Legislativo estatal tendrá entre sus prioridades combatir la inmigración ilegal
Atlanta, Agencias
El Legislativo de Georgia reanudará sus sesiones el próximo lunes y entre sus prioridades estará atajar la inmigración ilegal con una serie de duras medidas, entre ellas una que podría copiar la ley SB1070 de Arizona.
Los esfuerzos contra los inmigrantes indocumentados cuentan con el respaldo de la mayoría en la Asamblea General de Georgia, controlada por el Partido Republicano, y del gobernador electo del estado, el ex congresista federal Nathan Deal.
Deal, que juramenta el lunes en el cargo, prometió durante la campaña electoral que apoyaría leyes más estrictas en contra de los más de 450.000 indocumentados que se calcula viven en Georgia, incluyendo una similar a la de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.
Legisladores del Partido Republicano tienen previsto presentar en los próximos días un proyecto de ley que busca prohibir el acceso de los inmigrantes 'sin papeles' a las universidades públicas.
El representante estatal Matt Ramsey, quien junto con el senador Jack Murphy preside el Comité Conjunto por una Reforma Migratoria de la legislatura estatal, dijo a The Atlanta Journal-Constitution que también buscarán incentivar a más comunidades a que soliciten al gobierno federal el programa 287(g), que permite revisar el estatus migratorio de los presos.
Actualmente, los condados de Cobb, Gwinnett, Hall y Whitfield, así como la Patrulla Estatal implementan este acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La comisión, compuesta por 14 legisladores republicanos, evalúa desde finales del año pasado la aprobación de una ley similar a la de Arizona o la posibilidad de permitir a las autoridades locales de todo el estado hacer cumplir las leyes de migración.
Los legisladores también buscarían endurecer las leyes existentes en Georgia que exigen a contratistas de gobiernos locales a verificar el estatus migratorio de sus empleados.
Organizaciones civiles y gremiales han expresado su preocupación ante la posibilidad del endurecimiento de las leyes que afectan a los inmigrantes indocumentados.
"Vemos con preocupación el giro que se está dando para acabar con la inmigración, porque está creando un ambiente abierto de intolerancia y miedo que va a crear más indocumentados y un grupo de personas de segunda clase", dijo hoy a Efe Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR).
Por su parte, la Asociación de Agricultores de Georgia (GFB, por sus siglas en inglés) también se ha manifestado en contra de los intentos del Legislativo estatal de combatir la inmigración ilegal.
La organización ha indicado que la inmigración "es un tema federal que necesita una solución federal" e instó a los legisladores a no tomar medidas contra los jornaleros que trabajan en la industria agrícola del estado, que genera aproximadamente 65.000 millones de dólares cada año.
La GFB, que agrupa a cerca de 400.000 familias, aprobó una moción en la que se oponían a la aprobación de "cualquier ley de inmigración que discrimine contra los jornaleros y ponga a los agricultores de Georgia en desventaja con respecto a agricultores de otros estados" durante su última convención en diciembre pasado.
El Legislativo de Georgia reanudará sus sesiones el próximo lunes y entre sus prioridades estará atajar la inmigración ilegal con una serie de duras medidas, entre ellas una que podría copiar la ley SB1070 de Arizona.
Los esfuerzos contra los inmigrantes indocumentados cuentan con el respaldo de la mayoría en la Asamblea General de Georgia, controlada por el Partido Republicano, y del gobernador electo del estado, el ex congresista federal Nathan Deal.
Deal, que juramenta el lunes en el cargo, prometió durante la campaña electoral que apoyaría leyes más estrictas en contra de los más de 450.000 indocumentados que se calcula viven en Georgia, incluyendo una similar a la de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.
Legisladores del Partido Republicano tienen previsto presentar en los próximos días un proyecto de ley que busca prohibir el acceso de los inmigrantes 'sin papeles' a las universidades públicas.
El representante estatal Matt Ramsey, quien junto con el senador Jack Murphy preside el Comité Conjunto por una Reforma Migratoria de la legislatura estatal, dijo a The Atlanta Journal-Constitution que también buscarán incentivar a más comunidades a que soliciten al gobierno federal el programa 287(g), que permite revisar el estatus migratorio de los presos.
Actualmente, los condados de Cobb, Gwinnett, Hall y Whitfield, así como la Patrulla Estatal implementan este acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La comisión, compuesta por 14 legisladores republicanos, evalúa desde finales del año pasado la aprobación de una ley similar a la de Arizona o la posibilidad de permitir a las autoridades locales de todo el estado hacer cumplir las leyes de migración.
Los legisladores también buscarían endurecer las leyes existentes en Georgia que exigen a contratistas de gobiernos locales a verificar el estatus migratorio de sus empleados.
Organizaciones civiles y gremiales han expresado su preocupación ante la posibilidad del endurecimiento de las leyes que afectan a los inmigrantes indocumentados.
"Vemos con preocupación el giro que se está dando para acabar con la inmigración, porque está creando un ambiente abierto de intolerancia y miedo que va a crear más indocumentados y un grupo de personas de segunda clase", dijo hoy a Efe Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR).
Por su parte, la Asociación de Agricultores de Georgia (GFB, por sus siglas en inglés) también se ha manifestado en contra de los intentos del Legislativo estatal de combatir la inmigración ilegal.
La organización ha indicado que la inmigración "es un tema federal que necesita una solución federal" e instó a los legisladores a no tomar medidas contra los jornaleros que trabajan en la industria agrícola del estado, que genera aproximadamente 65.000 millones de dólares cada año.
La GFB, que agrupa a cerca de 400.000 familias, aprobó una moción en la que se oponían a la aprobación de "cualquier ley de inmigración que discrimine contra los jornaleros y ponga a los agricultores de Georgia en desventaja con respecto a agricultores de otros estados" durante su última convención en diciembre pasado.