La Junta Militar birmana anuncia las primeras elecciones en 20 años
Yangon, Agencias
La Junta Militar que gobierna con mano de hierro Myanmar (antigua Birmania) convocó ayer elecciones parlamentarias para el 7 de noviembre, las primeras que se celebran en dos décadas en el país asiático y consideradas una farsa para fortalecer el poder de los militares. Los grupos de derechos humanos, Estados Unidos y Reino Unido han advertido que la votación será ilegítima si los militares mantienen su decisión de impedir la participación de miles de opositores políticos encarcelados, incluida la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
A esas voces se sumó ayer la del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que exhortó a las autoridades birmanas a celebrar elecciones libres y a excarcelar a "todos los prisioneros de conciencia, a fin de que puedan participar en la vida política de su país".
Las elecciones se celebrarán una semana antes de que Aung San Suu Kyi, en la actualidad en arresto domiciliario, sea puesta en libertad el 13 de noviembre. Su partido, la Liga Nacional por la Democracia, cuya victoria en los comicios de 1990 le fue arrebatada por los militares, fue disuelto en mayo pasado tras decidir no registrarse para presentarse a las elecciones, porque considera que las leyes que rigen la votación son injustas. Como muchos otros políticos que defienden la democracia, Suu Kyi, que ha pasado 15 de los últimos 20 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario, tiene prohibido participar en los comicios por su historial de condenas. En Myanmar, hay al menos 2.000 presos políticos. Tampoco pueden presentarse los miembros de las órdenes religiosas, lo que deja fuera a los monjes que lideraron las protestas antigubernamentales en 2007.
Hasta ahora se han registrado 40 partidos -una docena de ellos cercanos a la Junta- para participar en las elecciones que darán lugar a la constitución del primer Gobierno civil en casi medio siglo. Sin embargo, varias formaciones se han quejado de que no han tenido tiempo para recaudar fondos para la campaña, mientras los integrantes de un partido que no está relacionado con el estamento militar ha denunciado ante la Comisión Electoral que han recibido amenazas. Además, la nueva Constitución birmana reserva el 25% de los escaños para los militares, que seguirán controlando ministerios clave.
Analistas y diplomáticos coinciden en que estas legislativas son un intento de la temida Junta de fortalecer su poder a través de la constitución de un Gobierno civil débil que consiga que las inversiones vuelvan a Myanmar, un país rico en recursos y situado entre las pujantes China e India. "Se trata de un cambio de traje", afirma Jacob Ramsay, analista de la consultora Control Risks.
La Junta Militar que gobierna con mano de hierro Myanmar (antigua Birmania) convocó ayer elecciones parlamentarias para el 7 de noviembre, las primeras que se celebran en dos décadas en el país asiático y consideradas una farsa para fortalecer el poder de los militares. Los grupos de derechos humanos, Estados Unidos y Reino Unido han advertido que la votación será ilegítima si los militares mantienen su decisión de impedir la participación de miles de opositores políticos encarcelados, incluida la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
A esas voces se sumó ayer la del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que exhortó a las autoridades birmanas a celebrar elecciones libres y a excarcelar a "todos los prisioneros de conciencia, a fin de que puedan participar en la vida política de su país".
Las elecciones se celebrarán una semana antes de que Aung San Suu Kyi, en la actualidad en arresto domiciliario, sea puesta en libertad el 13 de noviembre. Su partido, la Liga Nacional por la Democracia, cuya victoria en los comicios de 1990 le fue arrebatada por los militares, fue disuelto en mayo pasado tras decidir no registrarse para presentarse a las elecciones, porque considera que las leyes que rigen la votación son injustas. Como muchos otros políticos que defienden la democracia, Suu Kyi, que ha pasado 15 de los últimos 20 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario, tiene prohibido participar en los comicios por su historial de condenas. En Myanmar, hay al menos 2.000 presos políticos. Tampoco pueden presentarse los miembros de las órdenes religiosas, lo que deja fuera a los monjes que lideraron las protestas antigubernamentales en 2007.
Hasta ahora se han registrado 40 partidos -una docena de ellos cercanos a la Junta- para participar en las elecciones que darán lugar a la constitución del primer Gobierno civil en casi medio siglo. Sin embargo, varias formaciones se han quejado de que no han tenido tiempo para recaudar fondos para la campaña, mientras los integrantes de un partido que no está relacionado con el estamento militar ha denunciado ante la Comisión Electoral que han recibido amenazas. Además, la nueva Constitución birmana reserva el 25% de los escaños para los militares, que seguirán controlando ministerios clave.
Analistas y diplomáticos coinciden en que estas legislativas son un intento de la temida Junta de fortalecer su poder a través de la constitución de un Gobierno civil débil que consiga que las inversiones vuelvan a Myanmar, un país rico en recursos y situado entre las pujantes China e India. "Se trata de un cambio de traje", afirma Jacob Ramsay, analista de la consultora Control Risks.