Debate de Ley autonómica no debe perturbar los consensos sino encontrar más acuerdos
La Paz, Abi
El debate del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debe perturbar el 90 por ciento de los consensos previamente alcanzados entre oficialistas y opositores, sino encontrar más acuerdos, pidió el martes el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic.
"El 90 por ciento del proyecto de ley ha sido consensuado y eso hay que destacarlo. Esperemos que no hayan modificaciones de último momento que perturben la aprobación de esa Ley", sostuvo.
El legislador del MSM consideró que durante los tres o cuatro días en los que se debatirá ese documento artículo por artículo, paralelamente se debe instalar una mesa de concertación para trabajar, esencialmente, en tres temas pendientes: el pacto fiscal, la suspensión de autoridades y las competencias autonómicas.
Ese documento tiene 149 artículos, cuatro disposiciones complementarias, 18 transitorias y dos derogatorias, 10 abrogatorias y tres finales, que regularán el nuevo régimen de autonomías regionales que se implementa en Bolivia.
Respecto al pacto fiscal o redistribución de recursos, Jaksic coincidió que, por ahora, "no hay condiciones" para discutir ese tema, como sostiene el Movimiento Al socialismo (MAS), pero pidió que ese proyecto de Ley establezca "un mandato expreso" para que los Ministerios de Economía y de Autonomías y el nuevo Servicio Estatal de Autonomías trabajen en un nuevo régimen económico.
"Se debe trabajar en una propuesta técnica, que luego tiene que ser traducida en una Ley de pacto fiscal, donde se sienten las bases de un nuevo régimen económico financiero", argumentó, al señalar que ese estudio debe tomar en cuenta los resultados del censo de población y vivienda del 2011.
En el tema de la suspensión temporal de aquellas autoridades regionales acusadas formalmente en la justicia, Yaksic consideró que debe ser un juez y no un fiscal quien tenga la capacidad de suspender a un alcalde o Gobernador, para tener una certeza jurídica más efectiva.
Tanto la Ley Transitoria de Autonomías como la Ley de Municipalidades dictaminan que cualquier Gobernador, Alcalde o Concejal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese en su contra una acusación formal en materia penal.
Por último, el diputado del MSM agregó que todavía se debe precisar el tema competencial de las nuevas entidades territoriales autónomas para garantizar los servicios públicos que se prestan para cualquier habitante, del área urbana o rural.
"En ese contexto es necesario que no perturbemos la aprobación del conjunto de la Ley Marco de Autonomías y tanto la oposición, el MSM y el MAS nos daremos un tiempito más para poder concertar estos temas", remarcó.
Esa ley es la quinta norma estructural establecida en la nueva Constitución Política del Estado que debe ser promulgada obligatoriamente hasta el 22 de julio.
La otras son la Ley del Órgano Electoral, del Órgano Judicial, del Régimen Electora y del Tribunal Constitucional, que ya fueron sancionadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el Ejecutivo.
El debate del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debe perturbar el 90 por ciento de los consensos previamente alcanzados entre oficialistas y opositores, sino encontrar más acuerdos, pidió el martes el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic.
"El 90 por ciento del proyecto de ley ha sido consensuado y eso hay que destacarlo. Esperemos que no hayan modificaciones de último momento que perturben la aprobación de esa Ley", sostuvo.
El legislador del MSM consideró que durante los tres o cuatro días en los que se debatirá ese documento artículo por artículo, paralelamente se debe instalar una mesa de concertación para trabajar, esencialmente, en tres temas pendientes: el pacto fiscal, la suspensión de autoridades y las competencias autonómicas.
Ese documento tiene 149 artículos, cuatro disposiciones complementarias, 18 transitorias y dos derogatorias, 10 abrogatorias y tres finales, que regularán el nuevo régimen de autonomías regionales que se implementa en Bolivia.
Respecto al pacto fiscal o redistribución de recursos, Jaksic coincidió que, por ahora, "no hay condiciones" para discutir ese tema, como sostiene el Movimiento Al socialismo (MAS), pero pidió que ese proyecto de Ley establezca "un mandato expreso" para que los Ministerios de Economía y de Autonomías y el nuevo Servicio Estatal de Autonomías trabajen en un nuevo régimen económico.
"Se debe trabajar en una propuesta técnica, que luego tiene que ser traducida en una Ley de pacto fiscal, donde se sienten las bases de un nuevo régimen económico financiero", argumentó, al señalar que ese estudio debe tomar en cuenta los resultados del censo de población y vivienda del 2011.
En el tema de la suspensión temporal de aquellas autoridades regionales acusadas formalmente en la justicia, Yaksic consideró que debe ser un juez y no un fiscal quien tenga la capacidad de suspender a un alcalde o Gobernador, para tener una certeza jurídica más efectiva.
Tanto la Ley Transitoria de Autonomías como la Ley de Municipalidades dictaminan que cualquier Gobernador, Alcalde o Concejal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese en su contra una acusación formal en materia penal.
Por último, el diputado del MSM agregó que todavía se debe precisar el tema competencial de las nuevas entidades territoriales autónomas para garantizar los servicios públicos que se prestan para cualquier habitante, del área urbana o rural.
"En ese contexto es necesario que no perturbemos la aprobación del conjunto de la Ley Marco de Autonomías y tanto la oposición, el MSM y el MAS nos daremos un tiempito más para poder concertar estos temas", remarcó.
Esa ley es la quinta norma estructural establecida en la nueva Constitución Política del Estado que debe ser promulgada obligatoriamente hasta el 22 de julio.
La otras son la Ley del Órgano Electoral, del Órgano Judicial, del Régimen Electora y del Tribunal Constitucional, que ya fueron sancionadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el Ejecutivo.