La comisión israelí podrá investigar también la legalidad del bloqueo a Gaza
Enric González, Jerusalén
Ahora sólo falta la luz verde de Washington. Eso dice el Gobierno israelí, que ya ha decidido crear una comisión investigadora sobre el asalto a la flotilla de activistas que intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. La comisión también examinará, en principio, la legalidad del asalto en alta mar y la legalidad del propio bloqueo.
Benjamín Netanhayu considera, sin embargo, que no valdría la pena establecer una comisión si ésta no cuenta con el pleno respaldo y la participación de Estados Unidos. Y no habrá investigación sin el beneplácito de Barack Obama.
Netanyahu y el resto del grupo de los siete, que conforma el núcleo del Gobierno, están dispuestos a aceptar que un observador estadounidense y otro de una nacionalidad no determinada supervisen el trabajo de un grupo de juristas israelíes, y que se pueda someter a examen el conjunto de la política de bloqueo. Pero descartan de forma rotunda cualquier participación de la ONU, un organismo que el Gobierno israelí considera sesgado a favor del mundo árabe.
Desde el punto de vista de la política interna, a Netanyahu no le hace falta ninguna comisión. El lunes superó con comodidad una moción de censura presentada en el Parlamento por la jefa de la oposición, Tzipi Livni, y obtuvo del propio Parlamento un plazo de una semana para estudiar qué tipo de análisis debe hacerse sobre la violenta intervención militar sobre la flotilla, y muy en especial sobre la nave turca Mavi Mármara, en la que se registraron nueve activistas muertos y una veintena de heridos.
El ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, ya ha abierto por su cuenta una investigación interna con objetivos muy limitados. La misión de esa investigación, dirigida por el general en la reserva Giora Eiland, consiste tan sólo en comprobar si hubo fallos operativos en el asalto para evitar que se repitan en futuras operaciones similares. Se trata, por tanto, de mejorar los mecanismos de planificación y la eficacia de los comandos en los asaltos marítimos. Ni siquiera se interrogará a los militares que participaron en el asalto a la flotilla. Los resultados estarán listos a primeros de julio.
A falta de una decisión final sobre la comisión amparada por Washington, resultaría extraño, aunque nada es imposible, que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dieran por buena su propia actuación. El viceprimer ministro, Moshe Yaalon, ha admitido durante una reunión con dirigentes de su partido, el Likud, que la operación militar había sido un fracaso. "Alguien falló en la preparación", ha dicho, aunque ha asegurado que la decisión de interceptar la flotilla para evitar que llegara a Gaza y rompiera el bloqueo había sido "correcta".
Ahora sólo falta la luz verde de Washington. Eso dice el Gobierno israelí, que ya ha decidido crear una comisión investigadora sobre el asalto a la flotilla de activistas que intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. La comisión también examinará, en principio, la legalidad del asalto en alta mar y la legalidad del propio bloqueo.
Benjamín Netanhayu considera, sin embargo, que no valdría la pena establecer una comisión si ésta no cuenta con el pleno respaldo y la participación de Estados Unidos. Y no habrá investigación sin el beneplácito de Barack Obama.
Netanyahu y el resto del grupo de los siete, que conforma el núcleo del Gobierno, están dispuestos a aceptar que un observador estadounidense y otro de una nacionalidad no determinada supervisen el trabajo de un grupo de juristas israelíes, y que se pueda someter a examen el conjunto de la política de bloqueo. Pero descartan de forma rotunda cualquier participación de la ONU, un organismo que el Gobierno israelí considera sesgado a favor del mundo árabe.
Desde el punto de vista de la política interna, a Netanyahu no le hace falta ninguna comisión. El lunes superó con comodidad una moción de censura presentada en el Parlamento por la jefa de la oposición, Tzipi Livni, y obtuvo del propio Parlamento un plazo de una semana para estudiar qué tipo de análisis debe hacerse sobre la violenta intervención militar sobre la flotilla, y muy en especial sobre la nave turca Mavi Mármara, en la que se registraron nueve activistas muertos y una veintena de heridos.
El ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, ya ha abierto por su cuenta una investigación interna con objetivos muy limitados. La misión de esa investigación, dirigida por el general en la reserva Giora Eiland, consiste tan sólo en comprobar si hubo fallos operativos en el asalto para evitar que se repitan en futuras operaciones similares. Se trata, por tanto, de mejorar los mecanismos de planificación y la eficacia de los comandos en los asaltos marítimos. Ni siquiera se interrogará a los militares que participaron en el asalto a la flotilla. Los resultados estarán listos a primeros de julio.
A falta de una decisión final sobre la comisión amparada por Washington, resultaría extraño, aunque nada es imposible, que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dieran por buena su propia actuación. El viceprimer ministro, Moshe Yaalon, ha admitido durante una reunión con dirigentes de su partido, el Likud, que la operación militar había sido un fracaso. "Alguien falló en la preparación", ha dicho, aunque ha asegurado que la decisión de interceptar la flotilla para evitar que llegara a Gaza y rompiera el bloqueo había sido "correcta".
