Portavoz Presidencial resalta informe de la ONU sobre políticas bolivianas contra racismo
La Paz, AbiEl portavoz oficial de la Presidencia, Iván Canelas, resaltó el jueves el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia que felicitó al Gobierno por encaminar políticas públicas en contra del racismo y la discriminación.
Canelas explicó que ese organismo internacional sigue de cerca el debate del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación que está a punto de aprobarse en el Senado, aunque los gremios de periodistas y de los propietarios de los medios de comunicación la rechazan, argumentando que hay dos artículos que atentan contra la libertad de expresión.
"La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos felicita las iniciativas del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia encaminadas a la formulación de políticas públicas contra el racismo y la discriminación", señala ese comunicado.
El pasado lunes, el representante de la ONU en La Paz, Denis Racicot, consideró que el Estado boliviano se pone a tono con la política global de lucha contra el racismo, incluyendo a los medios y periodistas.
Afirmó que en Europa y América sancionan drásticamente a los periodistas por prácticas racistas y de discriminación e incluso suspenden la licencia del medio que amplifica esas acciones.
En ese marco, el Portavoz Presidencial sostuvo que el objetivo del proyecto de Ley es erradicar la "lacra" del racismo de la sociedad boliviana.
Canelas instó a los gremios de periodistas y de asociaciones de empresarios, que determinaron radicalizar las medidas de presión con el objetivo que el Senado cambie los artículos 16 y 23 del proyecto de Ley, porque aseguran que los medios corren el riesgo cerrarse por el discurso racista de un entrevistado.
El artículo 16 de ese proyecto señala que "el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".
En tanto que el parágrafo segundo del artículo 23, establece que cuando la difusión o la incitación al racismo o discriminación "sea cometida por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno" para evitar su enjuiciamiento.
"La reglamentación es responsabilidad del Poder Ejecutivo, no la Asamblea Legislativa y la participación de todos los sectores en su elaboración podrá realmente resolver muchos problemas que hoy generan duda en la propia Ley. Siempre está abierta la posibilidad de encontrar soluciones a todos los impasses que puedan existir", remarcó Canelas.
