Wikileaks: ¿Puede EE.UU. guardar un secreto?
Carlos Chirinos, BBC Mundo, Washington
¡Cuidado con lo que le dice a un diplomático estadounidense!, podría ser la enseñanza que deja la publicación de las comunicaciones oficiales del Departamento de Estado que Wikileaks y varios periódicos de todo el mundo empezaron a publicar este domingo.
Este lunes en el Departamento de Estado redoblaron la tarea de control de daños y reparación que empezaron hace ya varias semanas, cuando se hizo inminente la publicación de los 250.000 documentos.
En su primera reacción oficial en persona, la tarde del lunes la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconoció ese potencial daño, aunque dijo confiar en que los vínculos de EE.UU. con sus aliados no sufrirán.
"Cualquiera que sea el motivo para difundir esos documentos, es claro que su presentación representa riegos reales para personas reales y frecuentemente para la misma gente que ha dedicado sus propias vidas a proteger las de otros", dijo Clinton en una breve declaración en Washington.
"Estoy consciente de que algunos pueden equivocadamente aplaudir a los responsables. Así que quiero dejar las cosas claras: no hay nada loable en poner en peligro a gente inocente. Y no hay nada valiente en sabotear las pacíficas relaciones entre naciones de la que depende nuestra seguridad común".
Clinton tuvo oportunidad de dar explicaciones directamente al canciller de Turquía, Ahmet Davutoglu, con quien se reunió esta mañana y seguramente deberá seguir haciéndolo con los colegas que encuentre durante la gira asiática que empezó este lunes.
Más cautela que de costumbre
Por lo pronto, un primer "efecto" de Wikileaks podría reflejarse en la cautela con la que amanecieron este lunes algunas de las fuentes diplomáticas en Washington consultadas por BBC Mundo.
Varias de ellas declinaron hacer comentarios y todas –independientemente de filiación partidista- coincidieron en decir que la publicación hacía un grave daño a la capacidad de los funcionarios estadounidenses de recabar información crucial para el desempeño de su trabajo.
Aunque el ex Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, considera que "es temprano para evaluar el daño" y que la información en muchos casos "no es demasiado importante" afirma que la filtración "es poco ética, ilegal e increíblemente irresponsable".
Reich estima que algunos gobiernos, como los de Medio Oriente "van a estar mucho más renuentes a compartir la información con EE.UU. porque piensan que pueden verla publicada en la prensa internacional y les puede causar problemas a ellos".
Cuestión de confianza
Para el representante republicano Peter Hoekstra, miembro de Comité de Inteligencia del Congreso, se ha producido una "catastrófica ruptura de la confianza" entre EE.UU. y sus aliados.
"¿Se puede confiar en EE.UU.? ¿Puede EE.UU. mantener un secreto?", se preguntó Hoeskstra en declaraciones a la prensa, dando a entender que la capacidad del país para recabar información de inteligencia está gravemente comprometida.
Para guardar un secreto se asume que mientras menos lo sepan, mejor. Pero eso se dificulta con el sistema que tiene el gobierno estadounidense para compartir información oficial al que hasta tres millones de personas pueden tener acceso, dependiendo del grado de confidencialidad que se le adjudique a los datos.
Es paradójico que el mecanismo creado después del 11 de septiembre de 2001 para evitar que se represe información que podría ayudar a evitar atentados contra la seguridad nacional haya contribuido a la filtración de los documentos.
El SIPRNET (siglas del Secret Internet Protocol Router Network) es el sistema de distribución de datos del gobierno estadounidense que usan embajadas, militares y agencias como el FBI, la CIA o la DEA.
Y aunque tiene estrictos controles de seguridad y está diseñado para evitar que se pueda copiar documentos sin autorización, ha sido vulnerado, como evidencia el caso Wikileaks.
El Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación delictiva para determinar si Wikileaks violó leyes federales que protegen los documentos oficiales y se dictaron nuevas directrices para asegurar que la información clasificada sea vista sólo por personas con "estricta necesidad de conocerla".
