EE UU rearma su frontera más caliente
David Alandete, Agencias
La Guardia Nacional norteamericana comenzó ayer su despliegue en la frontera de Estados Unidos con México, en cumplimiento de una orden del presidente Barack Obama, anunciada en mayo, para reforzar la seguridad en una zona afectada por la inmigración irregular y asolada por la violencia de los carteles del narcotráfico. En total, 1.200 soldados se repartirán este mes entre los cuatro Estados del sur del país por los que discurren los 3.100 kilómetros de frontera, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Interior.
Durante las primeras semanas de agosto, 524 soldados llegarán a Arizona, 286 a Tejas, 260 a California y 82 a Nuevo México. El resto, 48, se dedicará a tareas de coordinación entre los destacamentos de soldados. Según oficiales de la propia Guardia Nacional, el dispositivo estará a pleno rendimiento a finales de septiembre.
Ayer comenzaron los trabajos preliminares: selección de soldados y pruebas de entrenamiento. Los militares estarán en la frontera, en principio, durante un año y ejercerán labores de apoyo a los agentes de la policía fronteriza y de aduanas. No tomarán parte en redadas ni arrestarán a supuestos delincuentes o inmigrantes indocumentados.
El presidente dio la orden de despliegue en mayo, en los días inmediatamente posteriores a la aprobación de la polémica ley de inmigración de Arizona, que en principio iba a permitir a los agentes de policía de aquel Estado pedir documentación migratoria a los ciudadanos de los que sospecharan que se encontraban en el país de forma irregular. Gracias a una demanda del Gobierno de Obama, una juez bloqueó cautelarmente en su mayor parte la ley la semana pasada.
El mismo día del inicio del despliegue militar, el presidente lanzó un duro reproche a los gobernantes de Arizona por la aprobación de aquella norma. "Entiendo la frustración de los ciudadanos de Arizona", dijo el presidente ayer en una entrevista a la cadena televisiva CBS. "Pero no podemos hacer demagogia con este asunto, y no podemos permitir que esto se convierta en un puzle de 50 Estados diferentes, o ciudades o localidades, donde a alguien que quiera algo de protagonismo de repente se le ocurra decir: 'Voy a ser antiinmigración y voy a ver si resuelvo el problema por mí mismo'. Esto es un problema de dimensiones nacionales".
La actual Administración, igual que la del anterior presidente, George W. Bush, ha intentado convencer al Congreso federal de la necesidad de aprobar una reforma migratoria a escala nacional, abriendo la vía de la residencia legal a los 12 millones de sin papeles que viven en el país y ayudan a sostener su economía. Desde los años ochenta, los grandes intentos en ese sentido han resultado fallidos. En 1986, el presidente Ronald Reagan hizo algo que sería inconcebible para muchos republicanos hoy día: ofreció una amnistía a todos los inmigrantes irregulares que hubieran entrado en el país antes de 1982.
Es cierto que, además, aumentó la seguridad en la frontera y aprobó elevadas multas para los empresarios que contrataran a inmigrantes en situación irregular. Pero, en total, tres millones de personas se beneficiaron de aquella regularización. Obama ha defendido, como Reagan, que la reforma migratoria debe aplicarse de forma homogénea en todos los Estados, desde Washington.
Su decisión de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional fue criticada por insuficiente por los gobernadores más conservadores de los Estados fronterizos. "El aumento de recursos es bien recibido, pero parece insuficiente", dijo la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en un comunicado a mediados de julio. "No está ligado a ninguna estrategia completa para atajar el aumento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas o las mafias que introducen inmigrantes ilegales en Arizona".
El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera es una antigua petición del senador por Arizona John McCain, que en 2007 se unió a Bush y al fallecido senador Ted Kennedy para proponer una fallida ley de amnistía y reforma nacional de las políticas migratorias. McCain, que a finales de este mes se enfrenta a unas reñidas primarias en el Partido Republicano de su Estado, ha cambiado su posición desde las pasadas elecciones presidenciales, que perdió, y apoya ahora medidas más duras, como un incremento sustancial de los policías y soldados destinados a la frontera.
Antes que Obama, Bush ordenó en 2006 el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. Estuvieron de servicio durante dos años, sobre todo en labores administrativas y de control del tránsito. A través de ellas, permitieron el arresto de 162.000 inmigrantes sin papeles. Aunque, como entonces, los soldados que llegaron ayer a Arizona no tomarán parte en arrestos, numerosos grupos de protesta se han unido en una campaña con la que dicen querer evitar la militarización de la frontera.
