Juzgar a los acusados del 11-S en Guantánamo, un gran riesgo para Obama

Washington, Agencias
La decisión de juzgar a los acusados de organizar los ataques del 11 de septiembre de 2001 ante una comisión militar y no ante un tribunal federal arriesga al gobierno de Barack Obama a perder el apoyo de su base de izquierda y a irritar a los conservadores.

El secretario de Justicia, Eric Holder, quien buscó durante un año llevar al cerebro confeso de los atentados, Jaled Cheij Mohamed, y a sus cuatro presuntos cómplices ante un tribunal civil federal, anunció el lunes que los cinco acusados serán juzgados ante una comisión militar en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.

"Las restricciones impuestas por el Congreso no se van a suprimir en un futuro próximo", dijo Holder. "No podemos aplazar más un proceso por respeto a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y por sus familias, que esperan desde hace casi 10 años".

La decisión, revelada el mismo día en que Obama anunció oficialmente que buscará un segundo mandato presidencial, sorprendió a algunos analistas. "Este es un problema de procedimiento de Obama, a pesar de que... Holder tratara de culpar al Congreso", dijo Jonathan Turley, profesor de Derecho en la Universidad George Washington. "El gobierno de Obama es casi hipócrita al quejarse de este caso cuando el presidente, Obama, mantuvo los tribunales militares".

En una de sus primeras iniciativas al asumir el cargo, en enero de 2009, Obama se comprometió a cerrar la prisión en la Bahía de Guantánamo en el transcurso de un año. Pero no pudo cumplir esa promesa de campaña, al estar concentrado en desarmar el marco de lucha contra el terrorismo dejado por la administración de George W. Bush.

David Rivkin, un abogado conservador a favor de un juicio militar, se quejó del "desafortunado" retraso de Obama para tomar su decisión final. "Ahora estamos exactamente donde estábamos cuando esta administración asumió en enero de 2009. Las cosas estaban avanzando. Las comisiones militares, obviamente, han sufrido pérdidas considerables de personal y financiamiento", agregó Rivkin. "El gobierno pasó esos años deslegitimando la comisión militar y dejándolas moribundas. Obviamente, las ha degradado. Va a llevar meses", agregó.

La Casa Blanca dijo no obstante este martes que mantiene su compromiso de cerrar la prisión militar en la Bahía de Guantánamo. "Seguimos comprometidos con el cierre de Guantánamo porque es en nuestro interés de seguridad nacional", dijo a periodistas el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

David Glazier, un profesor de la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles, dijo que la decisión de Obama puede indicar que busca llegar a los conservadores al lanzarse a la reelección. "Hay mucha oposición conservadora a la idea de utilizar tribunales federales a pesar de que legalmente son preferibles", dijo. "Podría ser que el gobierno esté tratando de evitar que éste sea un tema de campaña, al dar a los conservadores lo que quieren sobre esta cuestión a pesar de que saben que legalmente no es lo correcto", agregó.

Los legisladores republicanos saludaron ampliamente la decisión de Obama y dijeron que el asunto estaba cerrado.

Sin embargo, el tema sigue siendo un reto para el gobierno de Obama. En diciembre de 2008, los acusados dijeron que estaban dispuestos a declararse culpables si no había un juicio completo. Y si uno de los sospechosos se declara culpable ante un tribunal marcial o ante la comisión, nada en la ley aplicable en tribunales de Guantánamo asegura que los acusados puedan ser condenados a muerte.

Así que "si el gobierno los pone en la comisión militar y luego lo hace de una manera en que no pueden obtener una sentencia de muerte, presumiblemente terminará enojando a la misma gente que está tratando de contentar", señaló Glazier. "Los conservadores que la administración Obama parece estar tratando de aplacar con el anuncio de las comisiones militares, también parecen decididos a lograr una sentencia de muerte", agregó.

Cambiar el lugar de los juicios inevitablemente demorará una decisión final. "Los casos procesados por la administración Obama en las comisiones serán objeto seguro de continuas recusaciones legales y demoras y sus resultados no serán vistos como legítimos", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

"Eso no es justicia. Los estadounidenses se merecen algo mejor", agregó. Pero para Turley, más allá de cualquier retraso, "esta decisión nos hace quedar como hipócritas e independientemente de la evidencia presentada en el tribunal militar, su legitimidad será siempre cuestionada por el foro en el que estos hombres fueron juzgados".