Sectores sociales declaran emergencia en defensa del proceso de cambio y contra injerencia de ONG's
La Paz, Abi
Representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y originarias 'Bartolina Sisa' (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales (CSCIEB) se declararon el jueves en estado de emergencia en defensa del proceso de cambio y contra la injerencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en las demandas de distintas organizaciones sociales.
En una conferencia a de prensa, el secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Roberto Coraite, explicó que el estado de emergencia fue declarado ante la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), "que busca la división entre los pueblos indígenas con intereses mezquinos y clara intromisión foránea".
"Denunciamos la clara intromisión de ONG's en los asuntos de las organizaciones sociales en general y en los pueblos indígenas en particular", indicó el dirigente.
La CIDOB, que aglutina a 34 naciones originarias del oriente boliviano, inició el lunes pasado una marcha desde la ciudad amazónica de Trinidad hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en demanda de facultades autonómicas "inconstitucionales", como redefinir la delimitación territorial y aprobar sus estatutos por usos y costumbres y no mediante un referéndum.
En esa línea, Coraite aseguró que esa marcha afecta negativamente a todos los pueblos indígenas del país y no garantiza la equidad en la distribución de los recursos.
"Las tierras fiscales, las concesiones mineras y forestales no sólo deben ser de propiedad de los hermanos indígenas de tierras bajas, sino de todos los bolivianos", demandó Coraite.
Sostuvo que las autonomías indígenas y la participación política de los pueblos indígenas están plenamente garantizadas por la Constitución política del Estado.
"Las demandas los dirigentes que protagonizan la marcha pretenden que se viole la Constitución por la tanto luchamos", apuntó.
Denunció la existencia de "algunos teóricos indigenistas de ONGs", como Alejandro Almaraz (ex viceministro de Tierras) y Juan Carlos Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), "que pretenden confrontar por tierras a indígenas y campesinos de manera irresponsable".
"Por ello las tres organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia por la defensa intransigente del proceso de cambio, liderado por el presidente Evo Morales, la construcción del Estado Plurinacional y las reivindicaciones históricas de tierra y territorio. Además hacemos un llamado a los pueblos indígenas a cerrar filas en torno al diálogo", insistió.
Representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y originarias 'Bartolina Sisa' (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales (CSCIEB) se declararon el jueves en estado de emergencia en defensa del proceso de cambio y contra la injerencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en las demandas de distintas organizaciones sociales.
En una conferencia a de prensa, el secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Roberto Coraite, explicó que el estado de emergencia fue declarado ante la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), "que busca la división entre los pueblos indígenas con intereses mezquinos y clara intromisión foránea".
"Denunciamos la clara intromisión de ONG's en los asuntos de las organizaciones sociales en general y en los pueblos indígenas en particular", indicó el dirigente.
La CIDOB, que aglutina a 34 naciones originarias del oriente boliviano, inició el lunes pasado una marcha desde la ciudad amazónica de Trinidad hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en demanda de facultades autonómicas "inconstitucionales", como redefinir la delimitación territorial y aprobar sus estatutos por usos y costumbres y no mediante un referéndum.
En esa línea, Coraite aseguró que esa marcha afecta negativamente a todos los pueblos indígenas del país y no garantiza la equidad en la distribución de los recursos.
"Las tierras fiscales, las concesiones mineras y forestales no sólo deben ser de propiedad de los hermanos indígenas de tierras bajas, sino de todos los bolivianos", demandó Coraite.
Sostuvo que las autonomías indígenas y la participación política de los pueblos indígenas están plenamente garantizadas por la Constitución política del Estado.
"Las demandas los dirigentes que protagonizan la marcha pretenden que se viole la Constitución por la tanto luchamos", apuntó.
Denunció la existencia de "algunos teóricos indigenistas de ONGs", como Alejandro Almaraz (ex viceministro de Tierras) y Juan Carlos Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), "que pretenden confrontar por tierras a indígenas y campesinos de manera irresponsable".
"Por ello las tres organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia por la defensa intransigente del proceso de cambio, liderado por el presidente Evo Morales, la construcción del Estado Plurinacional y las reivindicaciones históricas de tierra y territorio. Además hacemos un llamado a los pueblos indígenas a cerrar filas en torno al diálogo", insistió.