Egipto reprime a la oposición y a los medios en vísperas de las elecciones
El Cairo, El País
Egipto parece una olla exprés en vísperas de las elecciones legislativas del domingo. No solo porque las parlamentarias sean consideradas un termómetro ante lo que pueda suceder dentro de un año en los comicios presidenciales, sino porque la campaña está resultando incluso más virulenta en detenciones, restricción de libertades e impunidad que en 2005. Se elegirá una nueva Cámara baja, controlada por el gobernante Partido Nacional Democrático (PND), el grupo político del presidente Hosni Mubarak, de 82 años y en el poder desde 1981.
"La nueva modalidad de presión es que te retengan sin cargos durante un día o dos en un lugar desconocido y luego te suelten en una zona deshabitada. Es su forma de amedrentarnos", asegura un activista de derechos humanos que prefiere guardar el anonimato. Fue el caso de un investigador del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), y de otro miembro del Movimiento 6 de Abril, explica el activista.
Los Hermanos Musulmanes, principal fuerza opositora, que cuenta con un 20% de los escaños de la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los grupos más presionados. A pesar de estar ilegalizada desde 1954, esta organización islamista tiene un respaldo social muy amplio y presenta a sus candidatos como independientes. Sin embargo, sus intentos de hacer campaña han terminado en enfrentamientos con la policía, en lo que consideran una treta del Gobierno para reducir su popularidad. El martes los Hermanos Musulmanes denunciaron el intento de asesinato de un candidato, Mohamed al Katatni, por "matones" de un aspirante del gobernante PND.
En 2005 los Hermanos se hicieron con 88 de los 444 escaños del Parlamento (este año habrá 508). Ese año más de una docena de personas perdieron la vida cuando partidarios de la hermandad se enfrentaron con la policía, que cerró los colegios electorales tras un avance sorprendente de los islamistas. Una hazaña que muchos dudan que sean capaces de repetir, no por falta de respaldo popular, sino por el férreo control que el PND ejerce sobre ellos. Desde octubre han sido detenidos 1.200 de sus militantes, 600 en la última semana. "Más de 250 personas siguen en prisión y el resto vive con miedo tras haber sido liberados", asegura Mohamed Badr, portavoz del grupo islámico. Los Hermanos consideran que esta intimidación equivale a un fraude electoral. "Han sido encarcelados por tratar de hacer campaña. Es señal de que el Gobierno tiene miedo de dar a la gente la libertad para votar y vivir sus vidas", concluye Badr.
Los medios de comunicación tampoco se libran del control de la autoridad. A principios de noviembre varias organizaciones de derechos humanos denunciaban lo que llamaron "un clima sin precedentes de intimidación creado por las autoridades dentro de medios impresos y audiovisuales, especialmente en medios de comunicación independientes", después de la clausura de varios programas en antena críticos con el Gobierno. Además, constataban "una escalada de represión violenta del derecho de reunión pacífico y la participación política". Los medios de comunicación han recibido normas estrictas sobre la cobertura electoral con prohibiciones explícitas de hablar, filmar o grabar en los colegios, salvo autorización expresa del presidente de la mesa. Lo que demuestra, según el CIHRS, "que las próximas elecciones no cumplen con los estándares internacionales para unas elecciones libres y justas".
EE UU ha insistido en la necesidad de que se permita la presencia de observadores internacionales. Pero Egipto se niega en redondo. "Las últimas posiciones de la Administración hacia los asuntos internos de Egipto son inaceptables", señalaba la semana pasada el Ministerio de Exteriores. El Gobierno egipcio insiste en que es capaz de demostrar al mundo que puede administrar "unas elecciones completamente imparciales", declaró el primer ministro, Ahmed Nazif. Pocos dan crédito a estas garantías.
Egipto parece una olla exprés en vísperas de las elecciones legislativas del domingo. No solo porque las parlamentarias sean consideradas un termómetro ante lo que pueda suceder dentro de un año en los comicios presidenciales, sino porque la campaña está resultando incluso más virulenta en detenciones, restricción de libertades e impunidad que en 2005. Se elegirá una nueva Cámara baja, controlada por el gobernante Partido Nacional Democrático (PND), el grupo político del presidente Hosni Mubarak, de 82 años y en el poder desde 1981.
"La nueva modalidad de presión es que te retengan sin cargos durante un día o dos en un lugar desconocido y luego te suelten en una zona deshabitada. Es su forma de amedrentarnos", asegura un activista de derechos humanos que prefiere guardar el anonimato. Fue el caso de un investigador del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), y de otro miembro del Movimiento 6 de Abril, explica el activista.
Los Hermanos Musulmanes, principal fuerza opositora, que cuenta con un 20% de los escaños de la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los grupos más presionados. A pesar de estar ilegalizada desde 1954, esta organización islamista tiene un respaldo social muy amplio y presenta a sus candidatos como independientes. Sin embargo, sus intentos de hacer campaña han terminado en enfrentamientos con la policía, en lo que consideran una treta del Gobierno para reducir su popularidad. El martes los Hermanos Musulmanes denunciaron el intento de asesinato de un candidato, Mohamed al Katatni, por "matones" de un aspirante del gobernante PND.
En 2005 los Hermanos se hicieron con 88 de los 444 escaños del Parlamento (este año habrá 508). Ese año más de una docena de personas perdieron la vida cuando partidarios de la hermandad se enfrentaron con la policía, que cerró los colegios electorales tras un avance sorprendente de los islamistas. Una hazaña que muchos dudan que sean capaces de repetir, no por falta de respaldo popular, sino por el férreo control que el PND ejerce sobre ellos. Desde octubre han sido detenidos 1.200 de sus militantes, 600 en la última semana. "Más de 250 personas siguen en prisión y el resto vive con miedo tras haber sido liberados", asegura Mohamed Badr, portavoz del grupo islámico. Los Hermanos consideran que esta intimidación equivale a un fraude electoral. "Han sido encarcelados por tratar de hacer campaña. Es señal de que el Gobierno tiene miedo de dar a la gente la libertad para votar y vivir sus vidas", concluye Badr.
Los medios de comunicación tampoco se libran del control de la autoridad. A principios de noviembre varias organizaciones de derechos humanos denunciaban lo que llamaron "un clima sin precedentes de intimidación creado por las autoridades dentro de medios impresos y audiovisuales, especialmente en medios de comunicación independientes", después de la clausura de varios programas en antena críticos con el Gobierno. Además, constataban "una escalada de represión violenta del derecho de reunión pacífico y la participación política". Los medios de comunicación han recibido normas estrictas sobre la cobertura electoral con prohibiciones explícitas de hablar, filmar o grabar en los colegios, salvo autorización expresa del presidente de la mesa. Lo que demuestra, según el CIHRS, "que las próximas elecciones no cumplen con los estándares internacionales para unas elecciones libres y justas".
EE UU ha insistido en la necesidad de que se permita la presencia de observadores internacionales. Pero Egipto se niega en redondo. "Las últimas posiciones de la Administración hacia los asuntos internos de Egipto son inaceptables", señalaba la semana pasada el Ministerio de Exteriores. El Gobierno egipcio insiste en que es capaz de demostrar al mundo que puede administrar "unas elecciones completamente imparciales", declaró el primer ministro, Ahmed Nazif. Pocos dan crédito a estas garantías.