Santos congeló el acuerdo militar con EE UU que había impulsado como ministro
Madrid, El PaísHugo Chávez apareció exultante el pasado 23 de octubre. Su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acababa de congelar el acuerdo que permitía a EE UU el uso de siete bases militares de Colombia para combatir el narcotráfico y el terrorismo. "Se impuso la racionalidad, el sentido común y la responsabilidad", declaró el presidente venezolano, que un año antes había roto las relaciones con Bogotá a causa de ese tratado. Los documentos del Departamento de Estado revelan, sin embargo, que si alguien impulsó el acuerdo militar fue el propio Santos, entonces ministro de Defensa, como herramienta fundamental para frenar los ardores bélicos del "impredecible" Chávez. Los cables dan cuenta de que Washington rebajó el alcance del tratado y rechazó algunas demandas de Colombia, como la instalación de un sistema de defensa aérea.
"El Gobierno de Colombia considera cada vez más a Venezuela como una amenaza, sobre todo tras las recientes compras de armamento a Rusia, y ve el acuerdo de defensa como un disuasorio ante una posible agresión venezolana", escribe William Brownfield, embajador de EE UU en Bogotá, en un cable del 5 de febrero de 2009. "En varias ocasiones, el ministro Santos ha aludido al puente aéreo de EE UU a Israel durante la guerra del Yom Kipur de 1973, y ha pedido 'garantías' similares del Gobierno estadounidense en caso de un conflicto con Venezuela".
Y es que los diques de contención habían saltado por los aires. Es cierto que las tensiones con Caracas venían de lejos, provocadas por los afanes de Chávez de exportar la revolución bolivariana y sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero los ordenadores incautados en marzo de 2008 a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla, habían destapado un apoyo del Gobierno venezolano a las FARC que superaba todo lo imaginable: desde la entrega de dinero y armas hasta la intermediación para conseguir misiles tierra-aire. Las comprometedoras revelaciones desestabilizaron a Chávez, que movilizó tropas hacia la frontera. Según un cable de la Embajada de EE UU en Caracas, dos altos cargos venezolanos aseguran, en mayo de 2008, que el presidente está "agitado" y "nervioso" y no descartan que intente provocar un incidente fronterizo "para distraer la atención".
En esas mismas fechas, EE UU estudia alternativas al cierre de su centro de operaciones antidrogas en Manta (Ecuador), ante la decisión del Gobierno de Rafael Correa de no prorrogar el contrato más allá de julio de 2009. En una reunión con Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Latinoamérica, el presidente Álvaro Uribe asegura que para Colombia es una "prioridad" albergar una instalación conjunta de lucha contra el narcotráfico. La idea inicial de utilizar la estratégica base aérea de Palanquero deriva posteriormente en un proyecto más ambicioso, el Acuerdo de Cooperación en Defensa (DCA), que empieza a negociarse en febrero de 2009. La embajada detecta diferencias en la delegación colombiana. Frente a la postura más conservadora del Ministerio de Exteriores, preocupado por no irritar a los vecinos bolivarianos, el equipo de Defensa, que encabeza Santos, "favorece una relación militar más robusta" con los norteamericanos.
Los límites de Washington
De hecho, Washington quiere limitar el alcance del acuerdo para evitar "verse arrastrado en un potencial conflicto regional". EE UU se muestra reticente a permitir a los colombianos el acceso abierto a los equipamientos y a establecer un sistema integral de defensa aérea para proteger instalaciones estratégicas frente a amenazas externas (es decir, Venezuela). Colombia "no se da cuenta del coste y del alcance" de su demanda, escribe el embajador, que la considera "inaceptable".
El Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad es firmado el 29 de octubre de 2009 por el ministro de Exteriores, Jaime Bermúdez, y el propio Brownfield, en la tónica de "perfil bajo" acordada por ambas partes. Durante diez años, EE UU podrá utilizar siete bases para operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo, sin afectar, insisten, a los países vecinos.
Previamente, la diplomacia colombiana ha desactivado una rebelión regional espoleada por Venezuela, que considera el acuerdo como una "amenaza directa". Chávez congela relaciones con Colombia, suspende el comercio bilateral y el 8 de noviembre ordena la movilización de tropas a la frontera.
Amenaza
Esta vez los colombianos se toman en serio la amenaza. Las comunicaciones que Brownfield envía en noviembre de 2009 reflejan una preocupación que el Gobierno de Colombia nunca dejó traslucir en público. Chávez, señala una asesora de Uribe, es peligroso por lo "impredecible". Y lo más probable es que intente distraer la atención de sus problemas internos "con una confrontación con Colombia", como hizo en 1982 la dictadura argentina en Las Malvinas. El nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva (hombre de confianza de Santos, que deja el cargo en mayo de 2009 para preparar las presidenciales del año siguiente) llega incluso a pedir a EE UU que realice "una actividad militar visible o simbólica" en la base de Palanquero para frenar un eventual "ataque quirúrgico" de Caracas, algo que Brownfield desestima.
Las autoridades colombianas preparan el terreno para la aplicación del acuerdo militar en los primeros meses de 2010. El país entra en campaña electoral. Y en Caracas vuelven a sonar los tambores de guerra: Chávez advierte a los colombianos que se atengan a las consecuencias si eligen presidente a Juan Manuel Santos, "señor de la guerra" y "ficha del imperio". El heredero de Álvaro Uribe arrolla en los comicios y asume la presidencia el 7 de agosto. Tres días después, en un golpe de efecto, abraza a Chávez en un lugar simbólico: la quinta de San Pedro Alejandrino, en el Caribe colombiano, donde murió el libertador Simón Bolívar.
Ambos líderes restablecen las relaciones bilaterales. Chávez pone fin al bloqueo comercial que asfixiaba a Colombia, que había visto reducirse en un 70% unas exportaciones de 6.000 millones de dólares anuales.
Y Santos responderá con una baza inusitada, que le proporciona la Corte de Constitucionalidad. El tribunal invalida el acuerdo de defensa con EE UU, al considerar que debe ser ratificado por el Congreso. A pesar de contar con una mayoría absoluta en el Legislativo, Santos anuncia, el 21 de octubre, que no piensa tramitarlo.
Este gesto del presidente colombiano ha desatado las especulaciones sobre un alejamiento de Washington, su principal aliado. Otras voces, en cambio, ven el timonazo como una de las jugadas estratégicas de Santos que han cimentado su fama de pragmático. Y no dudan de que, como consumado jugador de póquer, se guarda algunos ases en la manga.
