidas de que a los dos primeros serbios solo les quitaron los riñones. "La intención era introducirse en el mercado. Más adelante, todo se hacía mejor y sacaban hasta 45.000 dólares por persona. El envío mayor fue cuando operaron a cinco serbios de una vez y enseguida salimos hacia el aeropuerto". Lo normal, según la misma fuente, "era salir con los órganos de dos o tres serbios a la vez".
Tan horrendo comercio se desarrollaba, siempre según el informe Marty, a espaldas de la población de Albania, aunque habría contado con la colaboración del hoy primer ministro Sali Berisha, y de los servicios secretos. Razón más que suficiente para que el informe europeo haya levantado ampollas en un país de apenas tres millones de habitantes que se volcó en la ayuda a los hermanos kosovares. Berisha, antiguo cardiólogo de la nomenklatura comunista que gobernó Albania hasta principios de los años noventa, ha rechazado, indignado, las acusaciones. Su Gobierno se ha ofrecido a colaborar en la investigación. ¿Permitirán que una autoridad extranjera busque en suelo albanés los restos de las víctimas de la trama criminal? "Ya estamos colaborando. Recibimos al enviado del senador Marty, pero hasta el momento no nos ha llegado ninguna petición concreta, ni ninguna información más. Estamos esperando que nos manden datos o indicios que podamos investigar por nuestra parte", explica Plator Nesturi, portavoz de la fiscal general albanesa Ina Rama.
En Fushë-Krujë, la localidad salpicada por el escándalo, se palpa especialmente la hostilidad que provoca este tema. "Todo eso es falso, completamente falso. Esas acusaciones no son más que política. No hay nada de verdad. Los albaneses no lo hubiéramos permitido", dice el exmilitar que atiende uno de los bares más modernos de la pequeña ciudad. Es un hombre en los sesenta, de pelo gris, que se maneja detrás de la barra con cierta torpeza. "Aquí hubo un campo de refugiados. Y veíamos con frecuencia a guerrilleros kosovares. Pero no venían a hacer nada malo, sino a ver a sus familiares. Todo eso del tráfico de órganos son patrañas. Salga usted a la calle, pregunte a cualquiera. Le aseguro que nadie le podrá hablar ni de clínicas, ni de nada, porque no existieron. Nosotros no lo hubiéramos permitido".
Nadie sabe nada en el Ayuntamiento, y el alcalde, Ismet Havriqi, del Partido Democrático de Albania, actualmente en el poder, no se pondrá finalmente en contacto con la periodista, pese a los muchos requerimientos. Todas las puertas se cierran apenas se pregunta sobre el tema. "No vi nada, no sé nada", es la respuesta general.
Las víctimas del presunto tráfico de órganos eran, en su mayoría, hombres serbios jóvenes y saludables, pero también hubo algunas mujeres, y hombres de etnia gitana, además de unos pocos nacionales de otros países del este europeo que vivían en Kosovo en la época. De los más de 400 desaparecidos serbios tras el conflicto solo una parte habrían acabado en Fushë-Krujë, triturados por el macabro engranaje descrito en el informe. Los que no reunían las condiciones de compatibilidad requeridas para ser donantes desaparecieron para siempre en los campos de concentración secretos creados por el ELK en ciudades del norte de Albania, de los que existe evidencia en manos de la justicia kosovar.
José Pablo Baraybar, médico forense peruano, se dio de bruces con esta historia, que le persigue como una pesadilla, nada más aterrizar en Kosovo, en 2002, para organizar la Oficina de Personas Desaparecidas de Naciones Unidas. A él le tocó encabezar una pequeña expedición a Albania, en 2004, para buscar in situ pruebas del tráfico. No fue a Fhusë-Krujë, sino a una aldea llamada Rripe, cerca de la ciudad de Burrel, en el norte del país, donde varios testimonios coincidían en señalar la existencia de una clínica enmascarada. Un edificio de dos plantas, conocido como "la casa amarilla". Un lugar donde, presuntamente, se hacían pruebas médicas a los prisioneros para seleccionar a los que podían ser compatibles.
