Ley contra racismo en Bolivia se incorpora a lucha anticolonial que se da en el mundo
La Paz, Abi
La Ley contra el Racismo y la Discriminación que se debate en la Asamblea Legislativa se incorpora a la lucha anticolonial que se da en el mundo entero y no tiene como objetivo atacar, sino proteger a los afectados, manifestó el miércoles el presidente en Ejercicio, Alvaro García Linera.
En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, García Linera, dijo que ese instrumento legal "es bueno para Bolivia porque no solamente incorpora sanciones, sino también mecanismos de prevención y de educación a los pobladores".
"Esta Ley propone erradicar una práctica muy común en Bolivia, como antigua sociedad colonial, de discriminar, denigrar, estigmatizar y devaluar a personas por su color de piel, apellido, idioma, vestimenta, edad o género", dijo.
El Presidente interino subrayó que lamentablemente "Bolivia es una sociedad que aún carga profundas cicatrices y hábitos coloniales y racistas". Puso como un ejemplo de ello el trato que recibe el presidente Evo Morales por parte de algunos sectores por el solo hecho de ser indígena y campesino.
"No puede que una persona por vestir polleras, o ser campesino, o ser de otro color, o no hablar con claridad el idioma español sea víctima de actitudes discriminatorias en las calles, en los bancos, en el transporte, en los restaurantes y en otros lugares", anotó.
El Mandatario manifestó que también los jóvenes y las mujeres son discriminados por la sociedad, a veces exigiéndoles el cumplimiento de sus propios cánones colonialistas de buena presencia para acceder a un empleo.
"Esta es una Ley que busca proteger a las personas, indígenas, campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres que a diario sufren discriminación en la vida familiar, escolar, social, institucional y en otros ámbitos", agregó.
Puntualizó que es una Ley que "cuidará y protegerá a los millones de bolivianos que a diario son objeto de discriminación, devaluación racista, escarnio y maltrato".
Al salir al frente a las críticas y cuestionamientos provenientes de algunos sectores de la población, entre ellos los opositores y las organizaciones periodísticas, puntualizó que los que tienen que pronunciarse sobre esta Ley son las víctimas del racismo y la discriminación.
Al referirse a los reclamos de los sectores de la prensa, García Linera anotó que el tema del periodismo "es apenas un artículo secundario que dice que los medios de comunicación no pueden ser usados para denigrar con adjetivos o comportamientos a las personas".
Hizo patente su convencimiento de que a veces algunos medios de comunicación fueron utilizados con ese fin.
Agregó que si bien el racismo es un tema cultural, debe ser encaminado mediante permisos y sanciones para evitar que esa práctica sea una constante en el país.
El Presidente interino subrayó que está consciente de que este problema a no va a acabar de un día para el otro, que va a requerir un largo proceso de "modificación del alma y de la cabeza de las personas para saber que todos somos iguales y no nos hace superiores o inferiores la raza, la posición económica, el género u otro".
"La lucha contra el racismo y la discriminación debe librarse en diversos campos, entre ellos la educación y la prevención, pero también la sanción", indicó.
Subrayó que los periodistas y el pueblo deben sentirse contentos con esta Ley porque va a proteger a la sociedad de comportamientos que impiden la unidad y el respeto.
"Quienes no se sienten contentos son los dueños de los medios de comunicación porque no entienden que la Ley no es contra ellos. Lo que se les pide es que tengan más control sobre la ética de sus medios para que no sean usados como campana de resonancia de actitudes racistas", dijo.
El Mandatario anotó que las legislaciones latinoamericanas, norteamericanas y europeas incorporan leyes antirracistas con sanciones de cárcel de uno a cinco años a los que no las cumplan y que difundan públicamente actitudes y conceptos discriminatorios contra grupos o una persona.
Agregó que Bolivia debe tener una Ley para sancionar esos hechos, al convocar a los periodistas y dueños de medios de comunicación para "combatir el racismo e impulsar la mirada igualitaria entre todos los bolivianos en sus derechos, deberes y comportamientos.
Las reflexiones del Presidente en Ejercicio se producen en instancias en que sectores de la oposición y de algunas organizaciones periodísticas han arreciado una campaña para impedir la aprobación de la Ley en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Ley ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y en la actualidad se encuentra en la fase de revisión en el Senado.
La oposición expresó sus temores de que la Ley sea utilizada con fines políticos, pese a las permanentes aclaraciones de dirigentes del Gobierno y de la bancada oficialista en el Legislativo de que el objetivo es contar con un instrumento que eche por tierra comportamientos racistas y de discriminación en la sociedad que impidan una integración nacional.
Diversos autores coinciden al definir al racismo como una forma de discriminación de las personas por motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, en base a prejuicios de superioridad de unos sobre otros y, en el fondo, para la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas.
