Una ONG pide investigar a Maradona y Bilardo por llevar hinchas violentos
Buenos Aires, Agencias
También reclamó que se investigue a Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo, el mayor sindicato del país, entre otros presuntamente vinculados a las ''barras bravas'' (hinchas violentos) del fútbol argentino, informaron fuentes judiciales.
La asociación Familiares de Víctimas de la Violencia en el Fútbol Argentino hizo esas peticiones al ampliar su denuncia de finales de mayo contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, a raíz de la presunta presencia de ''barras bravas'' en el avión que llevó a la selección a Sudáfrica.
El abogado de esta ONG, Juan Manuel Lugones, presentó un escrito en el que ratifica la denuncia contra Grondona y además solicitó que se "profundice" la investigación para determinar si Maradona y Bilardo tienen vínculos con un grupo de vándalos del popular Boca Juniors autodenominado "Barra Oficial de la Selección".
Sostiene que se debe investigar al sindicalista Moyano y al empresario Rudy Ulloa Igor por su presunta relación con el grupo "Hinchadas Unidas Argentinas", cuya formación se atribuye al Gobierno de Cristina Fernández, que lo niega tajantemente.
Tanto Grondona como Maradona y Bilardo han rechazado de plano tener vínculos con grupos de aficionados violentos de los clubes de fútbol que ahora han sido vistos en la ciudad sudafricana de Pretoria, donde está concentrada la selección argentina.
Gracias a información de las fuerzas de seguridad argentinas, el Gobierno de Sudáfrica acaba de deportar a diez hinchas argentinos, entre ellos un convicto por homicidio que violó la libertad condicional de la que gozaba y por ello será detenido en cuanto regrese al país.
Las leyes argentinas castigan con penas de uno a seis años de prisión a quien "instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer delitos" en el marco de espectáculos deportivos.
La organización Maldita Violencia en el Fútbol presentó hoy un escrito ante la Comisión de Ética Pública del Parlamento para que "se investigue el comportamiento" de funcionarios del Gobierno en la presunta financiación del viaje a Sudáfrica de 235 ''barras bravas'' que forman parte de "Hinchadas Unidas Argentinas".
"El gasto total por los 235 barras ascendería" a 10,7 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), subraya el documento que la ONG difundió a la prensa. La prensa deportiva se pregunta cómo los ''barras bravas'' reunieron el dinero para pagar sus pasajes y su estadía.
"No estoy de acuerdo con que las hinchadas se junten, no quiero que estén cerca mío, no participé de ninguna conversación, no quiero ser amigo de ellos, y cuando encontremos algún gesto que ponga en riesgo la seguridad, hay que sacarlos de la cancha y no discutir más", aseguró hoy el jefe del gabinete argentino, Aníbal Fernández, al reiterar que el Gobierno "no financia" a ningún vándalo.
Uno de los deportados por las autoridades sudafricanas es Sergio Roldán, quien logró salir del país a pesar de que está bajo libertad condicional al cumplir dos tercios de una condena de ocho años de prisión por la muerte de un niño de 10 años en un enfrentamiento entre grupos de vándalos en la norteña provincia de Tucumán.
También reclamó que se investigue a Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo, el mayor sindicato del país, entre otros presuntamente vinculados a las ''barras bravas'' (hinchas violentos) del fútbol argentino, informaron fuentes judiciales.
La asociación Familiares de Víctimas de la Violencia en el Fútbol Argentino hizo esas peticiones al ampliar su denuncia de finales de mayo contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, a raíz de la presunta presencia de ''barras bravas'' en el avión que llevó a la selección a Sudáfrica.
El abogado de esta ONG, Juan Manuel Lugones, presentó un escrito en el que ratifica la denuncia contra Grondona y además solicitó que se "profundice" la investigación para determinar si Maradona y Bilardo tienen vínculos con un grupo de vándalos del popular Boca Juniors autodenominado "Barra Oficial de la Selección".
Sostiene que se debe investigar al sindicalista Moyano y al empresario Rudy Ulloa Igor por su presunta relación con el grupo "Hinchadas Unidas Argentinas", cuya formación se atribuye al Gobierno de Cristina Fernández, que lo niega tajantemente.
Tanto Grondona como Maradona y Bilardo han rechazado de plano tener vínculos con grupos de aficionados violentos de los clubes de fútbol que ahora han sido vistos en la ciudad sudafricana de Pretoria, donde está concentrada la selección argentina.
Gracias a información de las fuerzas de seguridad argentinas, el Gobierno de Sudáfrica acaba de deportar a diez hinchas argentinos, entre ellos un convicto por homicidio que violó la libertad condicional de la que gozaba y por ello será detenido en cuanto regrese al país.
Las leyes argentinas castigan con penas de uno a seis años de prisión a quien "instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer delitos" en el marco de espectáculos deportivos.
La organización Maldita Violencia en el Fútbol presentó hoy un escrito ante la Comisión de Ética Pública del Parlamento para que "se investigue el comportamiento" de funcionarios del Gobierno en la presunta financiación del viaje a Sudáfrica de 235 ''barras bravas'' que forman parte de "Hinchadas Unidas Argentinas".
"El gasto total por los 235 barras ascendería" a 10,7 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), subraya el documento que la ONG difundió a la prensa. La prensa deportiva se pregunta cómo los ''barras bravas'' reunieron el dinero para pagar sus pasajes y su estadía.
"No estoy de acuerdo con que las hinchadas se junten, no quiero que estén cerca mío, no participé de ninguna conversación, no quiero ser amigo de ellos, y cuando encontremos algún gesto que ponga en riesgo la seguridad, hay que sacarlos de la cancha y no discutir más", aseguró hoy el jefe del gabinete argentino, Aníbal Fernández, al reiterar que el Gobierno "no financia" a ningún vándalo.
Uno de los deportados por las autoridades sudafricanas es Sergio Roldán, quien logró salir del país a pesar de que está bajo libertad condicional al cumplir dos tercios de una condena de ocho años de prisión por la muerte de un niño de 10 años en un enfrentamiento entre grupos de vándalos en la norteña provincia de Tucumán.