Un fiscal albanés y varios policías locales acompañaron a la misión. Gracias a un espray de luminol, una sustancia de uso forense, se encontraron salpicaduras de sangre en los muros y el suelo de una de las habitaciones de la casa, por entonces pintada de blanco. En un basurero próximo se hallaron también jeringuillas, vías intravenosas usadas en hospitales y restos de un medicamento tranquilizante utilizado también en cirugía. Los funcionarios internacionales redactaron un informe detallando los objetos recuperados. Se los fotografió y se guardó la evidencia en La Haya. Pero el caso se archivó. Tiempo después, nadie sabe en qué circunstancias, las pruebas fueron destruidas.
"No creo que lo hicieran por nada especial, simple negligencia", cuenta Baraybar, que vive ahora en Perú, en conversación telefónica. "El material que recogimos era bastante sospechoso porque las probabilidades de encontrar algo así en una casa al azar son bastante raras", dice. "Hay indicios que debían haberse investigado, pero al tribunal le faltó visión. Tampoco se investigó nada más en Kosovo ni en Albania, ni se hizo nada por comprobar si los órganos llegaron efectivamente a Turquía". ¿Por qué no se hizo?
"El Tribunal no mostró la misma diligencia para investigar los crímenes cometidos contra los serbios", dice este forense, sin dejar de subrayar que la violencia serbia produjo muchas más víctimas. "La relación sería como de cinco a uno". Pero indagar los crímenes cometidos por los albano-kosovares entrañaba más dificultades también. "La comunidad albanesa en Kosovo es muy cerrada. Por eso, la información disponible sobre los casos era bastante limitada. Aun así, creo que se podría haber hecho mucho más".
Michael Montgomery, uno de los periodistas estadounidenses que primero recogió la información sobre el supuesto tráfico de órganos, entrevistando a exguerrilleros kosovares, también estuvo en la casa amarilla. Para él, lo más sospechoso fueron las explicaciones que dieron sus inquilinos sobre los medicamentos y las manchas de sangre. "Primero, uno de ellos dijo que las medicinas se usaron para tratar a un caballo de una mordedura de serpiente. Luego, que se las habían dado a un familiar -una chica- que estuvo viviendo en la casa, de la que no recordaban ni el nombre", explica por correo electrónico desde San Francisco, donde trabaja para el Centro de Reportajes Investigativos, una organización sin ánimo de lucro dedicada a destapar escándalos. "Sobre las manchas de sangre, primero dijeron que habían nacido allí varios de los niños. Mientras una de las mujeres explicó que habían sacrificado varios animales por una fiesta musulmana. Algo bastante extraño porque era la pieza principal".
Extraño, sí. Bruno Vekaric, portavoz y fiscal adjunto de la Fiscalía serbia para Crímenes de Guerra, pensó lo mismo cuando tuvo en sus manos una copia del informe redactado tras la visita a la casa amarilla. Obtener el material no fue empresa fácil. Vekaric, un hombre joven y corpulento, cuenta, sentado ante su mesa de despacho en Belgrado, bajo una televisión de plasma adosada a la pared, que él mismo viajó a Buenos Aires, donde Carla del Ponte ha sido embajadora de Suiza hasta principios de año, para recavar información sobre el caso. "Anteriormente habíamos pedido datos de este asunto a la Minuk, pero nos respondieron que no sabían nada de este supuesto tráfico de órganos", dice, y extiende a la periodista la copia de una carta en inglés que confirma sus palabras. El despacho de Vekaric, en una de las plantas altas del sombrío edificio que alberga la fiscalía, es pequeño, discretamente amueblado. A través de la ventana, a su espalda, se ve caer la nieve sobre Belgrado. Los ánimos están bajos en Serbia, principal motor de la antigua Yugoslavia, que se ha quedado sola -un país de ocho millones de habitantes, sin salida al mar- tras el hundimiento de aquella confederación.