De esa manera la descalificación por racismo de una persona o un grupo de personas tiene como otro de sus fines el anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
La Ley contra el Racismo y la Discriminación que se debate en la Asamblea Legislativa se incorpora a la lucha anticolonial que se da en el mundo entero y no tiene como objetivo atacar, sino proteger a los afectados, manifestó el miércoles el presidente en Ejercicio, Alvaro García Linera.
En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, García Linera, dijo que ese instrumento legal "es bueno para Bolivia porque no solamente incorpora sanciones, sino también mecanismos de prevención y de educación a los pobladores".
"Esta Ley propone erradicar una práctica muy común en Bolivia, como antigua sociedad colonial, de discriminar, denigrar, estigmatizar y devaluar a personas por su color de piel, apellido, idioma, vestimenta, edad o género", dijo.
El Presidente interino subrayó que lamentablemente "Bolivia es una sociedad que aún carga profundas cicatrices y hábitos coloniales y racistas". Puso como un ejemplo de ello el trato que recibe el presidente Evo Morales por parte de algunos sectores por el solo hecho de ser indígena y campesino.
"No puede que una persona por vestir polleras, o ser campesino, o ser de otro color, o no hablar con claridad el idioma español sea víctima de actitudes discriminatorias en las calles, en los bancos, en el transporte, en los restaurantes y en otros lugares", anotó.
El Mandatario manifestó que también los jóvenes y las mujeres son discriminados por la sociedad, a veces exigiéndoles el cumplimiento de sus propios cánones colonialistas de buena presencia para acceder a un empleo.
"Esta es una Ley que busca proteger a las personas, indígenas, campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres que a diario sufren discriminación en la vida familiar, escolar, social, institucional y en otros ámbitos", agregó.
Puntualizó que es una Ley que "cuidará y protegerá a los millones de bolivianos que a diario son objeto de discriminación, devaluación racista, escarnio y maltrato".
Al salir al frente a las críticas y cuestionamientos provenientes de algunos sectores de la población, entre ellos los opositores y las organizaciones periodísticas, puntualizó que los que tienen que pronunciarse sobre esta Ley son las víctimas del racismo y la discriminación.
Al referirse a los reclamos de los sectores de la prensa, García Linera anotó que el tema del periodismo "es apenas un artículo secundario que dice que los medios de comunicación no pueden ser usados para denigrar con adjetivos o comportamientos a las personas".
Hizo patente su convencimiento de que a veces algunos medios de comunicación fueron utilizados con ese fin.
Agregó que si bien el racismo es un tema cultural, debe ser encaminado mediante permisos y sanciones para evitar que esa práctica sea una constante en el país.
El Presidente interino subrayó que está consciente de que este problema a no va a acabar de un día para el otro, que va a requerir un largo proceso de "modificación del alma y de la cabeza de las personas para saber que todos somos iguales y no nos hace superiores o inferiores la raza, la posición económica, el género u otro".
"La lucha contra el racismo y la discriminación debe librarse en diversos campos, entre ellos la educación y la prevención, pero también la sanción", indicó.
Subrayó que los periodistas y el pueblo deben sentirse contentos con esta Ley porque va a proteger a la sociedad de comportamientos que impiden la unidad y el respeto.
"Quienes no se sienten contentos son los dueños de los medios de comunicación porque no entienden que la Ley no es contra ellos. Lo que se les pide es que tengan más control sobre la ética de sus medios para que no sean usados como campana de resonancia de actitudes racistas", dijo.
El Mandatario anotó que las legislaciones latinoamericanas, norteamericanas y europeas incorporan leyes antirracistas con sanciones de cárcel de uno a cinco años a los que no las cumplan y que difundan públicamente actitudes y conceptos discriminatorios contra grupos o una persona.
Agregó que Bolivia debe tener una Ley para sancionar esos hechos, al convocar a los periodistas y dueños de medios de comunicación para "combatir el racismo e impulsar la mirada igualitaria entre todos los bolivianos en sus derechos, deberes y comportamientos.
Las reflexiones del Presidente en Ejercicio se producen en instancias en que sectores de la oposición y de algunas organizaciones periodísticas han arreciado una campaña para impedir la aprobación de la Ley en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de Ley ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y en la actualidad se encuentra en la fase de revisión en el Senado.
La oposición expresó sus temores de que la Ley sea utilizada con fines políticos, pese a las permanentes aclaraciones de dirigentes del Gobierno y de la bancada oficialista en el Legislativo de que el objetivo es contar con un instrumento que eche por tierra comportamientos racistas y de discriminación en la sociedad que impidan una integración nacional.
Diversos autores coinciden al definir al racismo como una forma de discriminación de las personas por motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, en base a prejuicios de superioridad de unos sobre otros y, en el fondo, para la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas.
De esa manera la descalificación por racismo de una persona o un grupo de personas tiene como otro de sus fines el anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.