La Guardia Nacional norteamericana comenzó ayer su despliegue en la frontera de Estados Unidos con México, en cumplimiento de una orden del presidente Barack Obama, anunciada en mayo, para reforzar la seguridad en una zona afectada por la inmigración irregular y asolada por la violencia de los carteles del narcotráfico. En total, 1.200 soldados se repartirán este mes entre los cuatro Estados del sur del país por los que discurren los 3.100 kilómetros de frontera, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Interior.
Durante las primeras semanas de agosto, 524 soldados llegarán a Arizona, 286 a Tejas, 260 a California y 82 a Nuevo México. El resto, 48, se dedicará a tareas de coordinación entre los destacamentos de soldados. Según oficiales de la propia Guardia Nacional, el dispositivo estará a pleno rendimiento a finales de septiembre.
Ayer comenzaron los trabajos preliminares: selección de soldados y pruebas de entrenamiento. Los militares estarán en la frontera, en principio, durante un año y ejercerán labores de apoyo a los agentes de la policía fronteriza y de aduanas. No tomarán parte en redadas ni arrestarán a supuestos delincuentes o inmigrantes indocumentados.
El presidente dio la orden de despliegue en mayo, en los días inmediatamente posteriores a la aprobación de la polémica ley de inmigración de Arizona, que en principio iba a permitir a los agentes de policía de aquel Estado pedir documentación migratoria a los ciudadanos de los que sospecharan que se encontraban en el país de forma irregular. Gracias a una demanda del Gobierno de Obama, una juez bloqueó cautelarmente en su mayor parte la ley la semana pasada.
El mismo día del inicio del despliegue militar, el presidente lanzó un duro reproche a los gobernantes de Arizona por la aprobación de aquella norma. "Entiendo la frustración de los ciudadanos de Arizona", dijo el presidente ayer en una entrevista a la cadena televisiva CBS. "Pero no podemos hacer demagogia con este asunto, y no podemos permitir que esto se convierta en un puzle de 50 Estados diferentes, o ciudades o localidades, donde a alguien que quiera algo de protagonismo de repente se le ocurra decir: 'Voy a ser antiinmigración y voy a ver si resuelvo el problema por mí mismo'. Esto es un problema de dimensiones nacionales".
La actual Administración, igual que la del anterior presidente, George W. Bush, ha intentado convencer al Congreso federal de la necesidad de aprobar una reforma migratoria a escala nacional, abriendo la vía de la residencia legal a los 12 millones de sin papeles que viven en el país y ayudan a sostener su economía. Desde los años ochenta, los grandes intentos en ese sentido han resultado fallidos. En 1986, el presidente Ronald Reagan hizo algo que sería inconcebible para muchos republicanos hoy día: ofreció una amnistía a todos los inmigrantes irregulares que hubieran entrado en el país antes de 1982.
Es cierto que, además, aumentó la seguridad en la frontera y aprobó elevadas multas para los empresarios que contrataran a inmigrantes en situación irregular. Pero, en total, tres millones de personas se beneficiaron de aquella regularización. Obama ha defendido, como Reagan, que la reforma migratoria debe aplicarse de forma homogénea en todos los Estados, desde Washington.
Su decisión de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional fue criticada por insuficiente por los gobernadores más conservadores de los Estados fronterizos. "El aumento de recursos es bien recibido, pero parece insuficiente", dijo la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en un comunicado a mediados de julio. "No está ligado a ninguna estrategia completa para atajar el aumento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas o las mafias que introducen inmigrantes ilegales en Arizona".
El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera es una antigua petición del senador por Arizona John McCain, que en 2007 se unió a Bush y al fallecido senador Ted Kennedy para proponer una fallida ley de amnistía y reforma nacional de las políticas migratorias. McCain, que a finales de este mes se enfrenta a unas reñidas primarias en el Partido Republicano de su Estado, ha cambiado su posición desde las pasadas elecciones presidenciales, que perdió, y apoya ahora medidas más duras, como un incremento sustancial de los policías y soldados destinados a la frontera.
Antes que Obama, Bush ordenó en 2006 el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. Estuvieron de servicio durante dos años, sobre todo en labores administrativas y de control del tránsito. A través de ellas, permitieron el arresto de 162.000 inmigrantes sin papeles. Aunque, como entonces, los soldados que llegaron ayer a Arizona no tomarán parte en arrestos, numerosos grupos de protesta se han unido en una campaña con la que dicen querer evitar la militarización de la frontera.