Mientras los investigadores a las órdenes de Vekaric se ponían en marcha, en Pristina, capital de Kosovo, la policía destapaba un escándalo con inquietantes puntos de contacto con lo denunciado por el informe Marty y por Carla del Ponte. Bajo la cobertura de una actividad médica normal, la clínica Medicus, a las afueras de la ciudad, realizaba trasplantes de riñón ilegales. La red operaba en un doble sentido: captando donantes entre los más pobres de las exrepúblicas soviéticas, a cambio de dinero, y buscando receptores ricos en Canadá, Israel, Turquía o Estados Unidos. Entre los detenidos por su implicación en el caso hay un profesor del Hospital Universitario de Pristina, Lutfi Dervishi, cuyo hijo, Arban, dirigía el establecimiento, y un alto cargo del Ministerio de Sanidad kosovar, Ilir Rrecaj, además de un cirujano turco, Yusuf Sonmez, arrestado recientemente en Estambul.
Dick Marty está convencido de que el caso Medicus tiene estrechas conexiones con la red de tráfico de órganos que denuncia su informe. Cree que funcionaba con los mismos canales internacionales y con los mismos médicos. Y espera que el organismo europeo que administra justicia en Kosovo lo aclare definitivamente.
Será una forma de sustanciar también la investigación serbia, en la que se han reunido, dice el fiscal Vekaric, "graves indicios" sobre el tráfico de órganos con prisioneros de este país. Vekaric reconoce que el Gobierno serbio preferiría que un tribunal internacional independiente se ocupara del caso. "Quizá bajo la presidencia de la señora Del Ponte". Pero esta vía ha sido vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para los serbios es esencial que se aborde con seriedad. "Necesitamos reconciliación en los Balcanes. Investigar lo que pasó es importante para los serbios, para los albaneses, y para los kosovares. Imagino que el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, será el primero en pedir una investigación que demuestre que es inocente como dice".
Quizá por eso, las instituciones europeas se han comprometido a esclarecer hasta el fondo el caso. Aunque sigue funcionando en La Haya, el Tribunal para la antigua Yugoslavia no tendría competencias en este espinoso caso, porque su mandato se limita a los crímenes de guerra cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1999. Hasta ahora, este Tribunal de Naciones Unidas ha condenado a seis altos cargos serbios por crímenes contra la humanidad en Kosovo. El último de los cuales, Vlastimir Djordjevic, responsable máximo de la policía, fue sentenciado en febrero a 27 años de cárcel. También ha sentado en el banquillo a varios imputados albano-kosovares, aunque la mayoría han quedado libres por falta de pruebas. Ocurrió en 2007, en el juicio por crímenes de guerra contra el exprimer ministro kosovar Ramush Haradinaj y uno de sus hermanos. El tribunal no pudo condenarlo porque ninguno de los 40 testigos de la investigación policial se presentó en el juicio. Algunos faltaron por causa mayor: habían sido asesinados. Quizá ha llegado la hora de la justicia también para los vencidos.
La calle principal, con sus edificios recién construidos, sus tiendas de trajes de novia, sus modernas clínicas dentales, floristerías y cafés, es un escaparate de la nueva Albania. Pero detrás de esa fachada luminosa se alzan todavía los precarios edificios de la era comunista. Fushë-Krujë, donde se ubica una prisión de alta seguridad, no figura en las guías turísticas de Albania. Tuvo su momento de gloria en 2007, cuando recibió la visita inesperada del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Y ha vuelto a ser noticia por culpa de un demoledor informe del Consejo de Europa, el organismo que vela por los derechos humanos en el Viejo Continente, que sitúa en este anodino rincón de Albania el centro neurálgico de un monstruoso negocio: el tráfico de órganos de prisioneros serbios que se habría producido entre el verano de 1999 y el de 2000, nada más terminar la guerra de Kosovo. Un conflicto que causó alrededor de 11.000 muertos, 1.600 desaparecidos, y supuso el tiro de gracia para Yugoslavia, el sueño de comunismo autogestionario del mariscal Tito.
