Los demócratas se alejan de Obama en inmigración
Antonio Caño, El País
Alarmado por las encuestas, el Partido Demócrata ha empezado a marcar distancias con Barack Obama respecto a algunas de las principales iniciativas del presidente en asuntos como inmigración y su decisión de recurrir ante los tribunales la polémica ley de Arizona sobre los inmigrantes ilegales. La asamblea de gobernadores, celebrada este fin de semana en Boston, ha puesto en evidencia el temor a que el apoyo de la Casa Blanca juegue en contra de los candidatos en las elecciones legislativas de noviembre.
El diario The New York Times informa de que varios dirigentes demócratas alertaron en la reunión de Boston de que la demanda contra Arizona, presentada la semana pasada por el Departamento de Justicia, va en contra de la voluntad de la mayoría de la población y distrae la atención sobre lo que debería de ser el principal asunto de la campaña electoral, la creación de empleo.
"Este es un asunto que nos divide políticamente y confío en que no sea una estrategia que contribuya a dificultar la elección de nuestros candidatos, especialmente en el Oeste", comentó el gobernador de Colorado, Bill Ritter. "Es un tema tóxico", añadió el gobernador de Tennessee, Phil Bredesen.
En noviembre serán sometidos a votación, además del total de los escaños de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, 19 gubernaturas actualmente en manos de demócratas, un puesto de gran influencia de cara a las presidenciales de 2012. Prácticamente en todos esos Estados existe una corriente de opinión favorable a la ley de Arizona y contraria al recurso presentado por el Gobierno. En muchos de ellos hay incluso en marcha propuestas similares a la que la Casa Blanca considera anticonstitucional. Un 60% de los ciudadanos, según las encuestas, apoyan la decisión de Arizona de convertir en delito la inmigración ilegal.
Obama conocía el riesgo que asumía al acudir a los tribunales, pero la Casa Blanca defiende la decisión tomada y la considera un paso necesario dentro de su estrategia para conseguir una ley de inmigración de implantación nacional. El fiscal general, Eric Holder, no ha descartado la posibilidad de presentar nuevas demandas si se producen en Arizona casos probados de discriminación racial por la aplicación de su propia normativa.
La Administración considera que, con su actuación contra Arizona, está enviando una señal de apoyo a la comunidad hispana de EE UU, lo que también puede tener un impacto considerable en las elecciones de noviembre.
Pero la desconfianza de los demócratas hacia la Casa Blanca no se limita al asunto de la inmigración. La reunión de Boston expresó también su preocupación por la lentitud en la recuperación del empleo. El índice de paro continúa siendo muy alto para los estándares norteamericanos -9,5%- y sin perspectivas de mejora sustancial en los próximos meses.
Alarmado por las encuestas, el Partido Demócrata ha empezado a marcar distancias con Barack Obama respecto a algunas de las principales iniciativas del presidente en asuntos como inmigración y su decisión de recurrir ante los tribunales la polémica ley de Arizona sobre los inmigrantes ilegales. La asamblea de gobernadores, celebrada este fin de semana en Boston, ha puesto en evidencia el temor a que el apoyo de la Casa Blanca juegue en contra de los candidatos en las elecciones legislativas de noviembre.
El diario The New York Times informa de que varios dirigentes demócratas alertaron en la reunión de Boston de que la demanda contra Arizona, presentada la semana pasada por el Departamento de Justicia, va en contra de la voluntad de la mayoría de la población y distrae la atención sobre lo que debería de ser el principal asunto de la campaña electoral, la creación de empleo.
"Este es un asunto que nos divide políticamente y confío en que no sea una estrategia que contribuya a dificultar la elección de nuestros candidatos, especialmente en el Oeste", comentó el gobernador de Colorado, Bill Ritter. "Es un tema tóxico", añadió el gobernador de Tennessee, Phil Bredesen.
En noviembre serán sometidos a votación, además del total de los escaños de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, 19 gubernaturas actualmente en manos de demócratas, un puesto de gran influencia de cara a las presidenciales de 2012. Prácticamente en todos esos Estados existe una corriente de opinión favorable a la ley de Arizona y contraria al recurso presentado por el Gobierno. En muchos de ellos hay incluso en marcha propuestas similares a la que la Casa Blanca considera anticonstitucional. Un 60% de los ciudadanos, según las encuestas, apoyan la decisión de Arizona de convertir en delito la inmigración ilegal.
Obama conocía el riesgo que asumía al acudir a los tribunales, pero la Casa Blanca defiende la decisión tomada y la considera un paso necesario dentro de su estrategia para conseguir una ley de inmigración de implantación nacional. El fiscal general, Eric Holder, no ha descartado la posibilidad de presentar nuevas demandas si se producen en Arizona casos probados de discriminación racial por la aplicación de su propia normativa.
La Administración considera que, con su actuación contra Arizona, está enviando una señal de apoyo a la comunidad hispana de EE UU, lo que también puede tener un impacto considerable en las elecciones de noviembre.
Pero la desconfianza de los demócratas hacia la Casa Blanca no se limita al asunto de la inmigración. La reunión de Boston expresó también su preocupación por la lentitud en la recuperación del empleo. El índice de paro continúa siendo muy alto para los estándares norteamericanos -9,5%- y sin perspectivas de mejora sustancial en los próximos meses.