Recurso de Reconsideración frena promulgación de Ley Transitoria de Autonomías
La Paz, ABIUn Recurso de Reconsideración presentado por los diputados de la oposición frenó el lunes la promulgación de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas, informaron fuentes legislativas.
"Algunos diputados de la oposición han hecho uso de un recurso de reconsideración para poder revisar y reconsiderar la Ley Transitoria de Autonomías y lo que corresponde es que se vuelva a convocar a una sesión de la Cámara de Diputados, exclusivamente, para el tratamiento de esa ley y, en tanto no ocurra eso no se la puede promulgar", explicó el vicepresidente de esa instancia legislativa, Víctor Hugo Zamora.
Zamora, diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN), explicó que el debate de esa ley, aprobada el domingo por la Asamblea Legislativa Plurinacional tras una sesión que se prolongó por más de 18 horas consecutivas, debe "cerrarse" aprobando o rechazando ese recurso de reconsideración.
"Una vez que se plantea la reconsideración y no existe la aceptación por parte de los dos tercios de los asambleístas de la Cámara de Diputados ya tiene un candado para posibilitar una nueva reconsideración y dejar cerrado el debate", argumentó Zamora.
A su juicio, los dos tercios con los que cuenta el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Baja rechazará "lo antes posible" ese recurso de reconsideración y la derivará al Ejecutivo para su promulgación.
Esa ley de 20 artículos está orientada a permitir una transición ordenada de las antiguas prefecturas a los nuevos gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígenas.
No obstante, la oposición considera que esa norma es inconstitucional, porque, supuestamente, posibilita un complot en contra de los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez; y Tarija, Mario Cossío; salpicados con denuncias de corrupción cuando ejercían el cargo de prefectos de esas regiones, entre 2006 y 2009.
Esa ley establece la suspensión de las autoridades que sean acusadas formalmente por la justicia, en materia penal.
