Piedad Córdoba desmiente que haya pedido una indemnización por su destitución

Bogotá, Agencias
La ex congresista Piedad Córdoba ha desmentido este viernes las versiones que circularon por la prensa colombiana de que había solicitado una indemnización de más de 84 millones de pesos (32.700 euros) por los daños y perjuicios provocados a raíz de su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 18 años.

"De manera consciente tergiversaron una exigencia que me hace la ley para poder demandar ante consejo de Estado. Jamás pedí indemnizaciones", ha afirmado Córdoba en uno de sus varios mensajes enviados a través de Twitter en los que fustiga duramente los medios colombianos.

Córdoba también ha responsabilizado de estos rumores al procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, que el pasado octubre la destituyó de su cargo como senadora y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por su presunta relación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"No he pedido indemnizaciones ni dinero, es muy grave para un país que el procurador y los medios inventen noticias para acabar con la honra", ha lamentado la ex senadora. "Después de la noticia tendenciosa y falsa en mi contra, queda clara la persecución sistemática del procurador general para hacerme daño", ha aseverado.

Córdoba había presentado el viernes una solicitud de conciliación ante la Procuraduría 139 Delegada para la Conciliación Administrativa a fin de revocar el fallo de Ordoñez y poder retomar sus funciones públicas.

Según ha explicado a través de Twitter, la Ley 1786 reglamentada por el decreto 1716 del año 2009 exige como requerimiento en estos casos enviar una conciliación para poder demandar la nulidad del fallo ante el Consejo de Estado, sin que esto signifique una indemnización económica.

"Yo lo que estoy exigiendo es un derecho de conciliar con el procurador y que si no lo hago, no me admiten la demanda ante el Consejo de Estado", ha explicado.

Cuando se dio a conocer la destitución de Córdoba el pasado octubre, el Ministerio Público alegó que estaba demostrada la supuesta relación irregular que habría entre la congresista liberal y las FARC mediante los documentos encontrados en los ordenadores decomisados en el campamento donde murió el 'ex número dos' de esa guerrilla Raúl Reyes en marzo de 2008.

Córdoba ha servido de mediadora de las FARC para la liberación de 19 políticos y uniformados que han sido puestos en libertad en diferentes operativos humanitarios realizados desde 2008, algunos de ellos con el apoyo del presidente venezolano, Hugo Chávez.