La coca boliviana entra en la pugna electoral brasileña
Juan Arias, Río de Janeiro, El País
José Serra, el principal candidato opositor a suceder al carismático presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha levantado una polvareda diplomática al afirmar que casi la totalidad de la cocaína consumida en Brasil llega de Bolivia y acusar al presidente de aquel país, Evo Morales, de complicidad.
"¿Ustedes creen que Bolivia va a exportar el 90% de la cocaína consumida en Brasil sin que sea cómplice aquel Gobierno? Imposible", afirmó Serra el pasado jueves ante los periodistas. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ha repetido esta acusación varias veces durante el pasado fin de semana, creando malestar tanto en la diplomacia brasileña como en la boliviana.
Bolivia calificó las acusaciones de Serra de "desaprensivas" y las atribuyó a "intencionalidades político-electorales", según un comunicado del Ministerio de Exteriores. La candidata oficialista a la presidencia brasileña, Dilma Rousseff, ha aprovechado para afirmar que dichas acusaciones, sin pruebas, "son indignas de un estadista", y que no se puede culpar a un Gobierno por la droga que sale del país.
Por su parte, Lula, aprovechando la presencia de Evo Morales en Río de Janeiro el pasado viernes con motivo del Foro de la Alianza de Civilizaciones, se hizo fotografiar en actitud amigable con su homólogo boliviano, 24 horas después de las acusaciones de Serra.
En círculos diplomáticos brasileños se afirma que las acusaciones de Serra a un Gobierno cuyo presidente es un gran amigo de Lula forman parte de una ofensiva del líder opositor contra la política exterior del Ejecutivo brasileño, al considerar que su mandatario no levanta la voz contra Gobiernos que pisotean los derechos humanos y de los que se dice amigo, como Cuba, Venezuela o Irán.
Según la revista Veja, existen pruebas de que la producción de cocaína y de pasta de coca creció el 41% en Bolivia tras la elección de Evo Morales. De acuerdo con la revista, la cantidad de cocaína que ha entrado en Brasil a través de la frontera con Bolivia ha aumentado un 200%, mientras que el Gobierno boliviano quiere incrementar en 21.000 hectáreas la superficie dedicada al cultivo de coca.
El Gobierno de Lula insiste en que Bolivia y Brasil luchan de forma conjunta para combatir el tráfico de drogas. Serra, que fue ministro de Sanidad, ha vuelto a señalar la responsabilidad de Bolivia por la cocaína exportada a Brasil y que es la base para la producción de crack, una nueva plaga cuyo auge preocupa a las autoridades.
Según ha relatado a este diario un taxista que vive en una de las favelas más violentas de Río, allí se puede ver a niños de cinco años adictos al crack arrastrándose como sonámbulos por las callejas de la favela.
Uno de los puntos clave del programa de Serra es la creación de un ministerio dedicado exclusivamente al problema de la seguridad pública. Según el candidato, el corazón de la violencia en Brasil está en el tráfico de drogas, cuyo combate debe ser una tarea del Gobierno central. Dado que en Brasil no se produce la droga, la responsabilidad de evitar su entrada en el país recae sobre el Gobierno, afirma Serra.
José Serra, el principal candidato opositor a suceder al carismático presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha levantado una polvareda diplomática al afirmar que casi la totalidad de la cocaína consumida en Brasil llega de Bolivia y acusar al presidente de aquel país, Evo Morales, de complicidad.
"¿Ustedes creen que Bolivia va a exportar el 90% de la cocaína consumida en Brasil sin que sea cómplice aquel Gobierno? Imposible", afirmó Serra el pasado jueves ante los periodistas. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ha repetido esta acusación varias veces durante el pasado fin de semana, creando malestar tanto en la diplomacia brasileña como en la boliviana.
Bolivia calificó las acusaciones de Serra de "desaprensivas" y las atribuyó a "intencionalidades político-electorales", según un comunicado del Ministerio de Exteriores. La candidata oficialista a la presidencia brasileña, Dilma Rousseff, ha aprovechado para afirmar que dichas acusaciones, sin pruebas, "son indignas de un estadista", y que no se puede culpar a un Gobierno por la droga que sale del país.
Por su parte, Lula, aprovechando la presencia de Evo Morales en Río de Janeiro el pasado viernes con motivo del Foro de la Alianza de Civilizaciones, se hizo fotografiar en actitud amigable con su homólogo boliviano, 24 horas después de las acusaciones de Serra.
En círculos diplomáticos brasileños se afirma que las acusaciones de Serra a un Gobierno cuyo presidente es un gran amigo de Lula forman parte de una ofensiva del líder opositor contra la política exterior del Ejecutivo brasileño, al considerar que su mandatario no levanta la voz contra Gobiernos que pisotean los derechos humanos y de los que se dice amigo, como Cuba, Venezuela o Irán.
Según la revista Veja, existen pruebas de que la producción de cocaína y de pasta de coca creció el 41% en Bolivia tras la elección de Evo Morales. De acuerdo con la revista, la cantidad de cocaína que ha entrado en Brasil a través de la frontera con Bolivia ha aumentado un 200%, mientras que el Gobierno boliviano quiere incrementar en 21.000 hectáreas la superficie dedicada al cultivo de coca.
El Gobierno de Lula insiste en que Bolivia y Brasil luchan de forma conjunta para combatir el tráfico de drogas. Serra, que fue ministro de Sanidad, ha vuelto a señalar la responsabilidad de Bolivia por la cocaína exportada a Brasil y que es la base para la producción de crack, una nueva plaga cuyo auge preocupa a las autoridades.
Según ha relatado a este diario un taxista que vive en una de las favelas más violentas de Río, allí se puede ver a niños de cinco años adictos al crack arrastrándose como sonámbulos por las callejas de la favela.
Uno de los puntos clave del programa de Serra es la creación de un ministerio dedicado exclusivamente al problema de la seguridad pública. Según el candidato, el corazón de la violencia en Brasil está en el tráfico de drogas, cuyo combate debe ser una tarea del Gobierno central. Dado que en Brasil no se produce la droga, la responsabilidad de evitar su entrada en el país recae sobre el Gobierno, afirma Serra.