El autor del informe, el senador y exjuez suizo Dick Marty, asegura que los hilos de esta macabra trama los manejaban altos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), la principal guerrilla que lideró la independencia de la región respecto del poder serbio. Al tiempo que acusa al actual primer ministro kosovar, Hashim Thaci, de ser uno de los máximos responsables de la delincuencia organizada en esa región. La red lo controlaba todo: transporte de cautivos a través de la frontera con Albania, entonces saturada e incontrolable; casas de acogida que no levantaban sospechas en la población; equipo médico mercenario, chóferes y guardianes, además de los necesarios contactos internacionales.
En algún lugar, en el dédalo de caminos de tierra que rodean el núcleo de Fushë-Krujë, entre parcelas agrícolas, se hallaba la clínica secreta donde, siempre según el citado informe, se extraían los órganos vitales de los prisioneros serbios, que llegaban vivos y eran eliminados con un simple tiro en la cabeza cuando el cliente, en una capital extranjera, estaba listo para recibirlos. Nadie sabe cuantas víctimas se cobró la trama, pero se estima que pudieron ser entre 100 y 300 personas. Gente raptada en Kosovo, a la que se mantenía con vida hasta el momento en que era reclamada la mercancía.
La elección de Fushë-Krujë como centro de las supuestas operaciones no era casual. La distancia al aeropuerto de Tirana (Rinas) se cubre en quince minutos, por penoso que fuera el camino antes de que se construyera la carretera nueva. El portavoz y fiscal adjunto de la Fiscalía serbia para Crímenes de Guerra, Bruno Vekaric, sostiene que los órganos preparados para su comercialización eran trasladados en helicóptero a Rinas. Allí les esperaba un vuelo con destino a Estambul. "A los prisioneros se les quitaban los riñones, el corazón, todo lo que era útil para el tráfico. Tenemos la lista de precios en marcos alemanes. Un corazón eran 80.000 marcos, un riñón, la mitad", dice Vekaric. Los despojos de las víctimas se enterraban en terrenos adyacentes.
El escándalo provocado por estas denuncias ha estremecido al mundo y ha obligado a Eulex (el organismo europeo que se encarga desde finales de 2008 de administrar justicia y velar por la seguridad en Kosovo) a abrir una investigación preliminar.
Fue un libro de la exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) Carla del Ponte, el que destapó la caja de los truenos. En La caza, publicado en 2008 (en español, al año siguiente), Del Ponte menciona los graves indicios que apuntaban a la existencia de ese horrible comercio. Indicios contenidos en un informe secreto redactado por funcionarios de la Administración interina de Naciones Unidas en Kosovo (Minuk), y enviado al TPIY, del que ella era fiscal, en noviembre de 2003. El documento, de una treintena de páginas, que fue filtrado en febrero a la prensa, recoge testimonios, redactados en inglés, de ocho exguerrilleros del ELK que dicen haber participado en el negocio del tráfico de órganos. Gente que colaboró presuntamente en el transporte, enterramiento y, en un caso, en el traslado de órganos extraídos a cadáveres de prisioneros al aeropuerto de Tirana, rumbo a Estambul.
El texto ofrece un escalofriante panorama de lo que pudo ocurrir con muchos desaparecidos serbios, en Albania, en aquellos meses de caos y desconcierto, inmediatamente posteriores al conflicto balcánico. "Nos dijeron que no golpeáramos a los cautivos. Que los tratáramos bien. Era la primera vez que oía algo así, y me sorprendió porque hasta entonces se les podía golpear (a los serbios) y romperles los brazos y las piernas, a voluntad. Fuimos a Albania. Vestíamos uniformes. Cruzamos por [borrado en el texto]", dice uno de los testimonios. "Había una multitud, una cola gigantesca de refugiados que regresaban a sus casas, atravesamos sin problemas. Fuimos a Burrel y pasamos allí la noche. Allí había más gente, y mujeres. No sé cuantos eran. Les oí hablar serbio. Al día siguiente les condujimos a una casa al suroeste de Burrell, en Fushë-Krujë. Antes de partir, un doctor le dio a un soldado una bolsa, un saco negro, creo que eran papeles. En todos los demás viajes siempre nos daban un maletín o una carpeta con papeles para darle al doctor del lugar donde los cautivos eran entregados. Cuando llegamos era de noche y nos esperaban varias personas. Había un doctor albanés que les examinó, especialmente el torso, y preguntó si habían sido golpeados. Bromeamos sobre eso".
