Israel forma una comisión para investigar el asalto a la flotilla

El Gobierno israelí presentó ayer la esperada comisión destinada a investigar el violento asalto a una flotilla civil y, más en general, las condiciones legales del bloqueo sobre Gaza. Entre los miembros de la comisión figuran dos observadores extranjeros, como exigía Estados Unidos, pero el anuncio no fue calurosamente acogido ni en el exterior ni en el interior. Turquía, nueve de cuyos ciudadanos murieron en el asalto, expresó su "total desconfianza". Y el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió que el principal objetivo consistía en atenuar la presión internacional.

La comisión quedó compuesta por el juez retirado Jacob Turkel, de 75 años (presidente); el profesor emérito de Derecho Shabtai Rosen, de 93 años; y el general retirado Amos Horev, de 86 años. El papel de observadores internacionales sin derecho a voto correspondió a David Trimble, ex primer ministro de Irlanda del Norte y premio Nobel de la Paz, y al ex jefe de la justicia militar canadiense Ken Watkin. No se fijó fecha para la primera reunión, y quedó definitivamente descartada la posibilidad de interrogar a los militares participantes en el asalto.

El jefe del Gobierno de Israel justificó con escaso entusiasmo la comisión que él mismo había creado: "Si no hubiéramos hecho nada, nuestros problemas habrían empeorado". Así ocurrió con la guerra de Gaza año y medio atrás. No se creó comisión alguna y el asunto quedó en manos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que emitió el informe Goldstone, devastador para Israel y su imagen. Luego, Netanyahu previno a los dirigentes de su partido, el Likud, sobre los "días difíciles" que se avecinaban, en los que había que esperar sorpresas "incluso de nuestros aliados", y pronunció una de esas frases que caracterizan el tono del debate político israelí: "Fuerzas oscuras de la Edad Media rugen contra nosotros".

La jornada era sombría. Un policía de fronteras (el cuerpo militar que patrulla los territorios ocupados) murió y dos sufrieron heridas graves en una emboscada cerca de Hebrón. Una o varias personas ametrallaron el vehículo en el que viajaban los policías. La Administración Civil (eufemismo que define a la autoridad militar israelí en Cisjordania) calificó la acción de "terrorismo" y acusó a la Autoridad Palestina de no hacer lo suficiente para impedir la violencia. Varios diputados de la derecha atribuyeron el ataque a la reducción de los controles de carretera impuestos sobre los palestinos.

La reducción del número de controles fue una de las condiciones de Washington para que se reanudara el catatónico proceso de paz. Varios enfrentamientos recientes entre colonos y palestinos ya habían fomentado protestas conservadoras y exigencias de más restricciones a los movimientos de los palestinos.

En este contexto, la comisión se convirtió en un elemento más de lo que en Israel se percibe como una campaña prácticamente mundial contra la seguridad del país. Ante el anuncio del envío de dos naves iraníes con material humanitario para Gaza, con el objetivo de intentar de nuevo romper el bloqueo, y la probabilidad de que las flotillas se sucedieran una tras otra durante el verano, el nombramiento de los investigadores pareció transformarse en un episodio menor.

Turquía, que fue uno de los aliados más fieles de Israel y que últimamente, en especial desde el asalto a la nave Mavi Mármara y la muerte de los nueve activistas turcos, se ha convertido en uno de sus críticos más feroces, no otorgó ningún valor a la comisión y siguió exigiendo que fuera la ONU (con participación directa de un delegado de Ankara) quien evaluara la actuación de los militares israelíes.

La Autoridad Palestina tampoco concedió el beneficio de la duda a la comisión de Netanyahu. La Unión Europea, de forma enigmática, exigió una "participación internacional creíble" horas después de que se conociera la composición de la comisión. De entre los actores relevantes en la política de Oriente Próximo, solo Estados Unidos se mostró conforme.