Historiadores piden se proteja archivos comunistas en Hungría
Las personas en Hungría a las que espiaba la policía secreta durante la era comunista podrían lograr el derecho a solicitar los expedientes sobre ellas que yacen en archivos estatales, de acuerdo con una propuesta sin precedentes que prepara el gobierno.
Sin embargo, los historiadores afirman que esa iniciativa obstruiría sus investigaciones sobre el régimen que gobernó el país de 1948 a 1990 y demandan la protección, así como la preservación de esos documentos.
La red de informantes del régimen comunista en Hungría vigilaba a 1,6 millones de personas. Parientes y vecinos entregaban información sobre otros y el servicio secreto compiló expedientes sobre un conjunto de civiles. Esos documentos extendidos alcanzan una longitud de al menos 19 kilómetros (12 millas).
El gobierno afirma que prepara una legislación que daría a las personas espiadas durante la dictadura el derecho a decidir sobre el futuro de los documentos que les atañen: sea que se les conserve donde deseen, que ellas los guarden para sus nietos o que se les destruya.
"Un estado, bajo el estado de derecho, no debe conservar información recabada por medios inconstitucionales, como estos documentos inmorales de un régimen inmoral", dijo el ministerio de justicia.
"Los expedientes contienen pruebas de las injusticias y permitirían fincar responsabilidades a los implicados en abusos de confianza y poder", dijo la Asociación de Archivistas Canadienses, la cual demanda la preservación de los documentos.
"Los expedientes archivados proveen pruebas que documentan las acciones de los gobernantes y protegen los derechos de todos los ciudadanos", afirmó la asociación en una carta dirigida la semana pasada al embajador de Hungría en Canadá.
La autorización para que las personas retiren sus expedientes "sólo mermará la posibilidad de que los húngaros finquen responsabilidades a los funcionarios implicados y socavará el pilar fundamental de la democracia", dijo la presidenta de la asociación, Loryl MacDonald.
Maria Schmidt, directora de la Casa del Terror, un museo en Budapest dedicado a la historia de los regímenes de derecha y comunistas de Hungría, expresó confianza en que los legisladores modifiquen la iniciativa.
"Si se entregan lo expedientes, ya no estarán disponibles para investigación ni los hechos ni las relaciones de éstos", afirmó Schmidt.
"Sin ellos, no podremos crear un panorama preciso del régimen ni mostrar a las generaciones futuras el significado del terror, las manipulaciones y la naturaleza de la dictadura, ni el surgimiento de la perversión humana", apuntó.
Sin embargo, los historiadores afirman que esa iniciativa obstruiría sus investigaciones sobre el régimen que gobernó el país de 1948 a 1990 y demandan la protección, así como la preservación de esos documentos.
La red de informantes del régimen comunista en Hungría vigilaba a 1,6 millones de personas. Parientes y vecinos entregaban información sobre otros y el servicio secreto compiló expedientes sobre un conjunto de civiles. Esos documentos extendidos alcanzan una longitud de al menos 19 kilómetros (12 millas).
El gobierno afirma que prepara una legislación que daría a las personas espiadas durante la dictadura el derecho a decidir sobre el futuro de los documentos que les atañen: sea que se les conserve donde deseen, que ellas los guarden para sus nietos o que se les destruya.
"Un estado, bajo el estado de derecho, no debe conservar información recabada por medios inconstitucionales, como estos documentos inmorales de un régimen inmoral", dijo el ministerio de justicia.
"Los expedientes contienen pruebas de las injusticias y permitirían fincar responsabilidades a los implicados en abusos de confianza y poder", dijo la Asociación de Archivistas Canadienses, la cual demanda la preservación de los documentos.
"Los expedientes archivados proveen pruebas que documentan las acciones de los gobernantes y protegen los derechos de todos los ciudadanos", afirmó la asociación en una carta dirigida la semana pasada al embajador de Hungría en Canadá.
La autorización para que las personas retiren sus expedientes "sólo mermará la posibilidad de que los húngaros finquen responsabilidades a los funcionarios implicados y socavará el pilar fundamental de la democracia", dijo la presidenta de la asociación, Loryl MacDonald.
Maria Schmidt, directora de la Casa del Terror, un museo en Budapest dedicado a la historia de los regímenes de derecha y comunistas de Hungría, expresó confianza en que los legisladores modifiquen la iniciativa.
"Si se entregan lo expedientes, ya no estarán disponibles para investigación ni los hechos ni las relaciones de éstos", afirmó Schmidt.
"Sin ellos, no podremos crear un panorama preciso del régimen ni mostrar a las generaciones futuras el significado del terror, las manipulaciones y la naturaleza de la dictadura, ni el surgimiento de la perversión humana", apuntó.