La misma fuente recuerda otra entrega de prisioneros serbios, al sur de la ciudad de Burrel, donde fueron recibidos por varios doctores, uno de ellos árabe. En otro viaje recuerda haber llevado a una pareja de serbios jóvenes. Estaban desesperados. "En un momento dado, el hombre nos pidió que le matáramos de inmediato: 'No queremos que nos corten en pedazos', dijo. Los llevamos a la misma casa, al sur de Burrel, a primera hora de la tarde".
Entre los testimonios, que los miembros de Minuk consideran por escrito "de fiabilidad no verificada", figura el de un exguerrillero encargado, supuestamente, de llevar los órganos extraídos al aeropuerto de Rinas. Según su versión, los coches entraban por una puerta trasera del aeródromo y la mercancía era embarcada en vuelos regulares. Un poco de dinero bastaba para evitar preguntas indiscretas en los aeropuertos de Tirana y de Estambul. Este mismo testigo informa a los funcionarios de Naciones Unidas de que a los dos primeros serbios solo les quitaron los riñones. "La intención era introducirse en el mercado. Más adelante, todo se hacía mejor y sacaban hasta 45.000 dólares por persona. El envío mayor fue cuando operaron a cinco serbios de una vez y enseguida salimos hacia el aeropuerto". Lo normal, según la misma fuente, "era salir con los órganos de dos o tres serbios a la vez".
Tan horrendo comercio se desarrollaba, siempre según el informe Marty, a espaldas de la población de Albania, aunque habría contado con la colaboración del hoy primer ministro Sali Berisha, y de los servicios secretos. Razón más que suficiente para que el informe europeo haya levantado ampollas en un país de apenas tres millones de habitantes que se volcó en la ayuda a los hermanos kosovares. Berisha, antiguo cardiólogo de la nomenklatura comunista que gobernó Albania hasta principios de los años noventa, ha rechazado, indignado, las acusaciones. Su Gobierno se ha ofrecido a colaborar en la investigación. ¿Permitirán que una autoridad extranjera busque en suelo albanés los restos de las víctimas de la trama criminal? "Ya estamos colaborando. Recibimos al enviado del senador Marty, pero hasta el momento no nos ha llegado ninguna petición concreta, ni ninguna información más. Estamos esperando que nos manden datos o indicios que podamos investigar por nuestra parte", explica Plator Nesturi, portavoz de la fiscal general albanesa Ina Rama.
En Fushë-Krujë, la localidad salpicada por el escándalo, se palpa especialmente la hostilidad que provoca este tema. "Todo eso es falso, completamente falso. Esas acusaciones no son más que política. No hay nada de verdad. Los albaneses no lo hubiéramos permitido", dice el exmilitar que atiende uno de los bares más modernos de la pequeña ciudad. Es un hombre en los sesenta, de pelo gris, que se maneja detrás de la barra con cierta torpeza. "Aquí hubo un campo de refugiados. Y veíamos con frecuencia a guerrilleros kosovares. Pero no venían a hacer nada malo, sino a ver a sus familiares. Todo eso del tráfico de órganos son patrañas. Salga usted a la calle, pregunte a cualquiera. Le aseguro que nadie le podrá hablar ni de clínicas, ni de nada, porque no existieron. Nosotros no lo hubiéramos permitido".
Nadie sabe nada en el Ayuntamiento, y el alcalde, Ismet Havriqi, del Partido Democrático de Albania, actualmente en el poder, no se pondrá finalmente en contacto con la periodista, pese a los muchos requerimientos. Todas las puertas se cierran apenas se pregunta sobre el tema. "No vi nada, no sé nada", es la respuesta general.
