Todas las baterías contra la corrupción en Bolivia
La Paz, ABIEl presidente Evo Morales terminó de inmunizar las arcas bolivianas contra la corrupción de funcionarios públicos al promulgar el lunes la ley de autonomías que al margen de sentar este nuevo régimen administrativo y político coloca sanciones inéditas a gobernadores y alcaldes.
"Que teman los corruptos", dijo el gobernante al expedir la ley transitoria a las autonomías.
Morales, que en abril pasado promulgó la primera ley anticorrupción, con efecto retroactivo para recaer el peso de la ley en quienes, desde la función pública, sangraron el erario público, y que también puso en vigor una ley de juicio de responsabilidades para sancionar específicamente al Presidente y Vicepresidente de Bolivia, en casos de corrupción, hasta ahora nunca investigada y menos probada en ese estrato, le puso el cascabel al gato para evitar que las autonomías departamentales erijan poderes fundados, al margen de la ley, en recursos comunes.
El mandatario, que ha fundido en la cárcel a uno de los hombres de su entorno, Santos Ramírez, autor de una corruptela superlativa en la empresa nacional de petróleos, acaba de despedir a la ministra de Salud, Sonia Polo, por un arreglo, supuestamente bajo mesa, trabado con una empresa de juegos de azar.
Sutil, el Presidente, ha dicho que ahora Polo debe defenderse en la justicia desde el llano. Por lo pronto, la implacable ministra de Transparencia Pública, Nardi Suxo, ya le ha puesto una denuncia en los estrados judiciales.
En una corta alocución, Morales pidió a sus opositores envainar sus prejuicios y susceptibilidades.
"El que no ha robado ni tiene intención de robar, debería estar alegre" con la ley, repuso después que los prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez y de Tarija, Mario Cossio, los tres en la mira, desde 2008, de los organismos estatales detectores de corrupción, le denunciaron por intentar tumbarles de los cargos que ganaron en las urnas el 4 de abril último.
Si se trata de corrupción, Morales parece dispuesto a no dejar mono con cabeza, pues en el amanecer de su segundo mandato pidió a los legisladores de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), liquidar uno de los más sólidos dogmas de la tradición congresal de Bolivia, la inmunidad parlamentaria. Y obraron en consecuencia.
El MAS controla dos tercios de la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional, sucesora del Congreso.
Con la ley anticorrupción en vigor, el mandatario indígena que de entrada, en los tramos iniciales de su primera administración (2006-200), tajó a extremos los salarios de él mismo y de su vicepresidente Alvaro García Linera, en lo que proclamó como muestra inequívoca de sus convicciones de austeridad y transparenciencia, busca recuperar alrededor de 10.000 millones de dólares sonsacados de las arcas públicas en las últimas cuatro décadas.
El complejo tejido de leyes contra la corrupción, "es la única forma de recuperar los bienes estatales", dijo en marzo pasado.
Merced a su fuerza parlamentaria, dos meses de asumir su segundo mandato, puso en vigor la norma que, proyectada en 1997 y remozada una década más tarde, fue congelada por la oposición senatorial entre 2007 y 2009.
La ley anticorrupción, buque insignia de su gobierno contra el maltrato y trato discrecional de las arcas públicas, lleva el nombre de un insigne defensor social y los derechos públicos, Marcelo Quiroga Santa Cruz (1932-1982), asesinado por una dictadura militar después de denunciar, en 1980, que el Estado boliviano destinaba más dinero a la manutención de los caballos de Ejército que a los pobres de este país, que en algunos de los casos sobreviven con menos de un dólar al día.
La promulgación de este complejo de leyes, la primera de su género en la economía jurídica y legislativa de Bolivia, que en 1999 se inscribió como el segundo país en el planeta con mayores índices de corrupción pública, desató una seguidilla de escapadas de ex funcionarios, incluso antes de cualquier intimación judicial.