¡Cuidado con lo que le dice a un diplomático estadounidense!, podría ser la enseñanza que deja la publicación de las comunicaciones oficiales del Departamento de Estado que Wikileaks y varios periódicos de todo el mundo empezaron a publicar este domingo.
Este lunes en el Departamento de Estado redoblaron la tarea de control de daños y reparación que empezaron hace ya varias semanas, cuando se hizo inminente la publicación de los 250.000 documentos.
En su primera reacción oficial en persona, la tarde del lunes la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconoció ese potencial daño, aunque dijo confiar en que los vínculos de EE.UU. con sus aliados no sufrirán.
"Cualquiera que sea el motivo para difundir esos documentos, es claro que su presentación representa riegos reales para personas reales y frecuentemente para la misma gente que ha dedicado sus propias vidas a proteger las de otros", dijo Clinton en una breve declaración en Washington.
"Estoy consciente de que algunos pueden equivocadamente aplaudir a los responsables. Así que quiero dejar las cosas claras: no hay nada loable en poner en peligro a gente inocente. Y no hay nada valiente en sabotear las pacíficas relaciones entre naciones de la que depende nuestra seguridad común".
Clinton tuvo oportunidad de dar explicaciones directamente al canciller de Turquía, Ahmet Davutoglu, con quien se reunió esta mañana y seguramente deberá seguir haciéndolo con los colegas que encuentre durante la gira asiática que empezó este lunes.
Más cautela que de costumbre
Por lo pronto, un primer "efecto" de Wikileaks podría reflejarse en la cautela con la que amanecieron este lunes algunas de las fuentes diplomáticas en Washington consultadas por BBC Mundo.
Varias de ellas declinaron hacer comentarios y todas –independientemente de filiación partidista- coincidieron en decir que la publicación hacía un grave daño a la capacidad de los funcionarios estadounidenses de recabar información crucial para el desempeño de su trabajo.
Aunque el ex Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, considera que "es temprano para evaluar el daño" y que la información en muchos casos "no es demasiado importante" afirma que la filtración "es poco ética, ilegal e increíblemente irresponsable".
Reich estima que algunos gobiernos, como los de Medio Oriente "van a estar mucho más renuentes a compartir la información con EE.UU. porque piensan que pueden verla publicada en la prensa internacional y les puede causar problemas a ellos".
Cuestión de confianza
Para el representante republicano Peter Hoekstra, miembro de Comité de Inteligencia del Congreso, se ha producido una "catastrófica ruptura de la confianza" entre EE.UU. y sus aliados.
"¿Se puede confiar en EE.UU.? ¿Puede EE.UU. mantener un secreto?", se preguntó Hoeskstra en declaraciones a la prensa, dando a entender que la capacidad del país para recabar información de inteligencia está gravemente comprometida.
Para guardar un secreto se asume que mientras menos lo sepan, mejor. Pero eso se dificulta con el sistema que tiene el gobierno estadounidense para compartir información oficial al que hasta tres millones de personas pueden tener acceso, dependiendo del grado de confidencialidad que se le adjudique a los datos.
Es paradójico que el mecanismo creado después del 11 de septiembre de 2001 para evitar que se represe información que podría ayudar a evitar atentados contra la seguridad nacional haya contribuido a la filtración de los documentos.
El SIPRNET (siglas del Secret Internet Protocol Router Network) es el sistema de distribución de datos del gobierno estadounidense que usan embajadas, militares y agencias como el FBI, la CIA o la DEA.
Y aunque tiene estrictos controles de seguridad y está diseñado para evitar que se pueda copiar documentos sin autorización, ha sido vulnerado, como evidencia el caso Wikileaks.
El Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación delictiva para determinar si Wikileaks violó leyes federales que protegen los documentos oficiales y se dictaron nuevas directrices para asegurar que la información clasificada sea vista sólo por personas con "estricta necesidad de conocerla".