Las víctimas del presunto tráfico de órganos eran, en su mayoría, hombres serbios jóvenes y saludables, pero también hubo algunas mujeres, y hombres de etnia gitana, además de unos pocos nacionales de otros países del este europeo que vivían en Kosovo en la época. De los más de 400 desaparecidos serbios tras el conflicto solo una parte habrían acabado en Fushë-Krujë, triturados por el macabro engranaje descrito en el informe. Los que no reunían las condiciones de compatibilidad requeridas para ser donantes desaparecieron para siempre en los campos de concentración secretos creados por el ELK en ciudades del norte de Albania, de los que existe evidencia en manos de la justicia kosovar.
José Pablo Baraybar, médico forense peruano, se dio de bruces con esta historia, que le persigue como una pesadilla, nada más aterrizar en Kosovo, en 2002, para organizar la Oficina de Personas Desaparecidas de Naciones Unidas. A él le tocó encabezar una pequeña expedición a Albania, en 2004, para buscar in situ pruebas del tráfico. No fue a Fhusë-Krujë, sino a una aldea llamada Rripe, cerca de la ciudad de Burrel, en el norte del país, donde varios testimonios coincidían en señalar la existencia de una clínica enmascarada. Un edificio de dos plantas, conocido como "la casa amarilla". Un lugar donde, presuntamente, se hacían pruebas médicas a los prisioneros para seleccionar a los que podían ser compatibles.
Un fiscal albanés y varios policías locales acompañaron a la misión. Gracias a un espray de luminol, una sustancia de uso forense, se encontraron salpicaduras de sangre en los muros y el suelo de una de las habitaciones de la casa, por entonces pintada de blanco. En un basurero próximo se hallaron también jeringuillas, vías intravenosas usadas en hospitales y restos de un medicamento tranquilizante utilizado también en cirugía. Los funcionarios internacionales redactaron un informe detallando los objetos recuperados. Se los fotografió y se guardó la evidencia en La Haya. Pero el caso se archivó. Tiempo después, nadie sabe en qué circunstancias, las pruebas fueron destruidas.
"No creo que lo hicieran por nada especial, simple negligencia", cuenta Baraybar, que vive ahora en Perú, en conversación telefónica. "El material que recogimos era bastante sospechoso porque las probabilidades de encontrar algo así en una casa al azar son bastante raras", dice. "Hay indicios que debían haberse investigado, pero al tribunal le faltó visión. Tampoco se investigó nada más en Kosovo ni en Albania, ni se hizo nada por comprobar si los órganos llegaron efectivamente a Turquía". ¿Por qué no se hizo?
"El Tribunal no mostró la misma diligencia para investigar los crímenes cometidos contra los serbios", dice este forense, sin dejar de subrayar que la violencia serbia produjo muchas más víctimas. "La relación sería como de cinco a uno". Pero indagar los crímenes cometidos por los albano-kosovares entrañaba más dificultades también. "La comunidad albanesa en Kosovo es muy cerrada. Por eso, la información disponible sobre los casos era bastante limitada. Aun así, creo que se podría haber hecho mucho más".
Michael Montgomery, uno de los periodistas estadounidenses que primero recogió la información sobre el supuesto tráfico de órganos, entrevistando a exguerrilleros kosovares, también estuvo en la casa amarilla. Para él, lo más sospechoso fueron las explicaciones que dieron sus inquilinos sobre los medicamentos y las manchas de sangre. "Primero, uno de ellos dijo que las medicinas se usaron para tratar a un caballo de una mordedura de serpiente. Luego, que se las habían dado a un familiar -una chica- que estuvo viviendo en la casa, de la que no recordaban ni el nombre", explica por correo electrónico desde San Francisco, donde trabaja para el Centro de Reportajes Investigativos, una organización sin ánimo de lucro dedicada a destapar escándalos. "Sobre las manchas de sangre, primero dijeron que habían nacido allí varios de los niños. Mientras una de las mujeres explicó que habían sacrificado varios animales por una fiesta musulmana. Algo bastante extraño porque era la pieza principal".
