Legislativo viabiliza revolucionaria Ley de Pensiones
La Paz, Abi
Una vez que el Senado aprobó la madrugada del viernes la nueva Ley de Pensiones, el Legislativo ha viabilizado la puesta en marcha de un revolucionario programa de amplio alcance social a favor de todos los bolivianos impulsado desde 2006 por el actual Gobierno.
El presidente de la Cámara Alta, René Martínez, destacó la aprobación de la Ley "que marcará una nueva etapa de inclusión social a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos".
Dijo que la nueva Ley de Pensiones plantea una serie de medidas revolucionarias de amplio alcance social para que todos los ciudadanos sean beneficiarios.
Los senadores debatieron en una maratónica sesión entre el jueves y el viernes artículo por artículo la Ley en un esforzado trabajo en el que los representantes políticos del oficialismo y de la oposición dieron a conocer sus posicionamientos.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, adelantó que es probable que el presidente Evo Morales Ayma promulgue la Ley este domingo.
La norma consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, que proponen que la seguridad social de largo plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones.
La Ley reduce la edad de jubilación de los trabajadores de 60 a 58 años y a 56 para los mineros y prevé la creación de un Fondo Solidario para incrementar la renta de los trabajadores de bajos ingresos.
El Fondo Solidario será financiado con el aporte patronal del tres por ciento y del 0,5 por ciento de los trabajadores. La renta de jubilación será calculada en base a los salarios de los últimos dos años.
El Fondo de Pensiones dejará de ser administrado por empresas privadas, como Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, ya que pasará a la tuición de una Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo que invertirá el 5 por ciento de esos recursos en programas de desarrollo productivo.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, puntualizó que la Gestora Pública tendrá todos los candados y garantías para asegurar los ahorros de jubilación de los bolivianos y estará abierta al control social.
El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, desestimó que, con las nuevas reglas, vayan a repetirse experiencias de corrupción del pasado cuando se produjo un millonario desfalco en el denominado Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP), a cargo de Dante Escóbar, quien hoy cumple una condena en la cárcel de San Pedro de La Paz.
"Esta vez hay controles muy estrictos. La misma ley prevé que estos recursos no pueden utilizarse en préstamos o un fin específico a favor de los trabajadores", dijo Elío.
La nueva Ley de Pensiones fue aprobada en sujeción a los mandatos de la Constitución Política del Estado que establece que el manejo de la seguridad social está a cargo del Estado para que los aportes para la jubilación de los trabajadores sean administrados con transparencia.
Con el fin de velar por los recursos de los trabajadores, la Ley establece condenas de 5 a 10 años de privación de libertad a aquellos funcionarios que incurran en acciones dolosas.
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley de Pensiones el 24 de noviembre tras un largo debate.
Antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de Ley de Pensiones fue consensuado con los sindicatos para recoger sus reivindicaciones.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, calificó a la nueva Ley de Pensiones como "un avance en la búsqueda de justicia para todos los bolivianos, en especial para los sectores abandonados y excluidos".
Montes puntualizó que la Ley incorpora medidas para salvaguardar los aportes de los trabajadores "que fueron mal utilizados por las administradoras privadas de pensiones y por los empresarios, muchos de los cuales descontaban a los trabajadores los aportes pero no los depositaban".
Una vez que el Senado aprobó la madrugada del viernes la nueva Ley de Pensiones, el Legislativo ha viabilizado la puesta en marcha de un revolucionario programa de amplio alcance social a favor de todos los bolivianos impulsado desde 2006 por el actual Gobierno.
El presidente de la Cámara Alta, René Martínez, destacó la aprobación de la Ley "que marcará una nueva etapa de inclusión social a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos".
Dijo que la nueva Ley de Pensiones plantea una serie de medidas revolucionarias de amplio alcance social para que todos los ciudadanos sean beneficiarios.
Los senadores debatieron en una maratónica sesión entre el jueves y el viernes artículo por artículo la Ley en un esforzado trabajo en el que los representantes políticos del oficialismo y de la oposición dieron a conocer sus posicionamientos.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, adelantó que es probable que el presidente Evo Morales Ayma promulgue la Ley este domingo.
La norma consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, que proponen que la seguridad social de largo plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones.
La Ley reduce la edad de jubilación de los trabajadores de 60 a 58 años y a 56 para los mineros y prevé la creación de un Fondo Solidario para incrementar la renta de los trabajadores de bajos ingresos.
El Fondo Solidario será financiado con el aporte patronal del tres por ciento y del 0,5 por ciento de los trabajadores. La renta de jubilación será calculada en base a los salarios de los últimos dos años.
El Fondo de Pensiones dejará de ser administrado por empresas privadas, como Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, ya que pasará a la tuición de una Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo que invertirá el 5 por ciento de esos recursos en programas de desarrollo productivo.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, puntualizó que la Gestora Pública tendrá todos los candados y garantías para asegurar los ahorros de jubilación de los bolivianos y estará abierta al control social.
El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, desestimó que, con las nuevas reglas, vayan a repetirse experiencias de corrupción del pasado cuando se produjo un millonario desfalco en el denominado Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP), a cargo de Dante Escóbar, quien hoy cumple una condena en la cárcel de San Pedro de La Paz.
"Esta vez hay controles muy estrictos. La misma ley prevé que estos recursos no pueden utilizarse en préstamos o un fin específico a favor de los trabajadores", dijo Elío.
La nueva Ley de Pensiones fue aprobada en sujeción a los mandatos de la Constitución Política del Estado que establece que el manejo de la seguridad social está a cargo del Estado para que los aportes para la jubilación de los trabajadores sean administrados con transparencia.
Con el fin de velar por los recursos de los trabajadores, la Ley establece condenas de 5 a 10 años de privación de libertad a aquellos funcionarios que incurran en acciones dolosas.
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley de Pensiones el 24 de noviembre tras un largo debate.
Antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de Ley de Pensiones fue consensuado con los sindicatos para recoger sus reivindicaciones.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, calificó a la nueva Ley de Pensiones como "un avance en la búsqueda de justicia para todos los bolivianos, en especial para los sectores abandonados y excluidos".
Montes puntualizó que la Ley incorpora medidas para salvaguardar los aportes de los trabajadores "que fueron mal utilizados por las administradoras privadas de pensiones y por los empresarios, muchos de los cuales descontaban a los trabajadores los aportes pero no los depositaban".