Aprueban reglamento de Ley de Aduanas que pone en vigencia plena la nueva norma
La Paz, AbiEl Gabinete de Ministros aprobó el miércoles por decreto el reglamento a la nueva Ley de Aduanas que fue sancionada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Ejecutivo el pasado mes de agosto, informaron fuentes oficiales.
En una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, anunció que el decreto fue aprobado en la Residencia Presidencial donde se llevó a cabo la habitual reunión de Gabinete de los miércoles, por la convalecencia del presidente Evo Morales.
"Queremos anunciar que se ha aprobado el decreto reglamentario de la Ley 037, de la lucha contra el contrabando", precisó Arce.
Explicó que el reglamento establece la documentación que se requerirá para el transporte de mercadería en el territorio nacional y para la internación de mercancías.
"Adicionalmente se establece la participación de las FFAA y se establece la modalidad de la confiscación de los bines que se obtengan en los operativos de la lucha contra el contrabando y finalmente se establece la participación de la Aduana y el compromiso de la Aduana de firmar periódicamente con el ministerio de Finanzas un plan estratégico de resguardo de las fronteras para evitar la internacional ilegal de mercaderías", remarcó.
Recordó que el Reglamento de la nueva Ley de Aduanas fue "consensuado" con diferentes sectores sociales, "durante largo tiempo", en reuniones que se han realizado en todas las ciudades del país, con representantes de sectores sociales, gremiales, cuantapropistas, transportistas, "que han participado en la redacción del reglamento".
"Este es un decreto consensuado, con esto se encuentra en plena vigencia la ley de lucha contra el contrabando", justificó.
La nueva ley que modifica la Ley General de Aduanas y el Código Tributario tiene el propósito de erradicar el contrabando o disminuir su incidencia.
Según datos del Ministerio de Finanzas, el contrabando mueve al año al menos 1.500 millones de dólares.
La nueva ley endurece las penas para los contrabandistas y confisca para el Estado los instrumentos del delito como propiedad, depósitos o recintos de depósito, vehículos automotores, lanchas, avionetas y aviones, para posteriormente, entregar esos instrumentos a las Fuerzas Armadas a la Policía y otras entidades públicas.
Además se incrementa de cinco a diez años de prisión a los culpables por delitos de contrabando, que se agrava en una mitad si el delito fuera cometido por servidores públicos.