Extraño, sí. Bruno Vekaric, portavoz y fiscal adjunto de la Fiscalía serbia para Crímenes de Guerra, pensó lo mismo cuando tuvo en sus manos una copia del informe redactado tras la visita a la casa amarilla. Obtener el material no fue empresa fácil. Vekaric, un hombre joven y corpulento, cuenta, sentado ante su mesa de despacho en Belgrado, bajo una televisión de plasma adosada a la pared, que él mismo viajó a Buenos Aires, donde Carla del Ponte ha sido embajadora de Suiza hasta principios de año, para recavar información sobre el caso. "Anteriormente habíamos pedido datos de este asunto a la Minuk, pero nos respondieron que no sabían nada de este supuesto tráfico de órganos", dice, y extiende a la periodista la copia de una carta en inglés que confirma sus palabras. El despacho de Vekaric, en una de las plantas altas del sombrío edificio que alberga la fiscalía, es pequeño, discretamente amueblado. A través de la ventana, a su espalda, se ve caer la nieve sobre Belgrado. Los ánimos están bajos en Serbia, principal motor de la antigua Yugoslavia, que se ha quedado sola -un país de ocho millones de habitantes, sin salida al mar- tras el hundimiento de aquella confederación.
Mientras los investigadores a las órdenes de Vekaric se ponían en marcha, en Pristina, capital de Kosovo, la policía destapaba un escándalo con inquietantes puntos de contacto con lo denunciado por el informe Marty y por Carla del Ponte. Bajo la cobertura de una actividad médica normal, la clínica Medicus, a las afueras de la ciudad, realizaba trasplantes de riñón ilegales. La red operaba en un doble sentido: captando donantes entre los más pobres de las exrepúblicas soviéticas, a cambio de dinero, y buscando receptores ricos en Canadá, Israel, Turquía o Estados Unidos. Entre los detenidos por su implicación en el caso hay un profesor del Hospital Universitario de Pristina, Lutfi Dervishi, cuyo hijo, Arban, dirigía el establecimiento, y un alto cargo del Ministerio de Sanidad kosovar, Ilir Rrecaj, además de un cirujano turco, Yusuf Sonmez, arrestado recientemente en Estambul.
Dick Marty está convencido de que el caso Medicus tiene estrechas conexiones con la red de tráfico de órganos que denuncia su informe. Cree que funcionaba con los mismos canales internacionales y con los mismos médicos. Y espera que el organismo europeo que administra justicia en Kosovo lo aclare definitivamente.
Será una forma de sustanciar también la investigación serbia, en la que se han reunido, dice el fiscal Vekaric, "graves indicios" sobre el tráfico de órganos con prisioneros de este país. Vekaric reconoce que el Gobierno serbio preferiría que un tribunal internacional independiente se ocupara del caso. "Quizá bajo la presidencia de la señora Del Ponte". Pero esta vía ha sido vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para los serbios es esencial que se aborde con seriedad. "Necesitamos reconciliación en los Balcanes. Investigar lo que pasó es importante para los serbios, para los albaneses, y para los kosovares. Imagino que el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, será el primero en pedir una investigación que demuestre que es inocente como dice".
Quizá por eso, las instituciones europeas se han comprometido a esclarecer hasta el fondo el caso. Aunque sigue funcionando en La Haya, el Tribunal para la antigua Yugoslavia no tendría competencias en este espinoso caso, porque su mandato se limita a los crímenes de guerra cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1999. Hasta ahora, este Tribunal de Naciones Unidas ha condenado a seis altos cargos serbios por crímenes contra la humanidad en Kosovo. El último de los cuales, Vlastimir Djordjevic, responsable máximo de la policía, fue sentenciado en febrero a 27 años de cárcel. También ha sentado en el banquillo a varios imputados albano-kosovares, aunque la mayoría han quedado libres por falta de pruebas. Ocurrió en 2007, en el juicio por crímenes de guerra contra el exprimer ministro kosovar Ramush Haradinaj y uno de sus hermanos. El tribunal no pudo condenarlo porque ninguno de los 40 testigos de la investigación policial se presentó en el juicio. Algunos faltaron por causa mayor: habían sido asesinados. Quizá ha llegado la hora de la justicia también para los vencidos.
